La seguridad como pretexto: tres episodios nacionales

Considera el articulista que el Estado de derecho que se dibuja en la Constituci¨®n es en gran medida un Estado de justicia en el que nadie -y en primer lugar el Gobierno- est¨¢ exento del sometimiento a la ley. Enumera tras ello varios casos en los que el poder ejecutivo ha transgredido conscientemente lo descrito.

Es odioso tener que recordarlo. Como paradigma de la iniquidad a que se puede llegar cuando la justicia no es sino un ap¨¦ndice del ¨²nico poder existente -entendido, al modo de Bodino, como "poder supremo sobre ciudadanos y s¨²bditos no sometido a las leyes"- se sol¨ªa citar el discurso de un ministro de la justicia franquista en el que se afirmaba que una decisi¨®n judicial perfectamente ajustada a derecho pod¨ªa ser injusta si no favorec¨ªa los intereses del Estado, mientras que una resoluci¨®n no conforme a derecho se convert¨ªa en justa cuando atend¨ªa adecuadamente aquellos supremos intereses. Ocioso es decir que en ese clima moral pudieron cometerse infinidad de cr¨ªmenes legales con una plena impunidad. En definitiva, el poder estaba por encima de las leyes, al m¨¢s tosco estilo absolutista. Era as¨ª. No son, como dec¨ªa el poeta, "cuentos tristes que nos cuentan".Pero esto no pod¨ªa ser despu¨¦s de la Constituci¨®n. El Estado de derecho que en ella se dibuja y exige es, en gran medida, un Estado de justicia y, como tal, un Estado de control judicial, en el que, para la defensa y efectiva realizaci¨®n de los principios de libertad y justicia, ning¨²n poder del Estado -a la cabeza, el ejecutivo, el mayor poder a la postre- est¨¢ exento del sometimiento a la ley o de la exigencia de prestar la colaboraci¨®n que le requieran los jueces y tribunales "en el curso del proceso y en la ejecuci¨®n de lo resuelto". No parec¨ªa concebible que ning¨²n Gobierno, por arrogante que fuese o se tornase, pretendiera quebrar este espinazo de la Constituci¨®n, que, de pretenderlo, pudiera salir indemne de la empresa.

Aquel pat¨¦tico episodio de la orden cursada por el presidente del Gobierno para que unos guardias civiles no obedecieran a la autoridad judicial que, en el curso de un proceso penal, hab¨ªa resuelto, por decisi¨®n no recurrida por nadie, que comparecieran para la pr¨¢ctica de pruebas de reconocimiento (el tristemente famoso caso de la juez Huertas) nos situ¨® bruscamente ante un claro intento de reproducci¨®n del "princeps legibus solutus". Se aleg¨® -c¨®mo no- que las razones de seguridad (de los guardias civiles y del Estado) deb¨ªan anteponerse a toda exigencia constitucional.

El caso se sald¨® con un arreglo transaccional en el que, si bien los guardias hubieron de comparecer, casi un a?o despu¨¦s de lo ordenado, nadie respondi¨® de tan grave quiebra del Estado de derecho. Pelillos a la mar.

El 'caso Amedo'

Pero todo es empeorable y vino el caso Amedo. Y ah¨ª sigue. Cuando el rigor investigador de un juez, con el apoyo de un fiscal, consigui¨® empezar a esclarecer algunos hilos b¨¢sicos de la trama g¨¢lica, muchos pensamos que por fin y por ventura se iba a terminar la impunidad de los que desde dentro de los aparatos del Estado (y, al menos, en la creencia de estar amparados por ellos) hab¨ªan decidido organizarse criminalmente para perseguir y liquidar la violencia etarra. Pero ese pensamiento result¨® muy pronto una pura ingenuidad. Bast¨® que la investigaci¨®n se propusiera llegar al fondo, m¨¢s all¨¢ y m¨¢s arriba del subcomisario y del inspector procesados y presos, hasta la misma X del organigrama trazado por el juez Garz¨®n, para que la raz¨®n de Estado y la seguridad del Estado (protagonizadas en exclusiva, y como siempre, por un solo poder del Estado y dirigidas, tambi¨¦n como siempre, contra el coraz¨®n mismo del Estado de derecho, es decir, contra la justicia) convirtieran en sagrados, inescrutables y casi divinos a los fondos reservados, de los que, mucho m¨¢s que probablemente, se alimentaron los impulsos asesinos y terroristas de los mercenarios g¨¢licos.

Pese a la lucidez y combatividad de algunos medios de comunicaci¨®n, pese al clamor de denuncia contra los obst¨¢culos institucionales opuestos a la investigaci¨®n, pese tambi¨¦n a que en ella se jugaba -y se juega- una parte sustancial del prestigio democr¨¢tico del poder y a que, desde la ¨®ptica constitucional- y legal, el Gobierno es consciente de su sinraz¨®n y de su desafuero, los fondos reservados siguen sin investigar. Para postre, el fiscal general del Estado -conmovedor palad¨ªn, en sus inicios, de la superioridad de los principios de legalidad y objetividad sobre el de dependencia- se apunt¨® al tosco n¨²mero de las cartas portuguesas, se adhiri¨® a la petici¨®n de libertad de los procesados y sigue colaborando en la elocuente profec¨ªa del presidente del Gobierno - "ni hay pruebas ni las habr¨¢"- que fue acompa?ada de afirmaciones, no menos elocuentes, sobre la necesidad de defender el Estado de derecho en desag¨¹es y alcantarillas (la fontaner¨ªa como defensa de la democracia) y de evitar as¨ª la conversi¨®n del Estado de derecho en Estado de desecho. Al mismo tiempo, el se?or Gonz¨¢lez, en lugar de defender, como debiera, el honor de la democracia y del Estado, defend¨ªa ardorosamente el honor del se?or Amedo.

Vino luego la escandalosa resoluci¨®n de la Audiencia Nacional en cuya virtud las exigencias de la seguridad del Estado (el secreto de los fondos reservados) imped¨ªan, nada menos, la investigaci¨®n de los mismos en un caso en el que, nada m¨¢s, se trata de esclarecer un grav¨ªsimo supuesto de terrorismo (m¨¢ximo ataque posible, juntamente con el golpismo, contra la seguridad del Estado). Durante todo este periplo de arbitrariedad y obstrucci¨®n, el partido del Gobierno imped¨ªa, a todo trance, cualquier investigaci¨®n parlamentaria.

De la paz a la ambici¨®n

Alg¨²n cl¨¢sico, como Winstanley, podr¨ªa haber meditado, ante tal paisaje, cu¨¢n cierta era su tesis de que la seguridad no es sino la proyecci¨®n del deseo de conservaci¨®n ¨ªnsito en la naturaleza humana. Pero que una cosa es el deseo de com¨²n conservaci¨®n, que conduce a la paz y a la rectitud del Gobierno, y otra bien distinta el deseo de propia conservaci¨®n individual, que conduce a la ambici¨®n, al ocultamiento de la justicia y a la tiran¨ªa. ?O estamos acaso ante un supuesto de com¨²n conservaci¨®n? ?Depende la seguridad del Estado de la seguridad individual de determinados servidores del Estado o, en todo caso, de la conveniencia de hacer imposible la justicia?

Pronto ha sobrevenido un tercer episodio nacional. El Gobierno rechaza el requerimiento del Tribunal Supremo de que entregue el expediente de Anchuras alegando sin m¨¢s que est¨¢ amparado por el secreto que el propio Gobierno decidi¨® sobre esta cuesti¨®n tras dictar el real decreto -de julio de1986- declarando parte del municipio como zona de inter¨¦s para la defensa nacional con vistas a la instalaci¨®n del pol¨ªgono de tiro. Otra vez la presunta seguridad del Estado esgrimida contra la seguridad jur¨ªdica y la justicia. Nuevamente el Gobierno, por ante s¨ª, desconoce el principio de legalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, la proscripci¨®n de indefensi¨®n, la vinculaci¨®n de todos los poderes p¨²blicos a los derechos y libertades constitucionales y el deber de cumplir las resoluciones judiciales y prestar la colaboraci¨®n requerida por ¨¦stas en el curso del proceso y en ejecuci¨®n de lo resuelto.

En el umbral de la muerte (ocurrida el mismo d¨ªa del puerco atentado de El Basque), Leonardo Sciascia aseguraba que "vivimos rodeados de porquer¨ªa y no se ve salida alguna del pesimismo". Sciascia, el gran denostador de la corrupci¨®n, de la raz¨®n de Estado y de la violencia (todos somos -dec¨ªa- culpables de la misma, pero siempre el poder es el m¨¢s culpable), conservaba, pese a todo, "alguna esperanza en las escasas posibilidades que a¨²n le puedan quedar a la justicia". Tras estos tres episodios de iniquidad y corrupci¨®n (el profesor Tierno nos dec¨ªa que el desequilibrio institucional es siempre corrupci¨®n), ?nos debiera quedar alg¨²n resquicio de fe en la justicia y en la honrada rectificaci¨®n del Gobierno? Por lo pronto, el simple enunciado de la pregunta produce melancol¨ªa cuando acabamos de celebrar el duod¨¦cimo aniversario de la Constituci¨®n.

es magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid.