Las tres asociaciones judiciales reprochan al Gobierno que su imprevisi¨®n colapse la justicia

Las tres asociaciones judiciales coinciden en criticar al Gobierno por los riesgos de que a partir del 28 de diciembre se colapse la justicia por la imprevisi¨®n de la llamada reforma M¨²gica en la creaci¨®n de juzgados de lo penal. La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, coincide con la progresista Jueces para la Democracia en la denuncia, con distintos matices, de "responsabilidades pol¨ªticas", mientras la moderada Francisco de Vitoria califica la reforma de "precipitada y defectuosa", pero pide que los jueces colaboren con lo que llama "un reto ineludible".

La posici¨®n de las tres asociaciones se centra en la puesta en marcha de los 220 juzgados de lo penal, que se encargar¨¢n de juzgar el 80% de los casos penales, prevista para el 27 de diciembre. Igualmente aluden a la conversi¨®n de los actuales juzgados de distrito en juzgados de primera instancia e instrucci¨®n o en juzgados de paz. Tales reformas significan para la APM, que "la justicia penal en Espa?a, en cuesti¨®n de 48 horas, experimentar¨¢ uno de los mayores cambios desde 1870".La ubicaci¨®n de los juzgados de lo penal en las capitales de provincia "implica alejar la justicia de los ciudadanos", se?ala la APM, que expone un cat¨¢logo de dificultades: "penosos desplazamientos para inculpados, v¨ªctimas, testigos -incluidos miembros de las fuerzas de seguridad-, peritos y abogados, lo que implicar¨¢ un encarecimiento de los gastos y el peligro de suspensi¨®n de vistas por incomparecencias". Para la APM, "tales peligros no desaparecer¨¢n" con la f¨®rmula de que los jueces se trasladen a las poblaciones de la provincia para celebrar vistas.

La APM reprocha a la clase pol¨ªtica su indiferencia sobre los problemas de la justicia, puesta de manifiesto en el reciente debate parlamentario de investidura, y hace un llamamiento "a quienes desde el Gobierno o fuera de ¨¦l detentan", dice, "responsabilidades pol¨ªticas, para que tomen conciencia de que con el actual modelo de organizaci¨®n judicial, la consecuci¨®n del Estado de derecho deseada por la Constituci¨®n no pasar¨¢ de ser un buen deseo".

Jueces para la Democracia arranca de las cr¨ªticas realizadas a las leyes que ahora se ponen en marcha sobre las competencias desmesuradas de ¨®rganos unipersonales que se alejan del ciudadano, pero reconoce el esfuerzo realizado en la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos e incremento del n¨²mero de jueces y funcionarios Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, portavoz de la asociaci¨®n judicial progresista, destac¨® que en el momento de aplicar la reforma "se hace patente de forma aparatosa la ineficacia y la pobreza de la gesti¨®n burocr¨¢tica y el agarrotamiento de los servicios centrales a los que se les escapa de las manos en gran medida la puesta a punto de las reformas proyectadas".

Jueces para la Democracia atribuye estas deficiencias "a falta de previsi¨®n, pero tambi¨¦n", a?ade, "a una raz¨®n pol¨ªtica de fondo: el af¨¢n de mantener en una sola mano la administraci¨®n de una infraestructura que sin duda habr¨ªa sido gestionable m¨¢s eficaz y racionalmente desde los correspondientes ¨¢mbitos auton¨®micos".

La asociaci¨®n judicial Francisco de Vitoria estima falta de "previsi¨®n y reposado estudio" una reforma ya anunciada des de hace tiempo, pero considera que su puesta en vigor a finales de diciembre significa "un reto ineludible". En consecuencia, estima "necesario que los jueces y los ¨®rganos de gobierno del poder judicial hagamos un alarde", dice, "de nuestra capacidad de imaginaci¨®n y esfuerzo para conseguir que tal reforma legislativa, que sin duda es precipitada, defectuosa, criticable en muchos aspectos, pero tambi¨¦n necesaria e impuesta por el avance social, responda en su aplicaci¨®n a las exigencias constitucionales" de la justicia.

Vicente Ortega Llorca, portavoz del colectivo moderado, apuesta por que las nuevas reformas se realicen con "medios humanos y materiales" suficientes y pide a los jueces y magistrados que las aborden con dignidad y "tratando de que se resienta lo menos posible el ritmo normal de trabajo".

El plazo se cumplir¨¢

La denominada reforma M¨²gica tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 1988, que en defensa de la imparcialidad judicial declar¨® que el juez que instruye una causa penal no puede juzgarla. La aplicaci¨®n de esta doctrina signific¨® una transformaci¨®n en el sistemajudicial vigente y la soluci¨®n que se adopt¨® fue la ley org¨¢nica de 28 de diciembre de 1988, que cre¨® los juzgados de lo penal, encargados s¨®lo de juzgar delitos con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel. La puesta en marcha de los 220 juzgados de lo penal, inicialmente prevista para septiembre, se ha retrasado al 27 de diciembre pr¨®ximo, fecha de dificil cumplimiento, seg¨²n las asociaciones judiciales y el propio Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia insiste en que se cumplir¨¢ la fecha legal prevista.Ante las cr¨ªticas judiciales, EL PA?S recab¨® ayer informaci¨®n del departamento afectado y el director general de Servicios, Ram¨®n Jim¨¦nez de Mu?ana, asegur¨® que "no va a haber problemas para la entrada en funcionamiento el 28 de diciembre, incluso en Barcelona y Sevilla, donde se han superado las dificultades existentes".. El alto funcionario de Justicia admiti¨® que algunos jueces sufrir¨¢n "incomodidades o problemas de acomodo, como en cualquier casa donde se hacen obras".

Trabajo pendiente

Junto a la desconfianza en que se cumpla el plazo previsto, fundamentalmente por falta de locales, las asociaciones judiciales muestran su alarma ante las competencias que asumir¨¢n los juzgados de lo penal, ¨®rganos unipersonales que asumir¨¢n funciones que antes ten¨ªan atribuidos tribunales colegiados. Recuerdan que, como consecuencia de la sentencia del alto tribunal, muchos asuntos quedaron paralizados, para no incurrir en que el juez que hab¨ªa instruido una causa tambi¨¦n la juzgara.Las asociaciones judiciales se?alan tambi¨¦n que el Constitucional ya ven¨ªa anunciando desde hace a?os su pronunciamiento, para acoplar la justicia espa?ola a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos.