Valer para un roto y un descosido

EL NOMBRAMIENTO de Leopoldo Torres Bour sault como fiscal general del Estado tras haber sido el candidato in p¨¦ctore del partido socialista a presidente del Senado da fe de la vigencia social del dicho popular que atribuye a determinadas personas u objetos la asombrosa capacidad de servir para supuestos tan distintos como un roto y un descosido. Que el antiguo secretario y vicepresidente primero del Congreso pueda regir con la misma soltura y pericia dos instituciones tan distintas como el Senado y la Fiscal¨ªa General del Estado no tiene nada de malo. M¨¢s bien al contrario, esta versatilidad constituye una cualidad que, por lo que se ve, no ha pasado inadvertida para quienes han considerado su persona perfectamente intercambiable en uno u otro puesto de responsabilidad. Pero las circunstancias de este nombramiento -producido a continuaci¨®n de la no obtenci¨®n por Torres Boursault de un esca?o de senador- y los criterios aleatorios en que parece fundamentarse lo impregnan de un inconfundible tufo a premio de consolaci¨®n que repercute inevitablemente en una devaluaci¨®n de ambas instituciones.Porque, en definitiva, esta manera de proceder parece responder a una visi¨®n un¨ªvoca de unas instituciones del Estado que tienen, sin embargo, unos espec¨ªficos y diferenciados contornos constitucionales, como ocurre claramente con el Senado y el ministerio fiscal, ubicada una en el ¨¢mbito del Legislativo y la otra en una zona intermedia entre el poder judicial y el ejecutivo. Y salvo que lo que se pretenda con este tipo de nombramientos sea servir a intereses distintos -o no exactamente coincidentes- a los de la instituci¨®n, parece l¨®gico que se tuviera un exquisito cuidado en que la persona designada para regirla fuera la m¨¢s adecuada a su naturaleza y funciones.

A su reconocida preparaci¨®n jur¨ªdica, Leopoldo Torres Boursault une una experiencia pol¨ªtica nada desde?able y una conducta militante de fidelidad a toda prueba al PSOE. Lo que no repugna a los plantean¨²entos y a la l¨®gica del sistema parlamentario choca, sin embargo, con las exigencias de apartidismo e independencia del ministerio fiscal, sometido en su actuaci¨®n a criterios de legalidad e imparcialidad y cuya misi¨®n en defensa de la legalidad y de otros valores constitucionales puede colisionar a veces con intereses coyunturales del Gobierno. Pero quiz¨¢ el quid de la cuesti¨®n est¨¦ en que lo que muchos juzgan una contradicci¨®n y, en cualquier caso, una inconveniencia, el Gobierno no lo considera en absoluto tal, sino m¨¢s bien elemento esencial de una concepci¨®n del ministerio fiscal seg¨²n la cual los criterios de oportunidad pol¨ªtica prevalecen sobre los estrictamente legales y jur¨ªdicos.

Una concepci¨®n que los socialistas han tenido tiempo de perfeccionar desde el nombramiento en su primera etapa de gobierno de un jurista independiente de fuertes convicciones democr¨¢ticas al frente de la Fiscal¨ªa General del Estado -el magistrado Luis Bur¨®n Barba- hasta su sustituci¨®n en 1986 por el ex ministro socialista Javier Moscoso, que, si bien fiscal de carrera, ha desarrollado una actividad p¨²blica m¨¢s al servicio de la pol¨ªtica que de la justicia, como se ha hecho palpable con su discutida actuaci¨®n en el famoso caso Amedo. Cuatro a?os despu¨¦s se reproduce lamentablemente el mismo esquema en el nombramiento de su sustituto.