Moral del suceso

LA PSIQUIATR¨ªA oficial est¨¢ logrando lo que llama desinstitucionalizaci¨®n de los enfermos mentales: sacarles a la calle y encomendarles a sus familias y a la sociedad. ?ste es un hecho por el que una sociedad civilizada debe felicitarse. Los avances en la investigaci¨®n m¨¦dica y farmacol¨®gica permiten hoy d¨ªa reducir el internamiento de estos enfermos y su reincorporaci¨®n social mediante asistencia en ambulatorios. Sucesos tan angustiosos y conmovedores como la muerte de tres ni?os en Badajoz tiroteados por un loco o la muerte de una monja en Barbastro a manos tambi¨¦n de un enfermo mental no invalidan este an¨¢lisis. Por muy duro que resulte escribirlo, ¨¦se es un riesgo que debe asumir la sociedad a cambio de permitir la reinserci¨®n de varios otros miles de enfermos que no han agredido a nadie y a los que su desequilibrio no les impide relacionarse normalmente. Pero los riesgos deben ser siempre los m¨ªnimos posibles, y, en la situaci¨®n actual en Espa?a, la realidad es que resultan dram¨¢ticamente excesivos.Los enfermos mentales salen de los psiqui¨¢tricos sin que la sociedad les ofrezca una red de asistencia, que en su caso es vital. Muchos m¨¦dicos cumplen a disgusto normas en virtud de las cuales se fuerzan las altas prematuras en los hospitales y se encomiendan los enfermos a los ambulatorios, a los cuales no acuden (muchos de ellos no reconocen su enfermedad y las familias no tienen forma legal ni f¨ªsica de conducirles a ellos) o acuden sin resultado de cura o, por lo menos, lenitivo. Por lo dem¨¢s, ese principio que a¨²n defienden grandes profesionales tiene un lado menos limpio: el enorme ahorro que supone para la medicina p¨²blica la supresi¨®n de camas, hospitales y personal, sobre todo ante un n¨²mero creciente de enfermedades mentales y por la asimilaci¨®n de la drogadicci¨®n a esas enfermedades. Amparadas por fines supuestamente morales, las disposiciones y normas se acogen en la Administraci¨®n con entusiasmo.

En estos momentos, un internamiento forzoso s¨®lo puede realizarse por orden judicial; el juzgado de guardia suele remitir la solicitud a primera instancia, desde donde se env¨ªa a un forense, no siempre especializado en enfermedades mentales, que suele atender, afortunadamente, las indicaciones del psiquiatra que atiende al enfermo, si lo hay. En esos d¨ªas, el enfermo psiqui¨¢trico puede estar pasando sin atenci¨®n una crisis grave que quiz¨¢ le deteriore definitivamente. La polic¨ªa no puede intervenir -ni entrar en la casa donde est¨¢ el enfermo- sin orden judicial ni las ambulancias trasladarle. Y las ambulancias puede n negarse a hacerlo por razones de riesgo: algunos enfermos se han escapado o se han suicidado.

En las instituciones -p¨²blicas o privadas-, las estancias no suelen durar m¨¢s de 15 d¨ªas; en cuanto hay un per¨ªodo de calma se da el alta. Ning¨²n m¨¦dico ha advertido a los familiares de un enfermo dado de alta, en quien ve¨ªan un peligro inminente, de los riesgos latentes. Pero tal caso termin¨® en suicidio d¨ªas despu¨¦s, y tal otro, en agresiones a personas; otros -sin duda los menos- concluyen en sucesos sangrientos. Los homicidas ir¨¢n a parar a los psiqui¨¢tricos penitenciarios, cuya capacidad para ofrecer el tratamiento m¨¦dico adecuado puede considerarse muchas veces como inexistente. El director de uno de ellos ha explicado que sus internos han llegado a ¨¦l ya sin remedio por la falta de atenci¨®n en otros centros.

Estamos entonces en una l¨®gica circular. Miles de enfermos podr¨ªan sanar si el sistema garantiza su paulatina reintegraci¨®n social; pero conviene que se sepa que el riesgo de hechos como los que motivan este comentario subsiste. Especialmente si el principio general no se acompa?a de las necesarias dosis de prudencia y sentido com¨²n y de medios que no hagan descansar toda la responsabilidad en unos familiares no preparados para esta tarea.