Lealtad a las reglas del juego

A una buena parte del pensamiento nacionalista le irrita la afirmaci¨®n de que la autodeterminaci¨®n se ejerce cada vez que se vota en un Estado democr¨¢tico. Y sin embargo, ¨¦sta es una expresi¨®n sincera, coherente con la idea de que la autodeterminaci¨®n se ejerce en el ¨¢mbito de legitimidad en que consiste el Estado de derecho. En Espa?a, la autodeterminaci¨®n existe a partir de la ca¨ªda del r¨¦gimen franquista, y se ha ejercido votando la Constituci¨®n, los estatutos de autonom¨ªa y los programas de los partidos en las diversas elecciones generales o auton¨®micas. Algunos nacionalistas quiz¨¢ perciban este razonamiento como equ¨ªvoco, pero para los dem¨¢s es ¨¦sta la primera base de legitimidad de un orden pol¨ªtico. La afirmaci¨®n vale tanto si se toma el t¨¦rmino en un primer sentido -autodeterminaci¨®n como autonom¨ªa individual, en sentido kantiano, del ciudadano- como s? se toma en el sentido de opci¨®n por la organizaci¨®n territorial del Estado.Con el establecimiento de la democracia en Espa?a se sentaron las bases del orden leg¨ªtimo y, por tanto, las reglas del juego pol¨ªtico. Podemos distinguir as¨ª una primera fase fundacional y una segunda de desarrollo del sistema. La primera fase incluye una reafirmaci¨®n del pacto social, por el que se constituye el Estado democr¨¢tico como regla de funcionamiento de una sociedad de ciudadanos; incluye tambi¨¦n en acuerdo entre los pueblos que conviven en ese Estado, por el que se constituye el Estado de las autonom¨ªas como el ¨¢mbito en el que se expresa el autogobierno de las distintas comunidades. Contrato social y pacto auton¨®mico han tenido como expresi¨®n concreta -acto pol¨ªtico y norma jur¨ªdica- la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa. Como cualquier expresi¨®n de la voluntad general, la minor¨ªa que vota en contra debe someterse a la mayor¨ªa, que es base de legitimidad. Y mucho m¨¢s claramente debe someterse al resultado mayoritario el que, al abstenerse, ha decidido por ello no oponerse al resultado de la votaci¨®n. De esta manera, los espa?oles y los pueblos de Espa?a se han autodeterminado, hist¨®ricamente, con claridad. Establecida as¨ª la fase fundacional, el sistema pol¨ªtico se ha desarrollado. Los partidos pol¨ªticos han presentado sus programas, en los que plasmaban sus proyectos globables de ordenaci¨®n econ¨®mica, social, territorial, y los han sometido en repetidas ocasiones a sus electores. Dentro del campo de legitimidad acordado, al participar en la vida pol¨ªtica, los ciudadanos de Espa?a y de cada una de sus comunidades han continuado autogobern¨¢ndose y, por tanto, se han autodeterminado de modo concreto.

Con. el razonamiento que precede no se trata de ocultar el debate, sino de aclarar sus t¨¦rminos. Los que replantean el problema de la autodeterminaci¨®n se est¨¢n refiriendo a alternativas que pueden no estar dentro del bloque constitucional. Pero hay que entender, sin embargo, que incluso la consideraci¨®n de esas otras alternativas debe hacerse desde la legalidad vigente, cuyo cambio se pretende, porque esa legalidad vigente es el campo actual de la leg¨ªtimidad y de la autodeterminaci¨®n. Hasta para cambiar hay que partir de la legitimidad actual.

?Puede reivindicarse el reconocin¨²ento del derecho formal a determinarse en el futuro? S¨ª, en virtud de la libertad de expresi¨®n que tienen los ciudadanos en un Estado democr¨¢tico. Pero tambi¨¦n es l¨®gico que esta reivindicaci¨®n sea juzgada negativamente por los no socialistas y que se nieguen a colaborar en esta v¨ªa. Pondr¨ªa en marcha una primera etapa de reforma de la Constituci¨®n que s¨®lo conducir¨ªa a un final -un final de etapa-; esto no es el ejercicio de la autodeterm¨ªnaci¨®n, sino la disponibifidad para una segunda etapa, en que esa autodeterniinaci¨®n tendr¨ªa que concretarse; parece l¨®gico que se considere que tal pretensi¨®n pol¨ªtica pone en peligro la consolidaci¨®n de la sociedad pol¨ªtica con una oferta alternativa enga?osa. Enga?osa porque introduce un elemento de falta de lealtad al sistema olvidando que, desde ahora, cualquier ciudadano puede manifestar su opci¨®n concreta -incluso el independentismo- sin alterar las reglas del juego constitucional.

Reforma constitucional

?Puede reivindicarse no ya un mero derecho formal, sino el ejercicio del derecho de autodeterminaci¨®n de una forma concreta, incluso no recogida en la Constituci¨®n? S¨ª, tambi¨¦n en virtud de la libertad de expresi¨®n. Esta reivindicaci¨®n es m¨¢s coherente que la anterior, pues no es enga?osa: se pretende tal estructura federal distinta, o la independencia, y no un derecho formal, previo al ejercicio no se sabe c¨®mo de un derecho futuro. Evidentemente, la reforma constitucional pretendida tiene en este segundo caso un objetivo no abstracto, sino concreto. Est¨¢ claro que quienes nos oponemos a esta reforma constitucional lo hacemos tambi¨¦n por algo concreto. Creemos que hay valores comunes que preservar en Espa?a, que lo ¨²nico razonable internacionalmente es la unidad del Estado, que los valores espec¨ªficos de las nacionalidades y regiones se defienden mejor que de otro modo en nuestro Estado de las autonom¨ªas, y que la voluntad de autogobierno recibe en nuestro orden constitucional su f¨®rmula mejor (si no ¨®ptima, s¨ª mejor que sus alternativas y con mejor posibilidad de adaptaci¨®n al cambio pol¨ªtico). Creemos adem¨¢s que es necesario, para garantizar el orden y la justicia, que las lealtades al sistema constitucional se fortalezcan y que la organizaci¨®n territorial del Estado, en principio, no debe ser puesta en cuesti¨®n.

Queda otro problema: ?qui¨¦n ejercer¨ªa, bien el derecho puramente formal de autodeterminaci¨®n o bien el ejercicio (secesionista, federalista, etc¨¦tera) de tal derecho? No vamos a argumentar por reducci¨®n al absurdo, aunque la reducci¨®n al absurdo no quiera decir una forma absurda de argumentar. (Por reducci¨®n al absurdo es el argumento siguiente: si los vascos tienen el derecho de autodeterminaci¨®n, ?por qu¨¦ no lo tiene una parte de este colectivo: los vascos de la comunidad aut¨®noma, los de un territorio hist¨®rico, los de una ciudad, los de un barrio, etc¨¦tera?) Sin ir al absurdo, las dificultades del qui¨¦n son concretas. Los nacionalistas afirman que es el pueblo vasco, pero a?aden que ese pueblo vasco incluye, adem¨¢s de al de la comunidad aut¨®noma, al de Navarra y al de los territorios del Estado franc¨¦s (Iparralde). Tanto para el reconocimiento abstracto del derecho como para su ejercicio concreto, lo primero que cabe decir es que resulta absolutamente inveros¨ªmil la hip¨®tesis de que quieran, no s¨®lo de que puedan, pretender los pueblos de Navarra y de Iparralde dos cambios constitucionales (Constituci¨®n francesa y espa?ola) para reivindicar su autodeterminaci¨®n.

?Contradicci¨®n?

Reducida la lucha pol¨ªtica a sus t¨¦rminos concretos -el del Euskadi actual y no al reivindicado-, ?no hay una contradicci¨®n entre el objetivo pol¨ªtico concreto, autodeterminaci¨®n de una parte del pueblo vasco, y el proclamado ideol¨®gicamente, resto del pueblo vasco, excluido de tal objetivo?

Si ni siquiera la idea que los nacionalistas tienen de la unidad del pueblo vasco est¨¢ garantizada en el ejercicio del derecho de autodeterminaci¨®n, es normal que los ciudadanos no nacionalistas de Euskadi y de Espa?a se opongan a un proyecto de cambio constitucional que altere la regla actual de legitimidad pactada. ?O acaso, siguiendo un juego hipot¨¦tico, un eventual Estado independiente de Euskadi ver¨ªa razonable que el territorio hist¨®rico de ?lava planteara su secesi¨®n para el a?o siguiente, y el de Vizcaya para dos a?os despu¨¦s?

La visi¨®n de lo inviable en pol¨ªtica nos debe volver a la realidad. ?sta es la de una sociedad pol¨ªtica que, habiendo salido de la dictadura, no ve el marco territorial del Estado como algo necesariamente inmutable, pero que concibe que incluso la pretensi¨®n de cambio s¨®lo puede plantearse como opci¨®n pol¨ªtica concreta, esto es, como algo que previamente haya sido incorporado a los programas de los partidos, que confrontan tales programas en repetidas elecciones y que s¨®lo como acto final pueden entender que un plebiscito viniera a ratificar lo que las urnas hubieran ido diciendo. Mientras tanto, conservar el campo pol¨ªtico de legitimidad que nos hemos dado, y aumentar la lealtad al mismo, es la ¨²nica v¨ªa razonable.