?Silencio!, es la huelga

Ahora empiezan a sentirse los efectos. Despu¨¦s de un a?o, el Consejo de Ministros proceder¨¢ a aprobar el anteproyecto de pensiones asistenciales. La patronal acepta hablar de la plataforma unitaria que desarrolla el manifiesto de la huelga general de 1988. Un a?o despu¨¦s se promete equiparar las pensiones m¨ªnimas al salario base y los jubilados miran con v¨¦rtigo la ley de presupuestos. Fue como un domingo sin churros y sin peri¨®dicos. Una movilizaci¨®n en apoyo de colectivos a los que nunca se hab¨ªa defendido: los jubilados, los desempleados y los j¨®venes. Pararon hasta los asilos.

Aquella respuesta popular es irrepetible aunque falta mucho por conseguir. Hoy los jubilados preparan nuevas protestas para acelerar esos proyectos gubernamentales. Los problemas de los j¨®venes se siguen discutiendo en los despachos. La falta de di¨¢logo y los desencuentros permanecen. Las relaciones personales est¨¢n m¨¢s deterioradas y el Gobierno y los sindicatos contin¨²an cruz¨¢ndose cartas protocolarias.El 14-D fue una huelga con muchos adjetivos calificativos pero sin un apellido id¨®neo. No fue revolucionaria, no fue pol¨ªtica ni un paro convencional de trabajadores ni tiene parang¨®n con ning¨²n otro anterior. En la memoria de gerentes y directivos quedan hoteles de lujo sin servicio, los ancianos han perdido el miedo a salir a la calle y protestar. Hoy los j¨®venes est¨¢n con resaca y desmovilizados.

La primera gran rebeli¨®n desde el establecimiento de la democracia cont¨® con el apoyo del conjunto del movimiento sindical. Sirvi¨® para revitalizar los conceptos de solidaridad y justicia social, para poner en cuesti¨®n una pol¨ªtica social y econ¨®mica, aplaudida desde los sectores financieros.

Los detonantes fueron cinco mesas de negociaci¨®n cerradas sin acuerdo y dos pactos que se firmaron al margen de los dos sindicatos legalmente m¨¢s representativos. Despu¨¦s de la huelga se abri¨® otra negociaci¨®n igualmente fallida y el 14 de febrero, en el pacto de San Valent¨ªn, el PSOE pactaba con la derecha el decreto de medidas sociales. Aquel peque?o giro recog¨ªa algunas demandas sindicales, compensaba parte del poder de compra perdido por jubilados, para dos subsidiados y empleados p¨²blicos. Tambi¨¦n habilitaba recursos para incrementar la cobertura a los desempleados, aunque no los suficientes para alcanzar el 48% firmado por Felipe Gonz¨¢lez y Nicol¨¢s Redondo en el Acuerdo Econ¨®mico y Social.

En ese mes de febrero, Felipe Gonz¨¢lez meti¨® "en un caj¨®n" el controvertido contrato de inserci¨®n para j¨®venes, la gota que rebos¨¦ el vaso de la paciencia y empuj¨® a los l¨ªderes sindicales a organizar un eufem¨ªstico "paro generalizado". Ahora hasta los l¨ªderes de la derecha y algunos dirigentes empresariales reconocen que la precariedad en el empleo empieza a ser preocupante.

El PSOE tambi¨¦n lo reconoce en su programa electoral y uno de sus cap¨ªtulos se titula c¨®mo crear m¨¢s y mejor empleo. Es una peque?a derrota dial¨¦ctica que el partido socialista ha compensado con creces con una nueva victoria en las urnas el pasado 29 de octubre. En el debate de investidura Felipe Gonz¨¢lez ha dicho que su tercer triunfo electoral ha sido tan importante como la huelga del 14D.

Fallida mesa negociadora

Apenas iniciada aquella ma?ana de diciembre, la Moncloa desisti¨® de poner en duda el n¨²mero de huelguistas. La guerra de cifras vino despu¨¦s, en la peculiar y fallida mesa de negociaci¨®n. Las demandas sindicales m¨¢s urgentes costaban 344.000 millones de pesetas y las centrales cre¨ªan que no era un problema de recursos. Se pod¨ªan financiar con los 352.000 millones que Hacienda recaud¨® por encima de sus previsiones en los cuatro primeros meses de 1989.Hoy la deuda social pendiente se ha incrementado y los colectivos cuyas rentas se fijan en los Presupuestos Generales han vuelto a perder poder de compra por una inflaci¨®n superior a las previsiones del Gobierno. El debate se abrir¨¢ en las pr¨®ximas se manas en varios frentes.

Los empresarios se quedaron un tanto al margen. Pensaban que aquella guerra no iba con ellos y firmaron sus convenios con una conflictividad limitada a algunos centros p¨²blicos, cuyos gerentes quisieron echar un pulso a los sindicatos. No obstante, en la huelga general tambi¨¦n hab¨ªa demandas de los trabajadores como la creaci¨®n de m¨¢s y mejor empleo, la democracia industrial, medidas de reparto del trabajo, o incrementos reales de los salarios. Con el paro, se da adem¨¢s un paso cualitativo y se asumen demandas tradicionalmente no planteadas por las centrales como fiscalidad, vivienda social, medio ambiente y calidad de vida.

Su desarrollo est¨¢ en la Propuesta sindical prioritaria, que actualmente se debate en algunas comunidades aut¨®nomas y en la mesa que el pr¨®ximo lunes inauguran la patronal y los sindicatos. Uno de los puntos objeto del di¨¢logo con los empresarios es la autorregulaci¨®n de los conflictos. Con ello se trata de evitar la ley de huelga, uno de los castigos temidos por los sindicatos a ra¨ªz del 14-D junto a la retirada de subvenciones y la desestabilizaci¨®n de la UGT.

Los intentos de crear un sindicato-bis no cuajaron y los problemas han contagiado al partido socialista. Ricardo Garc¨ªa Damborenea y Juan Francisco Mart¨ªn Seco, que no obedecieron la consigna de su direcci¨®n de cerrar filas, han constitu¨ªdo la corriente de opini¨®n Democracia Socialista y corren el riesgo de ser expulsados del PSOE.

La central ugetista ha pagado un alto precio. Quedaron descabezadas federaciones como la qu¨ªmica o la de trabajadores de la tierra, cuyos dirigentes se negaron a organizar la huelga. Hoy algunos de los expulsados ocupan c¨®modos despachos. Francisco Casta?ares es director general del Medio Ambiente en la Junta de Extremadura y Pepa Pardo encabeza la lista de diputados del PSOE por Murcia, pendiente de recurso.