"El Gobierno sabe que debo ser imparcial"

BONIFACIO DE LA CUADRA, El nuevo fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, de 49 a?os, cuatro hijos de su primer matrimonio, abogado desde 1965, afiliado al PSOE y a UGT desde 1973 -militancias que ha tenido que abandonar por su nombramiento-, est¨¢ feliz en su nuevo cargo y se muestra dispuesto a "vigorizar la Constituci¨®n, haci¨¦ndola respetar". Se niega a vincular su trayectoria socialista con cualquier tipo de servilismo al Ejecutivo y recuerda que, por el contrario, "el Gobierno conoce el deber constitucional del fiscal general de ser imparcial". Torres ha recabado un informe t¨¦cnico sobre la denuncia del Ejecutivo contra el diario El Mundo por una informaci¨®n sobre el caso Guerra.

La carrera parlamentaria de Leopoldo Torres Boursault, que de vicepresidente del Congreso de los Diputados habr¨ªa dado el salto a presidente del Senado se trunc¨® por la imprevisi¨®n del PSOE, que no cont¨® con su derrota en Madrid en las elecciones del 29 de octubre de 1989.Pregunta. Usted iba para presidente del Senado, el camino se le torci¨® y ahora es fiscal general del Estado. En sectores jur¨ªdicos ha molestado que este cargo pueda contemplarse como premio de consolaci¨®n.

Respuesta. Existen m¨¢s de seis puestos en el organigrama del Estado tan gratificantes como ¨¦ste y mucho m¨¢s confortables y placenteros. La fiscal¨ªa implica una responsabilidad seria y dista mucho de ser una canonj¨ªa en ning¨²n aspecto.

P. Su teor¨ªa de que este cargo es de confianza del Ejecutivo no parece muy compatible con la exigencia constitucional de que se sujete a los principios de legalidad e imparcialidad.

R. Cuando yo digo que parece l¨®gico que el Gobierno designe para una responsabilidad tan delicada a una persona de su confianza, lo que quiero significar es que no se comprender¨ªa que nombrara a una persona. de su desconfianza. Del mismo modo, entiendo que el Gobierno conoce los deberes del fiscal general y cuando designa a lana persona para este puesto asume que esa persona va a ser irriparcial y no va a hacer nada que flagrantemente contradiga ese mandato legal.

Modelo judicial europeo

P. Su experiencia como juez del tribunal europeo de derechos humanos, ?le sugiere alguna soluci¨®n para la justicia espa?ola?

R. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo obligan a aplicar los par¨¢metros judiciales europeos, m¨¢s exigentes que nuestra realidad y que contrastan con ella. En particular, es de destacar la oralidad de los procesos y la celeridad de la Administraci¨®n de Justicia. Mientras tanto, aqu¨ª estamos bordeando la demagogia de la justicia, dado el retraso en la celebraci¨®n de los juicios.

P. Como promotor de la acci¨®n de la justicia y defensor de los derechos de los ciudadanos, ?qu¨¦ iniciativas adoptar¨¢?

R. La de lograr que ning¨²n ciudadano que considere lesio nados sus derechos fundamen tales se quede sin el amparo de los poderes p¨²blicos. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero la desigualdad esen cial consiste en que quien tiene medios se defiende por s¨ª solo y quien no los tiene, necesita de alguien que le defienda. Ese es el papel del Ministerio Fiscal.

P. As¨ª pues, ?va a intensificar la presentaci¨®n de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, atribuci¨®n escasamente ejercida por sus antecesores en el cargo?

R. El fiscal general interpondr¨¢. recurso de amparo constitucional siempre que considere que se ha producido una infracci¨®n de los derechos Tundamentales que no pueda ser reparada directamente por el agraviado. En ese sentido, dar¨¦ instrucciones a los fiscales ante el Tribunal Constitucional. Es preciso vigorizar la Constituci¨®n, haci¨¦ndola respetar. Le recuerdo que tambi¨¦n el Defensor del Pueblo est¨¢ legitimado para interponer recursos de amparo.

P. De momento, ?va a recurrir la sentencia del Supremo que deneg¨® la revisi¨®n de la condena a muerte en 1963 al comunista Juli¨¢n Grimau?

R. Rotundamente, s¨ª. Aparte de consideraciones procesales que pueden avalar la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, existe un problema de sensibilidad jur¨ªdica para reparar una injusticia hist¨®rica, cometida por un tribunal represivo que ni siquiera estaba formado conforme a las leyes de la dictadura.

P. Usted ha asumido las actuaciones de su antecesor en el llamado caso Amedo. Pero, ?qu¨¦ har¨¢ si alguien le pide que investigue si los fondos reservados del Ministerio del Interior han financiado las acciones terroristas de los GAL?

R. Tengo la profunda convicci¨®n de que los fondos reservados no han sido utilizados, con conocimiento de quien puede disponer de eflos, para ftnanciar ninguna actividad ilegal. Ni la que usted indica ni ninguna otra. Si llegase a la convicci¨®n contrana, actuar¨ªa en consecuencia.

P. Para tener oportunidad de cambiar de convicci¨®n, usted necesitar¨ªa investigar. ?Lo har¨¢ si alguien se lo pide?

R. No s¨®lo eso. Tambi¨¦n puedo investigar por mi cuenta, de oficio. Pero nunca aceptar¨¦ que se publiquen detalles de esos fondos, reservados como su propio nombre indica.

Casos 'Amedo' y 'Guerra'

P. Si en el proceso en marcha del caso Amedo aparecen indicios de responsabilidades m¨¢s altas que las de los dos policias procesados, ?le temblar¨ªa el pulso para dirigir la acci¨®n de la justicia hacia cargos pol¨ªticos, aunque sean antiguos compa?eros de militancia?

R. Doy por excluida esa hip¨®tesis.

P. Y si en la investigaci¨®n de las fiscal¨ªas de Sevilla y C¨¢diz sobre las actividades de Juan Guerra aparecieran indicios de que el vicepresidente del Gobierno, contra lo afirmado en el Parlamento, conoc¨ªa la conducta presuntamente delictiva de su hermano, ?iniciar¨¢ actuaciones contra Alfonso Guerra por supuesta complicidad o remitir¨¢ los datos de que disponga al Congreso de los Diputados para la depuraci¨®n de las responsabilidades pol¨ªticas?

R. La pregunta induce cualquier respuesta, porque me da do s hip¨®tesis cerradas. Espero que los fiscales, a los que nada m¨¢s tomar posesi¨®n he ratificado mi confianza para que prosigan esta investigaci¨®n, formulen sus conclusiones sobre la misma. A la vista de ellas, decidir¨¦ si hay responsabilidades penales y contra qu¨¦ personas se ejercitan las acciones correspondientes, si ha lugar a ellas, dentro de las hip¨®tesis de trabajo que configuran los tipos penales del cohecho, la estafa y la prevaricaci¨®n.

P. ?Y la remisi¨®n de los datos al Parlamento?

R. El Parlamento me los puede pedir.

P. ?Va usted a querellarse contra El Mundo, denunciado por el Gobierno por una informaci¨®n sobre el caso Guerra?

R. He recabado un informe de la secretar¨ªa t¨¦cnica sobre si existen indicios de delito.