La nueva guerra

EL GOBIERNO de Colombia est¨¢ siendo obligado a luchar por su soberan¨ªa e independencia en dos frentes. Por un lado, los grandes c¨¢rteles colombianos productores y exportadores de coca¨ªna le tienen declarada la guerra a todo el pa¨ªs. En medio de atentados y matanzas sin cuento, los delincuentes hicieron tambalearse al propio Estado cuando a finales del a?o pasado poco falt¨® para que impusieran la convocatoria de un refer¨¦ndum sobre el mantenimiento de la pol¨ªtica de extradici¨®n -fundamentalmente a Estados Unidos- de sus principales cabecillas, ¨²nica arma que temen los narcotraficantes.A esta amenaza permanente del narcotr¨¢fico ha a?adido ahora la suya el Gobierno de Washington, que, sin duda impulsado por el ¨¦xito de sus recientes operaciones en la zona, ha decidido enviar sus ca?oneras a vigilar las costas colombianas para que no escape alijo alguno de droga, rumbo a EE UU. El portaaviones J. F. Kennedy, al frente de una flotilla que lleva a 8.000 soldados norteamericanos, se dispone a fondear cerca de la isla colombiana de San Andr¨¦s. Su misi¨®n, interceptar las operaciones a¨¦reas del tr¨¢fico de coca¨ªna.

La iniciativa ha sido acogida con esc¨¢ndalo en Colombia, en donde, mientras el presidente de la Rep¨²blica dice desconocerla -lo que constituye un rotundo ment¨ªs a las afirmaciones de Washington de que se trata de una operaci¨®n en la que cooperar¨¢n las autoridades de Bogot¨¢-, otros medios pol¨ªticos la califican de "antesala de la invasi¨®n". Aunque esta alarma sea algo exagerada si se considera el n¨²mero de efectivos que fue necesario para invadir Panam¨¢, una cosa es que el Gobierno colombiano tome la decisi¨®n de conceder la extradici¨®n de nacionales propios a una potencia extranjera (pr¨¢ctica que no es usual pero cuya imposici¨®n es perfectamente v¨¢lida desde el punto de vista jur¨ªdico) y otra es permitir que tal potencia intervenga directamente en sus asuntos internos, limitando de hecho el ejercicio de su soberan¨ªa.

Ciertamente, la lucha contra el narcotr¨¢fico -un concepto relativamente reciente a causa de la dimensi¨®n multinacional del delito y de sus implicaciones financieras- puede hacer que se confundan los niveles m¨¢s n¨ªtidos de la actividad exterior del Estado y que sus fronteras resulten inusitadamente permeables a la acci¨®n policial de otros, si no existe un exquisito respeto por las respectivas soberan¨ªas. En este sentido, no puede ignorarse lo que significa esta nueva demostraci¨®n de fuerza, emprendida inmediatamente despu¨¦s de la violenta ocupaci¨®n de Panam¨¢. La operaci¨®n militar de este ¨²ltimo pa¨ªs fue un ¨¦xito, si se consideran exclusivamente los intereses de EE UU -desposeer de su silla a un tirano inc¨®modo y establecer una democracia vigilada-, y un desastre para los de la regi¨®n. A?os de paciente reconstrucci¨®n y de milim¨¦tricos avances hacia la paz en Centroam¨¦rica y el ejercicio de la democracia soberana en toda Latinoam¨¦rica corren, en efecto, grave riesgo. La pol¨ªtica de la ca?onera y el palo, el "Ani¨¦rica para los americanos", retrotrae a aquel continente a las peores actividades de EE UU como gendarme.

Por otro lado, la verdadera guerra contra la plaga de la droga empieza por cuestionar los perniciosos efectos de su criminalizaci¨®n y tambi¨¦n la liberaci¨®n de los fondos ahora comprometidos en una lucha est¨¦ril para su empleo en campa?as sociales mucho m¨¢s eficaces. Causa asombro que mientras la droga circula libremente por el mundo, mientras detenciones, decomisos y operaciones policiales dan magro resultado, el Gobierno de Estados Unidos organice una operaci¨®n de interceptaci¨®n de aviones -como si el ¨²nico camino de la droga fuera el espacio a¨¦reo del Caribe- cuya eficacia depende de la cooperaci¨®n de otro que dice ignorarla por completo. A no ser que lo que se pretenda sea una cosa bien distinta.