Los investigadores espa?oles de la matanza de los jesuitas a¨²n no est¨¢n en El Salvador

La declaraci¨®n del coronel Ponce, el m¨¢ximo jefe militar, ha sido solicitada por el fiscal del caso, Mauricio Colorado, con objeto de determinar qu¨¦ unidades, y bajo qu¨¦ mandos, se encontraban en los alrededores de la UCA en el momento en que los asesinos perpetraron el crimen. El juez a cargo del sumario, Ricardo Zamora, ha llamado tambi¨¦n a declarar al obispo Gregorio Rosa Ch¨¢vez, quien en d¨ªas pasados dijo conocer algunos de los hombres de los militares que dirigieron la operaci¨®n.Estas iniciativas se producen unos d¨ªas despu¨¦s de que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado elaborase un completo informe sobre la matanza en el que se conclu¨ªa que "los responsables del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de las dos empleadas de servicio fueron elementos militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas".

Acusaci¨®n concreta

Un documento anterior firmado clandestinamente por un llamado "comando de oficiales j¨®venes" precisaba que "el responsable de hacer ejecutar el crimen fue el coronel Heriberto Hern¨¢ndez, director de la Polic¨ªa de Hacienda y los ejecutantes fueron efectivos de ese cuerpo de seguridad al mando del capit¨¢n Alfonso Ch¨¢vez Garc¨ªa". La Polic¨ªa de Hacienda controla el edificio Torre de la Democracia, situado a unos pocos metros de la entrada principal de la UCA.

Portavoces oficiales de las Fuerzas Armadas descalificaron posteriormente a los firmantes de ese manifiesto, mientras que el coronel Hern¨¢ndez atribuy¨® el m¨²ltiple asesinato a un comando del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN) que habr¨ªa penetrado en la UCA antes de la entrada en vigor del toque de queda.

Observadores y fuentes pr¨®ximas a las v¨ªctimas relacionan el avance de la investigaci¨®n con el inter¨¦s mostrado por Estados Unidos para que la matanza no quede completamente impune. Dos oficiales del FBI participaron y supervisaron la autopsia de los cad¨¢veres de los seis jesuitas. Aunque oficialmente la Embajada norteamericana en San Salvador no quiere facilitar datos al respecto, ha trascendido que al menos un polic¨ªa norteamericano, un natural salvatore?o nacionalizado en Estados Unidos y de apellido latino, se encuentra actualmente en El Salvador como asesor de la Comisi¨®n Investigadora del Delito.

Seg¨²n fuentes que siguen de cerca la investigaci¨®n, este funcionario de Estados Unidos ha interrogado ya a algunos de los oficiales que rodeaban la UCA en el momento del asesinato y ha obtenido testimonios contradictorios que dejan dudas sobre su responsabilidad. Uno de los oficiales, por ejemplo, mencion¨® su presencia, durante las horas del crimen, en un combate que, seg¨²n se comprob¨® posteriormente, no hab¨ªa existido.

Son, al parecer, las averiguaciones hechas por los norteamericanos las que llevan a orientar la investigaci¨®n por el lado de las unidades que se encontraban pr¨®ximas a la UCA, lo que podr¨ªa afectar finalmente a la Polic¨ªa de Hacienda.

Mientras esto se desarrolla, el Gobierno espa?ol no ha enviado todav¨ªa a El Salvador los asesores que le pidi¨® el Gobierno de Alfredo Cristiani. Seg¨²n la informaci¨®n de fuentes diplom¨¢ticas, tras la solicitud hecha personalmente por Cristiani a Inocencio Arias inmediatamente despu¨¦s del crimen, el Gobierno espa?ol demand¨® una petici¨®n por escrito y m¨¢s espec¨ªfica.

La respuesta salvadore?a fue un informe en el que, seg¨²n las mismas fuentes, se hac¨ªan peticiones "desorbitadas en n¨²mero y medios" a las que Espa?a no pod¨ªa dar satisfacci¨®n. Ante esa situaci¨®n, el Gobierno espa?ol est¨¢ pensando qu¨¦ tipo de asesoramiento ofrecer: una o varias personas, investigadores o t¨¦cnicos, polic¨ªas o militares. Los jesuitas en El Salvador han pedido que, al menos uno de los asesores enviados por Espa?a, sea un militar o un experto en asuntos militares, capaz de determinar con precisi¨®n el tipo de armas utilizadas en la matanza, lo que acotar¨ªa mucho las responsabilidades y, sobre todo, servir¨ªa para contrarestar la influencia de los investigadores norteamericanos, que tratan, seg¨²n observadores, de dar un cierto manejo pol¨ªtico al caso.

De acuerdo al informe de Tutela Legal del Arzobispado, todos los casquillos encontrados en la UCA corresponden a proyectiles fabricados en Lacter City, en la f¨¢brica Lake, propiedad del Gobierno de EE UU.

La testigo, interrogada

Los funcionarios norteamericanos, muy preocupados por el problema de imagen en su pa¨ªs y por la manera en que este caso puede afectar a las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Cristiani, est¨¢n impulsando una r¨¢pida investigaci¨®n, pero, al mismo tiempo, desean que ¨¦sta se centre todo lo posible en un grupo de oficiales a los que se pueda culpar de los asesinatos, sin buscar otras responsabilidades superiores.

El padre provincial de los jesuitas en Centroam¨¦rica, Jos¨¦ Mar¨ªa Tojeira, ha expresado su "malestar" por la forma en que Estados Unidos trat¨® a la testigo que fue enviada a Miami. Luc¨ªa Barrera, quien confes¨® en su declaraci¨®n que vio c¨®mo hombres con uniformes del Ej¨¦rcito comet¨ªan los cr¨ªmenes, fue aislada en. un hotel de lujo durante una semana y sometida a varios interrogatorios diarios y, dos veces, a un detector de mentiras.

La testigo, una mujer humilde y analfabeta, se contradijo varias veces en esas declaraciones y, como consecuencia, los investigadores norteamericanos han advertido que su testimonio no tiene una gran validez. Los jesuitas temen que Estados Unidos maneje de la misma forma otras circunstancias de la investigaci¨®n en funci¨®n de intereses pol¨ªticos.