La CE se opone al recurso de Gibraltar contra el uso conjunto de su aeropuerto

El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea (CE) se opone al recurso de Gibraltar contra la directiva que establece el uso conjunto hispano-brit¨¢nico de? aeropuerto del Pe?¨®n. En las alegaciones presentadas por el Consejo, m¨¢ximo ¨®rgano comunitario, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad se dice que las autoridades gibraltare?as carecen de legitimidad como parte para emprender una acci¨®n judicial contra una decisi¨®n comunitaria y se pide que su reclamaci¨®n no sea admitida a tr¨¢mite. El Gobierno espa?ol tiene preparado un escrito en el que se reclama la soberan¨ªa sobre esa parte del territorio.

El Gobierno de Gibraltar, presidido por Joe Bossano, present¨® el pasado 4 de octubre un recurso ante el tribunal de la CE en el que pide la anulaci¨®n del art¨ªculo 2.2 de la directiva sobre liberalizaci¨®n de vuelos interregionales aprobada por unanimidad por los 12 pa¨ªses de la CE el pasado 18 de julio. Esa cl¨¢usula establece que la apertura de aeropuertos queda en suspenso en el caso de Gibraltar hasta tanto no se cumpla lo establecido en el acuerdo hispano-brit¨¢nico de 2 de diciembre de 1987.La apertura del aeropuerto del Pe?¨®n al libre tr¨¢fico qued¨® as¨ª condicionada a la construcci¨®n y puesta en marcha de una terminal para uso exclusivo de Espa?a, a quien corresponde tambi¨¦n la autorizaci¨®n de vuelos con destino a su territorio.

El resto del tr¨¢fico depender¨¢ de un comit¨¦ conjunto hispano-brit¨¢nico. La presentaci¨®n del recurso suscit¨® la inquietud en el Gobierno, que no descart¨® que las autoridades brit¨¢nicas estuvieran detr¨¢s de esa acci¨®n judicial de la colonia, encaminada, seg¨²n Exteriores, "a poner fin al acuerdo pol¨ªtico iniciado en la era Howe o de pacificaci¨®n del contencioso sobre la soberan¨ªa del Pe?¨®n". Ahora, seg¨²n esas fuentes, "las alegaciones del Consejo de Ministros de la CE despejan parte de esas dudas, pues el Reino Unido est¨¢ representado en esa petici¨®n de no ad misi¨®n a tr¨¢mite."

Estatuto especial

La argumentaci¨®n de falta de legalidad se basa en el estatuto es pecial que Gibraltar tiene dentro de la CE, definido como un territorio europeo, pero no comunitario al ciento por ciento, cuya pol¨ªtica exterior la desempe?a el Reino Unido.

Esa caracter¨ªstica de soberan¨ªa subordinada es la base para demandar la no admisi¨®n del recurso, ya que la demanda deb¨ªa estar suscrita por el Gobierno brit¨¢nico o su autoridad delegada en el Pe?¨®n, el gobernador general. A las alegaciones del Consejo de Ministros de la. Comunidad, presentadas hace unos d¨ªas en Luxemburgo al tribunal comunitario, Espa?a piensa a?adir un escrito como "coadyuvante", seg¨²n un responsable de Exteriores.

"Vamos a esperar al ¨²ltimo d¨ªa de plazo [a principios de enero] por si se retira el recurso", dijo. Medios pr¨®ximos al tribunal de la CE se?alaron que la decisi¨®n m¨¢s probable es la desestimaci¨®n del recurso.

La argumentaci¨®n espa?ola defiende que la directiva se debe aplicar en su redacci¨®n ¨ªntegra actual. El escrito plantea que el aeropuerto gibraltare?o est¨¢ ubicado en la zona del istmo, que es territorio nacional, dado que el Gobierno espa?ol nunca cedi¨® su soberan¨ªa y esa zona fue ocupada ilegalmente por los brit¨¢nicos. El r¨¦gimen conjunto, seg¨²n esta tesis, responde a que las dos partes reconocen que hay un conflicto de soberan¨ªa, pero quieren a la vez garantizar que se cumple el derecho comunitario.

Las alegaciones espa?olas pretenden reforzar la petici¨®n de un "no ha lugar" del recurso y no un reconocimiento a su reclamaci¨®n de soberan¨ªa, asunto ¨¦ste sobre el que el Tribunal de Justicia de la CE no es competente por prohibici¨®n expresa del Tratado de Roma. La prudencia espa?ola de esperar al ¨²ltimo momento responde a que "no queremos conflicto, pero no entendemos por qu¨¦ Bossano ha planteado esto cuando su antecesor, Joshua Hassan, estaba tambi¨¦n comprometido en el acuerdo hispano-brit¨¢nico".

La inquietud espa?ola sobre la reclamaci¨®n gibraltarefia se ha reforzado con la pretensi¨®n del Reino Unido de oponerse a que las directivas para libre residencia de pensionistas y rentistas se apliquen en el Pe?¨®n. Se trata de una limitaci¨®n unilateral, de forma que sea prohibida la entrada a los residentes de otros pa¨ªses comunitarios, pero no la posibilidad de que los gibraltare?os se establezcan en Espa?a u otro pa¨ªs de la CE.