?Qu¨¦ apertura?

FELIPE GONZ?LEZ ofreci¨® en el discurso de su tercera investidura abrir el juego pol¨ªtico. Para significar algo, esa apertura tendr¨ªa que manifestarse en la actitud de la mayor¨ªa ante las minor¨ªas. Ello no s¨®lo era una necesidad derivada de la magnitud de las tareas que el Ejecutivo se propon¨ªa abordaren los pr¨®ximos a?os, evocadas como justificaci¨®n del adelanto de las elecciones, sino consecuencia l¨®gica de los resultados de ¨¦stas. Pues si los ciudadanos han renovado la confianza otorgada a los socialistas, no puede olvidarse que seis de cada 10 electores han optado por otras alternativas. La apertura no era, por tanto, una concesi¨®n graciosa, sino una exigencia pol¨ªtica derivada de las urnas.Transcurridos m¨¢s de tres meses desde las elecciones, los s¨ªntomas son m¨¢s bien desalentadores. Ya fue bastante revelador el comportamiento gubernamental en la designaci¨®n del nuevo fiscal general del Estado: no s¨®lo no se intent¨® consensuar tal nombramiento, sino que se eligi¨® a una persona muy caracterizada por su militancia pol¨ªtica en el partido del Gobierno. Por cierto, interpretando la ley con cierta manga ancha, puesto que la exigencia de no afiliaci¨®n pol¨ªtica del fiscal se resolvi¨® mediante el tr¨¢mite de anunciar la baja en el partido la v¨ªspera del nombramiento. Pero mucho m¨¢s grave es lo que ha estado a punto de ocurrir en la televisi¨®n p¨²blica. La oferta de consensuar un nuevo Estatuto de RTVE se condicion¨® en la pr¨¢ctica a la previa constituci¨®n de un consejo de administraci¨®n del gusto de la rriayor¨ªa socialista. El Gobierno comunic¨® en un principio que estaba dispuesto a negociar dicha composici¨®n, pero reiter¨® simult¨¢neamente que, en el caso de no haber un r¨¢pido acuerdo, proceder¨ªa a la inmediata designaci¨®n de Luis Solana como director general por un nuevo per¨ªodo. Ello hubiera significado que el visto bueno exigido por la ley se solicitar¨ªa del consejo de administraci¨®n en funciones, es decir, el constituido en 1986, que tendr¨ªa que haber cesado tras las legislativas de octubre. Para el PP, esto podr¨ªa constituir un fraude de ley. Afortunadamente, a ¨²ltima hora ha habido un cambio de actitud y el Ejecutivo ha aplazado el nombramiento de director de RTVE hasta constituir el consejo de administraci¨®n definitivo.

En las actuales circunstancias -es decir, cuando el sectarismo de la televisi¨®n estatal durante las elecciones va a ser objeto de investigacl,¨®n parlamentaria y cuando la negativa a retransmitir el debate sobre el caso Guerra ha ilustrado hasta el rid¨ªculo la falta de criterios profesionales de quienes dirigen ese medio-, la renovaci¨®n de Solana constituir¨ªa una provocaci¨®n. Irritado por lo que considera antigubernamentalismo de la mayor parte de los peri¨®dicos, revistas y radios privadas, se considera con derecho a compensar esa -supuesta o real- tendencia dominante mediante la manipulaci¨®n de los medios que controla. Pero esos medios son p¨²blicos y est¨¢n sometidos a unas normas que exigen expresamente su imparcialidad. Y si bien el oficialismo m¨¢s o menos descarado de los medios p¨²blicos es una constante en muchos pa¨ªses -con magn¨ªficas excepciones que deber¨ªan servir de ejemplo-, el servilismo a que se ha llegado con Luis Solana resulta escandaloso. Meti¨¦ndolas en el mismo saco que la demagogia de los profetas del apocalipsis socialista, el Gobierno se ha hecho el distra¨ªdo respecto a las razonables denuncias de ese sectarismo emanadas de la Prensa, los sindicalistas y los partidos democr¨¢ticos. Ahora paga las consecuencias y, en pleno desconcierto, parece apostar por el continuismo.

Es cierto que los renovados cachorros de la derecha utilizan a veces tonter¨ªas tendentes a cuestionar la legitimidad del Gobierno emanado de las urnas. Pero no ser¨ªajusto ignorar que es precisamente la torpeza del Ejecutivo lo que est¨¢ favoreciendo esa irresponsable audacia. Hay que modificar urgentemente el actual Estatuto de RTVE, comenzando por el sistema de nombramiento del director general. A ello debe supeditarse lo dem¨¢s, incluida la composici¨®n del consejo. En esta l¨ªnea, el Gobierno deber¨ªa ser el primer interesado en ampliar la representatividad de dicho ¨®rgano dando entrada en el mismo a las cuatro principales fuerzas de oposici¨®n de acuerdo con el mayor pluralismo expresado el 29 de octubre. Si no, ?a qu¨¦ apertura se refer¨ªa el presidente?