El Defensor del Pueblo reclama leyes para controlar las residencias de ancianos del sector privado
El Defensor del Pueblo reclama que se controlen legislativamente, las residencias privadas de ancianos que existen en Espa?a -que ofertan casi un 80% de las plazas existentes en una Recomendaci¨®n sobre las residencias privadas y p¨²blicas de la tercera edad remitida al Ministerio de Asuntos Sociales y a los presidentes de las comunidades aut¨®nomas. S¨®lo Arag¨®n y Catalu?a disponen de una normativa completa de regulaci¨®n de estos centros. El Defensor recomienda que la Administraci¨®n acent¨²e los esfuerzos para cubrir la carencia de plazas en residencias p¨²blicas, que acumulan m¨¢s de 24.000 peticiones de ingreso.
En 1988, exist¨ªan, seg¨²n el Defensor del Pueblo, 106.485 plazas en 1.293 residencias para ancianos, tanto en el sector p¨²blico como en el privado. Sobre las estimaciones realizadas sobre 1.293 centros y 99.630 plazas, el 20 % corresponder¨ªa al sector p¨²blico (al Instituto Nacional de Servicios Sociales -Inserso-, 4,2%; a comunidadaes aut¨®nomas, 4,5 %; a provincias, 3,1 % y a municipios, 8,4%) y el 79,8%, al sector privado (de las cuales ser¨ªan religiosas el 22,9%).Esta instituci¨®n visit¨® y revis¨® exhaustivamente durante este a?o siete residencias de Inserso, seis de distintas administraciones auton¨®micas, dos de diputaciones provinciales y tres de ayuntamientos. Se seleccion¨® un centro de cada comunidad aut¨®noma y dos de Madrid, que supon¨ªan 4.832 plazas p¨²blicas. Siete de las instituciones se dedican a personas que pueden valerse por s¨ª mismas y cuatro son asistidas. El resto puede acoger ancianos v¨¢lidos o no.
Es el sector privado el protagonista de la llamada de atenci¨®n del Defensor del Pueblo, ?lvaro Gil-Robles, quien, en el curso de la presentaci¨®n del informe, manifestaba que en esos centros se pod¨ªan estar violando los derechos fundamentales de las personas. Esta instituci¨®n no puede realizar visitas a las residencias privadas, aunque ha revisado su regulaci¨®n.
15 comunidades sin regulaci¨®n
Solamente Arag¨®n y Catalu?a disponen de una regulaci¨®n que abarca la totalidad los aspectos jur¨ªdicos de las residencias privadas (autorizaci¨®n de apertura, condiciones m¨ªnimas materiales y funcionales, r¨¦gimen de precios, derechos de los usuarios e inspecci¨®n y sanciones, entre otras cosas). Once comunidades carecen de normativa sobre las condiciones m¨ªnimas que deben reunir las residencias privadas y solamente siete han aprobado normas de inspecci¨®n. Seis han tipificado las infracciones y han previsto sanciones. El requisito -de autorizaci¨®n s¨®lo se exige en Cantabria, Valencia, Madrid, Catalu?a, Andaluc¨ªa y Arag¨®n. Las tres ¨²ltimas comunidades han regulado precios y disponen de una normativa sobre derechos de los usuarios y obligaciones de prestaci¨®n de servicios. Madrid -tambi¨¦n ha regulado los derechos de los residentes.
Sobre estas conclusiones, el Defensor pide que las comunidades que carecen de legislaci¨®n elaboren y aprueben "con urgencia normas aplicables a las residencias privadas" que abarquen la autorizaci¨®n de apertura, infracciones, r¨¦gimen de precios, etc¨¦tera. Es necesario, para esta instituci¨®n, que las Administraciones inspeccionen los centros, "al objeto de garantizar que la atenci¨®n a los residentes se desarrolle en un marco acorde con la dignidad humana (...) as¨ª como para asegurar el respeto de los derechos de los usuarios".
Las conclusiones del estudio de los centros p¨²blicos se?alan, entre otras cosas, que "en la pr¨¢ctica totalidad de las residencias no se ha elaborado e implantado un plan de emergencia". Algunos centros "carecen de salidas de emergencia o no disponen de sistema alguno de alarma", asegura el Defensor, que reconoce los esfuerzos del Inserso. La instituci¨®n plantea dudas sobre la eficacia de los medios de evacuaci¨®n implantados o en curso de implantaci¨®n (escaleras y mangas de evacuaci¨®n) debido a las condiciones f¨ªsicas de los ancianos y pide que se construyan rampas.
El Defensor ha detectado, entre otras anomal¨ªas, la inadecuaci¨®n, para personas de movilidad reducida, de los servicios en algunas residencias. En Santa Mar¨ªa de las Nieves (Vitoria), las habitaciones "no re¨²nen las condiciones imprescindibles de intimidad, ventilaci¨®n e iluminaci¨®n". En 11 residencias el servicio m¨¦dico interviene en la elaboraci¨®n de los men¨²s, pero no siempre bajo criterios diet¨¦ticos.
Los geriatras, en el hospital
"Los especialistas en geriatr¨ªa deben estar en un ¨¢mbito hospitalario, no en residencias", asegura Alberto Salgado, presidente de honor de la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y jefe de servicio de Geriatr¨ªa del hospital central de la Cruz Roja de Madrid, quien manifiesta su desacuerdo con el Defensor del Pueblo. Esta instituci¨®n se?ala en su informe el escaso n¨²mero de centros en los que existen m¨¦dicos geriatras y recomienda garantizar la atenci¨®n precisa a trav¨¦s de especialistas en geriatr¨ªa y rehabilitaci¨®n y adoptar medidas para la asistencia, en el propio centro o con conexi¨®n mediante equipamiento externo."En todo caso, en estos centros debe haber m¨¦dicos diplomados en geriatr¨ªa, de los cuales hay ya m¨¢s de un centenar. Son facultativos que han sido formados bajo la supervisi¨®n de la sociedad y han tenido que pasar un tiempo en un servicio hospitalario de geriatr¨ªa", asegura el especialista, que afirma que en otros pa¨ªses no hay personal tan especializado en las residencias asistidas, que "son un servicio social". "Lo que hay que procurar es que exista un acceso f¨¢cil a los servicios de geriatr¨ªa de los hospitales", manifiesta Salgado.
"Lo m¨¢s urgente es incrementar el n¨²mero de las resistencias asistidas, extender la ayuda social y sanitaria a domicilio para las familias que tiene a su cargo un anciano", afirma. El Defensor hace hincapi¨¦ en la implantaci¨®n de unidades asistidas en las residencias para ancianos v¨¢lidos, por la modificaci¨®n de las circunstancias de los ancianos, que pasan a no poder valerse por s¨ª mismos. Lo mismo ocurre con el personal.
C¨¦sar Gal¨¢n, jefe del gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales, departamento del que depende el Inserso, recuerda que en 1989 se han creado 702 plazas mediante dos residencias para ancianos v¨¢lidos y dos asistidas. "Desde hace dos a?os se han potenciado las residencias mixtas (de v¨¢lidos y asistidas) y las asistidas", asegura.
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