Bajo la tutela de Pinochet
Aylwin, el presidente electo chileno, deber¨¢ sortear la 'camisa de fuerza' legal heredada del r¨¦gimen
El 11 de marzo de 1990, el general Augusto Pinochet, de 74 a?os, dejar¨¢ la presidencia de Chile, pero no el poder. El actual jefe del Estado conservar¨¢ cuotas significativas de influencia durante la democracia bajo tutela que comenzar¨¢ el pr¨®ximo a?o, pese a los deseos del presidente electo, Patricio Aylwin, y a la derrota que sufri¨® el pinochetismo en las urnas. Una compleja y articulada malla de restricciones legales comenz¨® a envolver a las futuras autoridades a una semana de un triunfo electoral que llevar¨¢ a Aylwin a la presidencia, con el 55% de los votos.
La primera paradoja fue electoral. El candidato a senador Ricardo Lagos, con 400.000 votos, la tercera mayor¨ªa, individual en Chile, perdi¨® el esca?o frente a Jaime Guzm¨¢n, un pinochetista ac¨¦rrimo que consigui¨® 224.000 votos. Un sistema, electoral in¨¦dito en Chile, destinado a proteger a la derecha, obligaba a los aylwinistas a duplicar sus oponentes para obtener los dos esca?os en disputa en cada distrito.Pese a tener el 55% de los votos y una mayor¨ªa de 71 diputados contra 49, en el Senado los partidarios de Aylwin ser¨¢n, minor¨ªa. El Consejo de Seguridad Nacional design¨® a cuatro militares como senadores, entre ellos el general Santiago Sinclair, el representante de Pinochet en la Junta de Gobierno. Pinochet, personalmente, nombr¨® a otros dos senadores: el ex ministro de Interior Sergio Fern¨¢ndez, que firm¨® la mayor¨ªa de los decretos para exiliar a los opositores, y el ex rector William Thayer. La Corte Suprema, obsecuente durante a?os al r¨¦gimen militar y muchas veces ciega para hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, designar¨¢ otros tres senadores m¨¢s.
En total ser¨¢n nueve deisgnados para alterar la opini¨®n de las urnas y defender la legalidad del r¨¦gimen. De una ventaja de 22 senadores electos contra 16, los partidos que apoyan a Aylwin terminar¨¢n como una minor¨ªa de 22 contra 25 en el Senado. Ning¨²n proyecto de ley ser¨¢ aprobado si una parte de la derecha no le da su visto bueno.
A la moderaci¨®n natural de Aylwin, la realidad parlamentar¨ªa a?adir¨¢ una cuota adicional en el dise?o de la transici¨®n en Chile, con un gobierno que tendr¨¢ dr¨¢sticamente limitado su margen de maniobra. El senador electo Sergio Onofre Jarpa, l¨ªder de la derecha renovada, con quien tarde o temprano deber¨¢ negociar la oposici¨®n para poder gobernar, manifest¨® su acuerdo con la designaci¨®n de senadores, porque "aportan experiencia al Parlamento". Jarpa est¨¢ dispuesto a suprimir los senadores designados, pero en 1994, cuando finalice el Gobierno de Aylwin.
S¨®lo en un ¨¢rea, la derecha ha otorgado por anticipado su consenso a la nueva Administraci¨®n: la democratizaci¨®n de los municipios, para que los alcaldes sean electos. Durante los 16 a?os de gobierno militar los alcaldes fueron, designados por Pinochet.
El poder militar
El presidente electo estar¨¢, atado de manos para lograr el pase a retiro del general Pinochet, quien en la cita entre ambos le reiter¨® que seguir¨¢ como jefe del poderoso Ej¨¦rcito chileno. La derecha apoya esta pretensi¨®n. Pinochet, adem¨¢s, ser¨¢ uno de los cuatro militares dentro del Consejo de Seguridad Nacional, con ocho miembros. Este consejo tendr¨¢ la atribuci¨®n de "hacer presente" al pr¨®ximo Gobierno su opini¨®n cuando crea que la institucionalidad peligra. Una ley sobre las Fuerzas Armadas, actualmente en estudio en la Junta, proyecta aumentar la independencia del poder militar frente al civil. Establece que el Gobierno no podr¨¢ disminuir el presupuesto de subsecretar¨ªas de Defensa y de los edecanes del presidente en manos de las Fuerzas Armadas.
En materia econ¨®mica, los espacios de acci¨®n de Aylwin ser¨¢n tambi¨¦n escasos. Para aumentar los espacios, como proyecta, tendr¨¢ que convencer al menos a una parte de la derecha, aunque ¨¦sta se opone categ¨®ricamente al alza de tributos. La controvertida autonom¨ªa del Banco Central, que en Chile tiene m¨¢s atribuciones que en otros pa¨ªses, limitar¨¢ a la acci¨®n gubernamental. Un proyecto de ley que ahora estudia la Junta dejar¨¢ a la principal empresa chilena, la estatal Codelco, que explota el cobre, con un directorio aut¨®nomo del pr¨®ximo Gobierno.
Una parte importante del poder econ¨®mico estatal fue transferido por el r¨¦gimen a trav¨¦s de la privatizaci¨®n de empresas en su ¨²ltimo a?o de gobierno. La nueva Administraci¨®n heredar¨¢ un consejo de televisi¨®n, que norma a este sector, formado por partidarios de Pinochet. Otra ley en estudio privatiza parcialmente el Banco del Estado, el mayor de Chile.
Los pol¨ªticos coinciden, sin embargo, que en el campo donde ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil actuar para el futuro Gobierno es en conseguir justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los primeros a?os del r¨¦gimen. La ley de Amnist¨ªa de 1978, que promulg¨® el entonces ministro de Interior y actual senador designado Sergio Fern¨¢ndez, parece ahora inamovible en el Congreso, a pesar que la coalici¨®n de gobierno de Aylwin quiere derogarla: la derecha se ha opuesto a reformar esta legislaci¨®n. Adem¨¢s, el propio Pinochet advirti¨® que "el d¨ªa que toquen a alguno de mis hombres se acaba el Estado de Derecho".
Hay, en cambio, consenso en todos los partidos con representaci¨®n parlamentaria sobre que las violaciones a los derechos humanos cometidas con posterioridad a 1978 deben ser juzgadas por los tribunales. Pero el Gobierno militar, antes que expirara su mandato, logr¨® reemplazar parte de la Corte Suprema, designando nuevos jueces en reemplazo de los que aceptaron retirarse por el beneficio de una jubilaci¨®n generosa.
Para desatar la camisa de fuerza que Pinochet coloc¨® al Gobierno electo, Aylwin. buscar¨¢ nuevos acuerdos con la derecha renovada, como el plebiscitado en julio para modificar una Constituci¨®n que antes era m¨¢s r¨ªgida. Las trampas tendidas por el r¨¦gimen no le han dejado otra opci¨®n al pr¨®ximo presidente que alcanzar amplios consensos.
La estrategia de Aylwin ser¨¢. sometida a prueba con las ¨²ltimas leyes que estudia, la junta. En la reuni¨®n entre Pinochet y, Aylwin acordaron que comisiones t¨¦cnicas busquen acuerdos en las leyes sobre las que hay divergencias. Entretanto, Aylwin deber¨¢ evitar quiebras en su coalici¨®n, el desencanto de la izquierda y el desborde de las demandas sociales contenidas, son los desaf¨ªos de una transici¨®n a la democracia en la cual quienes se van desean conservar el mayor poder posible.
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