Cumplir promesas

EL ANUNCIO hecho por el presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, de que han sido detenidos Varios militares presuntamente implicados en la matanza de seis jesuitas (de los cuales, cinco eran espa?oles) y dos mujeres en la Universidad Centroamericana el pasado 16 de noviembre ha sido acogido por el ministro de Exteriores espa?ol como el "cumplimiento de una promesa": la investigaci¨®n y, se supone, el esclarecimiento del crimen. Se ha dado as¨ª el considerable paso de reconocer oficialmente lo que todo el mundo sab¨ªa desde el primer momento; es decir, que el Ej¨¦rcito salvadore?o, responsable de un c¨²mulo de atrocidades a lo largo de los pasados 10 a?os, es reo asimismo de esta ¨²ltima.Ser¨¢ necesaria una mayor perspectiva hist¨®rica para analizar el proceso de guerra civil en El Salvador y el grado de culpabilidad de sus dos protagonistas: la guerrilla del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN) y el Ej¨¦rcito, sustentado ideol¨®gicamente en la extrema derecha. En cualquier caso, ejemplos como los de los asesinatos de jesuitas en Guatemala, que est¨¢n en el origen de la quema de la Embajada de Espa?a en dicho pa¨ªs hace 10 a?os; el del arzobispo de San Salvador ?scar Romero, y el de los jesuitas y las dos infortunadas testigos, que ahora se empieza a esclarecer, ratifican la convicci¨®n de que, para los militares centroamericanos, Iglesia es equiparable a subversi¨®n.

Por ello, la declaraci¨®n del presidente Cristiani debe ser tomada con relativo optimismo, hasta tanto los resultados de la investigaci¨®n no se concreten en inculpaciones personales y en su r¨¢pido enjuiciamiento. No debe olvidarse que la muerte de ¨®scar Romero sigue sin esclarecerse, por m¨¢s que todo el mundo sepa qui¨¦n fue el asesino: la organizaci¨®n de extrema derecha Arena, partido al que pertenece el hoy presidente de la Rep¨²blica. Anunciar que han sido detenidos algunos oficiales y varios soldados, sin dar sus nombres, induce a la justificada sospecha de que el n¨²mero de inculpados puede variar arbitrariamente en funci¨®n de presiones o conveniencias pol¨ªticas. Crear, para enjuiciarlos, un tribunal de honor de compa?eros de armas, cuando lo que debe hacerse es aplicar simplemente la legislaci¨®n penal, sugiere que ser¨¢ f¨¢cil despachar el asunto con expulsiones y degradaciones, que estar¨ªan lejos de ser un castigo merecido. Involucrar en el proceso la lucha del presidente Cristiani por el control del Ej¨¦rcito puede dilatarlo ad calendas graecas.

Con todo, es preciso conceder al presidente el beneficio de la duda y reconocer que ha actuado con rapidez y valent¨ªa. Que ello sea debido a presiones de Espa?a y, sobre todo, de Estados Unidos, cuyo papel de apoyo al Ej¨¦rcito quedar¨ªa en entredicho si pareciera que condona el crimen, es irrelevante. Lo significativo es que lo ha hecho y que arriesga mucho en el envite. No puede, sin embargo, quedarse a medio camino. Una vez encauzado el caso, no le cabe m¨¢s salida que proceder con celeridad y abiertamente. S¨®lo as¨ª podr¨¢ sacudirse de encima el estigma de pertenecer a una organizaci¨®n pol¨ªtica cuya historia est¨¢ cargada de cr¨ªmenes de lesa humanidad; s¨®lo as¨ª adquirir¨¢ al tiempo la autoridad moral necesaria para forzar a la guerrilla y al Ej¨¦rcito a deponer las armas y a abrir el camino de la paz para El Salvador.