El Gobierno se niega a entregar al Tribunal Supremo el expediente de anchuras y alega que es secreto

El Gobierno se ha negado a entregar al Tribunal Supremo el expediente completo a partir del cual adopt¨® la decisi¨®n de instalar un pol¨ªgono de tiro para el Ej¨¦rcito del Aire en el municipio de Anchuras (Ciudad Real), con el argumento de que ha sido clasificado como secreto, seg¨²n ha podido saber EL PA?S de fuentes oficiales. En una providencia dictada el pasado d¨ªa 10, la Secci¨®n Segunda de la Sala Tercera del Supremo emplaz¨® al Gobierno a que le remitiera el citado expediente en un plazo de 20 d¨ªas y le advert¨ªa de la responsabilidad en que podr¨ªa incurrir si se negaba a hacerlo.

El Ministerio para las Relaciones con las Cortes, en funciones de Secretar¨ªa del Gobierno, remiti¨® el pasado s¨¢bado a la Secci¨®n Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo un escrito en el que manifiesta que no puede atender su petici¨®n de entregarle el expediente sobre declaraci¨®n de parte del municipio de Anchuras como zona de inter¨¦s para la Defensa Nacional, con objeto de instalar un pol¨ªgono de tiro para el Ej¨¦rcito del Aire, por haber sido clasificado secreto.El Gobierno recuerda en el mismo escrito que la propia Sala Tercera acept¨® anteriormente este criterio y le vuelve a remitir una fotocopia del real decreto de julio de 1986 sobre Anchuras, y otra de la resoluci¨®n del Ejecutivo por la que se rechaz¨® el recurso de reposici¨®n planteado por el Ayuntamiento de esta localidad, documentos ambos que fueron considerados insuficientes por el Supremo.

El escrito del Gobierno es respuesta a una providencia dictada por la citada Sala del Supremo con fecha 10 de noviembre en la que se reclamaba "la remisi¨®n del expediente completo [sobre Anchuras] en el plazo de 20 d¨ªas", por cuanto la documentaci¨®n entregada hasta ahora "constituye s¨®lo una parte de aqu¨¦l, el cual se necesita en su integridad para poder resolver el recurso interpuesto" por el Ayuntamiento manchego contra el real decreto de julio de 1986.

Multa o desacato

La providencia rogaba al Ministerio de Relaciones con las Cortes; que, "si en aquel departamento no obrase el repetido expediente, se exprese el ¨®rgano donde obra, para poder reclam¨¢rsele" y se advert¨ªa "de la directa y personal responsabilidad del jefe de la dependencia en que obre" si no atendiera la petici¨®n. El art¨ªculo 61 de la ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n Contencioso-administrativa, invocado por el Supremo, castiga con multa de 500 a 5.000 pesetas al responsable de no remitir a los jueces la documentaci¨®n solicitada.Aunque esta pena es irrisoria, el mismo art¨ªculo faculta al tribunal a acordar "lo dem¨¢s que proceda para exigir a quien corresponda la responsabilidad a que diere lugar la desobediencia". Dicho p¨¢rrafo, seg¨²n medios jur¨ªdicos consultados, abre la puerta a un proceso por falta de cooperaci¨®n con la justicia.

El Gobierno se ha escudado hasta ahora en el car¨¢cter secreto del expediente de Anchuras para negar informaci¨®n sobre este tema tanto a los tribunales como al Parlamento. La Sala Tercera del Supremo acept¨® este argumento cuando se le neg¨® repetidamente el informe, durante la tramitaci¨®n de los recursos interpuestos por particulares afectados por el pol¨ªgono de tiro.

Sin embargo, lo ha vuelto a reclamar, ante la petici¨®n del abogado defensor de los intereses del ayuntamiento, Benito Hondarza, quien pidi¨® al tribunal el pasado 3 de octubre "la aplicaci¨®n inmediata de las medidas coercitivas que la ley pone en sus manos", para obtener el expediente. La raz¨®n de este cambio de actitud, en opini¨®n de fuentes pr¨®ximas a la causa, podr¨ªa estar en la sustituci¨®n de los magistrados encargados del caso.

El real decreto objeto del recurso establece una serie de limitaciones sobre el uso de la zona declarada de inter¨¦s para la Defensa nacional y faculta al Gobierno a expropiar a los propietarios de las fincas donde va a instalarse el pol¨ªgono de tiro.