Crisis de la Administraci¨®n electoral

El Gobierno es, sin duda, responsable del absurdo fracaso del 29-O. Pero tambi¨¦n las fuerzas pol¨ªticas que aprobaron una legislaci¨®n electoral (Partido Popular, PSOE, PNV y CiU, entre otros) incapaz de resistir el peso de una cierta tensi¨®n pol¨ªtica. Todos contribuyen a mantener una Administraci¨®n que funciona de manera verdaderamente independiente, pero cuya organizaci¨®n est¨¢ bajo m¨ªnimos.Las elecciones legislativas fueron convocadas el 2 de septiembre, por medio de un decreto firmado por el Rey el d¨ªa anterior. En ese momento s¨®lo exist¨ªa la Junta Electoral Central. En las cuatro semanas siguientes fue necesario seleccionar a los miembros de las juntas provincial y de zona y a las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales, por un procedimiento de sorteo que garantiza imparcialidad y honestidad, pero no eficiencia. Todos estos organismos tienen una caracter¨ªstica com¨²n: ni uno solo de sus miembros se dedica ¨ªntegra y exclusivamente al proceso electoral.

La ¨²nica estructura permanente es la Junta Electoral Central, que carece de todo soporte propio y est¨¢ al que le faciliten las Cortes o el Gobierno, seg¨²n los casos. En ese contexto, la Junta Electoral Central no es precisamente un organismo preparado para tareas preventivas y de vigilancia activa. Su actual presidente, Francisco Tuero, dej¨® perfectamente claro cu¨¢l era su enfoque, cuando declar¨®, en v¨ªsperas de la campa?a: "La Junta Electoral Central no debe actuar de oficio. La vigilancia sobre irregularidades o desigualdades deben ejercerla los partidos".

Sin embargo, la ley atribuye a esta junta una importancia capital. Por ejemplo: la Oficina del Censo Electoral, que est¨¢ constituida en un organismo del Gobierno (el Instituto Nacional de Estad¨ªstica) ejerce sus competencias "bajo la direcci¨®n y la supervisi¨®n de la Junta Electoral Central", seg¨²n la ley vigente.

Y el censo tambi¨¦n ha fallado esta vez. Una parte del esc¨¢ndalo tiene cierta excusa: se refiere a la ausencia de los datos referidos al documento nacional de identidad en las listas, que no figuraban porque a¨²n no ha finalizado el plazo legal concedido para ello. Pero lo que no tiene excusa es la existencia de listas diversas de un mismo censo, ni la inclusi¨®n en las mismas de personas que no tienen a¨²n derecho a voto por no haber cumplido los 18 a?os.

El censo, tal¨®n de Aquiles

La pr¨¢ctica ha consolidado una Junta Electoral que reina, pero apenas gobierna. Todo se lo guisa y se lo come el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), que, a juzgar por los resultados obtenidos elecci¨®n tras elecci¨®n, no logra cocinar una comida sana y al gusto de todos.

Un buen censo depende de una relaci¨®n correcta y eficiente entre los 8.000 ayuntamientos espa?oles y el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. Los municipios son los encargados de realizar el padr¨®n cada cinco a?os y de tramitar altas y bajas posteriores, todo lo cual sirve para construir la base de datos censales.

Pues bien: a ra¨ªz de la ¨²ltima renovaci¨®n del padr¨®n municipal de habitantes, el entonces responsable del INE, Javier Ruiz Castillo, asegur¨® que los ayuntamientos hab¨ªan incumplido todos los plazos previstos: a 30 de junio de 1986, fecha tope para que los municipios remitieran la informaci¨®n del padr¨®n recogido en la primavera anterior, el INE no hab¨ªa recibido "ni un solo dato". Tan desoladora situaci¨®n se sum¨® a otra: los expertos del INE hab¨ªan calculado un 15% de cambios respecto al censo anterior, y en realidad hubo que modificar el 60%.

El toro pill¨® al INE y en las elecciones europeas, auton¨®micas y municipales de 1987 hubo una enorme cantidad de inscripciones duplicadas y de exclusiones del censo. Desde entonces se han eliminado m¨¢s de 250.000 inscripciones duplicadas, y el INE tiene ahora otro responsable, Jos¨¦ Quevedo. Pero en la reciente campa?a a las legislativas be produjo otro lamentable error: la ausencia de la direcci¨®n de 1.073.782 votantes de las cuatro provincias gallegas en las copias del censo entregadas al Partido Popular.

El mismo d¨ªa de la votaci¨®n se descubri¨® que tampoco coincid¨ªan los censos entregados a algunos partidos pol¨ªticos con los existentes en las mesas de distintas ciudades. Esta circunstancia ha sido uno de los hechos determinantes para la anulaci¨®n de las elecciones en Melilla.

Si la Oficina del Censo y la Junta Electoral Central son permanentes, no ocurre lo mismo con el resto de la Administraci¨®n electoral. Las juntas provinciales y de zona se constituyen despu¨¦s de convocadas las elecciones: una parte de sus miembros son nombrados en v¨ªsperas de la campa?a, con el proceso ya muy avanzado y sin tiempo material para rectificar los preparativos que est¨¦n mal hechos.

"Tuvimos que improvisarlo todo", cuenta Joaqu¨ªn Navarro, ex presidente de la Junta Electoral de Madrid en anteriores elecciones. "Como no se dispon¨ªa de instalaciones fijas, se nos ocurri¨® poner paneles en los pasillos del palacio de Justicia con una puertecilla en medio, y ah¨ª se instal¨® la junta. Despu¨¦s anduvimos de un lado para otro, buscando una sala donde custodiar toda la documentac¨ª¨®n enviada por las mesas, al final hablamos con el presidente de la Audiencia y nos metimos en una. Inmediatamente empezaban a circular por all¨ª los representantes de los partidos, aparec¨ªan cajas y m¨¢s cajas de documentos, vinieron los de la empresa inform¨¢tica que se contrato para hacer el recuento ... Pedimos el censo, Y el Instituto Nacional de Estad¨ªstica nos lo deneg¨®. ?C¨®mo ¨ªbamos a controlar las elecciones sin ni siquiera un censo?

Nada que se parezca, en definitiva, a una Administraci¨®n eficiente. Todo el tinglado de las juntas electorales est¨¢ montado sobro, la base de duplicar el trabajo) de un crecido n¨²mero de jueces, magistrados y secretarios judiciales, que desarrollan su tarea en los t¨¦rminos descritos.

132.846 ciudadanos

La tercera pata de toda esta Administraci¨®n electoral est¨¢ formada por 132.846 ciudadanos, seleccionados por el m¨¦todo m¨¢s perfecto posible para garantizar imparcialidad y honestidad: el sorteo entre las listas de electores. Son los llamados a formar parte (de las mesas.

De ellos, 44.282 presidentes tienen capacidad para abrir y cerrar la votaci¨®n, guardar el orden en los colegios, interrumpir la votaci¨®n en caso de anomal¨ªas, acreditar a los interventores de las candidat Liras, asegurarse de la identidad de los votantes, recontrar los sufragios, preparar toda la documentaci¨®n de la jornada. e incluso transportarla personalmente hasta los locales donde se hayan constituido las juntas electorales.

Tienen tantas cosas que hacer, y tan poca preparaci¨®n para ello, que son causantes de la mayor¨ªa (le las irregularidades. El ex presidente de una de las mesas electorales de Las Rozas (Madrid), que es licenciado en Derecho , alto cargo en una empresa priv,Lda, explica as¨ª su experiencia"Te citan una hora antes de que abran los colegios, y un funcionario de la junta electoral de zona. te entrega la urna, un enorme paquete de documentos y un libro de instrucciones, pero no da tiempo a leerlo, porque hay que contribuir la mesa, rellenar a mano el acta de constituci¨®n con varias copias, acreditar a los apeclerados e interventores de las candidaturas y, recibir los votos por correo, que por cierto hay que dejarlos por all¨ª hasta que termina la votaci¨®n. Y como el presidente de mesa no sabe casi nada, lo normal es que se ponga en manos de los interventores de los partidos".

As¨ª que los miembros de las mesas, por desconocimiento propio o inducidos al error, se arriesgan a cometer errores suficientes como para invalidar la elecci¨®n. Una de las irregularidades m¨¢s reiteradas el 29, de octubre fue la destrucci¨®n de las papeletas,declaradas nulas diferencia de las consideradas v¨¢lidas, han de ser conservadas.

Eso ha producido la anulaci¨®n de las elecciones en Melilla. Y no provoc¨® el mismo efecto en Barcelona porque el tribunal -presidido por un magistrado, Vicente Navarro Verdejo, acostumbrado a las emociones fuertes: fue el ponente del caso Banca Catalana y el instructor del sumario por cohecho contra dos jueces- argument¨® que el Partido Popular, autor del recurso, no hab¨ªa pedido tal soluci¨¦n.

El recuento

Otro de los talones de Aquiles de la Administraci¨®n electoral es el escrutinio provisional de los votos, realizado al cierre ole los colegios. Esta operaci¨®n se efect¨²a con los medios inform¨¢ticos del Gobierno, que es el que difunde los resultados en la noche electoral, a t¨ªtulo de provisionales. La intervenci¨®n del Ejecutivo es siempre causa de pol¨¦mica: en este caso fue porque el Gobierno se reserv¨® la difusi¨®n de datos hasta que tuvo escrutado el 85% del censo. Sin embargo, y, dado el car¨¢cter no vinculante del escrutinio gubernamental, esta circunstancia no figura entre las que han provocado la anulaci¨®n parcial de las elecciones.

El escrutinio definitivo se realiza en cada junta electoral provincial cinco d¨ªas despu¨¦s de la votaci¨®n, sobre la base de las actas remitidas por las diferentes mesas, de las cuales existe doble constancia: el original es entregado en mano por el presidente, y la copia se env¨ªa a trav¨¦s del correo. Una tercera copia queda depositada en los juzgados de paz o de primera instancia. Aparentemente, un pucherazo es dif¨ªcil.

El ex presidente de la Junta Electoral de Madrid, Joaqu¨ªn Navarro, avala la tesis (le que los problemas de estas elecciones son los mismos de siempre. "Se echa de menos una seria Administraci¨®n electoral, dice. Tambi¨¦n el profesor Jorge de Esteban, miembro de una anterior Junta Electoral Central, cree que el problema reside en la falta de una estructura profesionalizada.