M¨¢s vale tarde...

LOS ESPA?OLES que en los ¨²ltimos lustros han invertido sus ahorros en la adquisici¨®n de su vivienda -y son millones si se tiene en cuenta que el 70%. de los usuarios actuales de viviendas en Espa?a lo son en propiedad- no s¨®lo han tenido que protegerse de la estafa inmobiliaria, que en centenares de casos les ha dejado sin dinero y sin cobijo, sino que, si finalmente lograban obtener su vivienda, adem¨¢s deb¨ªan soportar el calvario de la mala construcci¨®n, con sus secuelas de goteras, cierres defectuosos, grietas de todo tipo e incluso fallos de sus elementos esenciales.Es cierto que desde el boom inmobiliario de los a?os sesenta, en el que floreci¨® la estafa y la regla al uso era construir deprisa y cuanto m¨¢s mejor, hasta el m¨¢s reciente ha llovido mucho, y bastante se ha hecho para garantizar al usuario una defensa eficaz frente a los estafadores sin escr¨²pulo. Sin embargo, recientes casos de enga?os masivos muestran c¨®mo las nuevas garant¨ªas legales no son suficientes para impedir las antiguas pr¨¢cticas mafiosas de vender una misma vivienda a varios compradores o de venderla hipotecada como si estuviera libre de cargas. Pero si frente al riesgo de la estafa la legislaci¨®n se ha perfeccionado, no ocurre lo mismo en cuanto a la calidad de la edificaci¨®n y de sus materiales.

Por lo que parece, este vac¨ªo legal va a ser finalmente cubierto con la futura ley de Ordenaci¨®n y Garant¨ªas de la Edificaci¨®n (LOGE), actualmente en elaboraci¨®n, y lo que sorprende es que se haya tardado tanto tiempo en disponer de una legislaci¨®n tan necesaria en un pa¨ªs como Espa?a, que pr¨¢cticamente ha levantado sus pueblos y ciudades de nueva planta en los ¨²ltimos 25 a?os. A las normas generales sobre responsabilidad del C¨®digo Civil -de dif¨ªcil cumplimiento, dadas la desigualdad de fuerzas entre usuarios y promotores y constructores y la lentitud de la justicia-, la nueva legislaci¨®n a?ade obligaciones espec¨ªficas por parte de los promotores inmobiliarios para garantizar a los usuarios la calidad de las viviendas y su entrega en los plazos acordados.

Hace 11 a?os, un primer intento del Gobierno de garantizar la calidad de la edificaci¨®n mediante la suscripcion de una p¨®liza que cubriese los posibles defectos o vicios fue rechazado por el sector inmobiliario con el argumento de que ello supondr¨ªa un importante incremento de los costes. Este mismo argumento se ha vuelto a escuchar ahora, cuando parece que los poderes p¨²blicos han decidido no retrasar por m¨¢s tiempo una regulaci¨®n legal que de una u otra forma viene obligada por la normativa de la Comunidad Europea. Sin embargo, aparte de que la f¨®rmula del seguro para garantizar la calidad de la vivienda comprada no supondr¨ªa la elevaci¨®n de su coste real, tal medida har¨ªa desaparecer un problema que motiva el 30% del total de las reclamaciones de los consumidores espa?oles. En cualquier caso, el objeto que persigue una medida de este tipo encaja perfectamente en el concepto de vivienda digna y adecuada que los espa?oles tienen derecho a disfrutar seg¨²n la Constituci¨®n.