Un largo silencio

HAY QUE reaccionar ante cierta tendencia, fomentada por la gravedad e intensidad de los acontecimientos ocurridos en otros lugares, a olvidar la terrible matanza que el pasado 16 de noviembre cost¨® la vida en San Salvador a seis jesuitas y dos empleadas de la residencia de la Universidad Centroamericana. Entre los asesinados se encontraba el padre Ellacur¨ªa, fil¨®sofo de prestigio en Espa?a y Latinoam¨¦rica, y otros profesores de renombre. Pocos d¨ªas despu¨¦s, el subsecretario de Exteriores, Inocencio Arias, tras entrevistarse con el presidente Cristiani, asegur¨® que ¨¦ste hab¨ªa dado garant¨ªas de que se llevar¨ªa a cabo una investigaci¨®n a fondo para descubrir a los culpables, estuviesen donde estuviesen. Anunci¨® incluso que Espa?a participar¨ªa en una comisi¨®n investigadora.El problema reviste una evidente importancia pol¨ªtica porque, desde el primer momento, numerosas voces -algunas, de altas jerarqu¨ªas religiosas- indicaron que el crimen hab¨ªa sido cometido no por grupos extremistas m¨¢s o menos espont¨¢neos, sino por un destacamento del Ej¨¦rcito salvadore?o. Tesis tanto m¨¢s veros¨ªmil por cuanto muchas unidades militares, en reciente etapa de graves combates, se han comportado con centros religiosos, iglesias y sacerdotes como si fuesen enemigos. El propio presidente Cristiani pidi¨® a ciertos obispos que abandonasen el pa¨ªs ya que no pod¨ªa garantizarles su seguridad.

En esas condiciones, Espa?a necesita saber dos cosas esenciales para determinar sus relaciones con el actual Gobierno de El Salvador: primero, si el Ej¨¦rcito de ese pa¨ªs ha sido o no culpable del asesinato de Ellacur¨ªa y de sus desgraciados compa?eros; segundo, si el presidente Cristiani est¨¢ cumpliendo lo prometido al subsecretario Arias o si, por el contrario, est¨¢ encubriendo el crimen para no enfrentarse con el mando militar. Ha transcurrido ya m¨¢s de mes y medio desde que fueron enterrados los seis jesuitas en una ceremonia solemne, a la que asisti¨® el propio presidente de la Rep¨²blica, pero en todo este tiempo no ha habido indicios de que la investigaci¨®n avance ni de que se est¨¦ cumpliendo lo prometido al Gobierno espa?ol.

En cambio, fuera de los cauces oficiales, se han producido hechos que provocaron una reacci¨®n airada de la Prensa de EE UU. Una testigo de la matanza, Luc¨ªa Barrera, empleada de la limpieza en la Universidad Centroamericana, que se refugi¨® inicialmente en la Embajada de Espa?a en El Salvador, declar¨® a los magistrados salvadore?os que la interrogaron que los jesuitas hab¨ªan sido asesinados por militares en uniforme. Posteriormente viaj¨® a EE UU, y, seg¨²n declaraciones del arzobispo Rivera y Damas y de fuentes jesuitas norteamericanas, fue torturada y presionada hasta que modific¨® su declaraci¨®n inicial. Todo parece indicar que EE UU -que mantiene al actual Gobierno salvadore?o con una elevada ayuda financiera y cuyos consejeros asesoran al Ej¨¦rcito de El Salvador- est¨¢ interesado en impedir que se descubra a los culpables de la matanza. The New York Times ha denunciado esta actitud en un reciente editorial, subrayando que la lucha contra los rebeldes "no justifica hacer causa com¨²n [o aparentar que se hace causa com¨²n] con los asesinos de la extrema derecha".

El Gobierno espa?ol no debe permanecer pasivo ante hechos de esta gravedad, ni siquiera aparentarlo. Cuando la opini¨®n p¨²blica estaba conmocionada por la horrible matanza, el viaje de Inocencio Arias parec¨ªa iniciar una gesti¨®n en¨¦rgica, encaminada a descubrir a los culpables y a tomar, en funci¨®n de lo que de ello resulte, las medidas adecuadas. Desde entonces, silencio. Un silencio que ha durado demasiado.