Gobierno, sindicatos ?seducidos por el IPC?

Ocurre con frecuencia que personas que llegan a ser conocidas porque destacan en una especialidad deportiva, cient¨ªfica, etc¨¦tera, se ven solicitadas por los medios de comunicaci¨®n y por el p¨²blico en general para que opinen, aconsejen o colaboren en cualquier materia ajena a su especialidad sobre la que, debido a su intensa dedicaci¨®n a una tarea espec¨ªfica, suelen tener poca informaci¨®n.Algo semejante sucede con el ¨ªndice de precios al consumo (IPC). Se trata de un ¨ªndice especializado en informar sobre el nivel de gasto requerido para poder comprar lo mismo en per¨ªodos sucesivos. El hecho de que el IPC ofrezca esta informaci¨®n de inter¨¦s general le convierte en el m¨¢s popular de los indicadores econ¨®micos. Su popularidad parece ejercer cierto tipo de seducci¨®n sobre individuos y organizaciones sociales, que tienden a encomendarle todo tipo de cometidos.

Cada d¨ªa surgen nuevos ejemplos del proceso de IPC-izaci¨®n a que est¨¢ sometida nuestra vida cotidiana. Uno de estos ejemplos, a la vez chocante y significativo, es la anunciada incorporaci¨®n del IPC al C¨®digo de Circulaci¨®n, para que en el futuro sirva de gu¨ªa en la revisi¨®n de la cuant¨ªa de las multas. S¨®lo la popularidad del IPC parece justificar esta nueva y sorprendente tarea, pues, por las caracter¨ªsticas de este ¨ªndice, podr¨ªa pensarse que la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico trata de asegurarse de que la cuant¨ªa de cada multa mantendr¨¢ en el futuro su capacidad de compra de pan, frutas, etc¨¦tera. En el caso de que, como suponemos, no se tratara de esto y s¨ª de mantener el poder de castigo o de disuasi¨®n de la multa, ser¨ªa m¨¢s adecuado actualizar tal cuant¨ªa con alg¨²n indicador del esfuerzo que debe de realizar el conductor para obtener el dinero de la multa (quiz¨¢ el ¨ªndice de evoluci¨®n del salario medio por hora trabajada) o con la evoluci¨®n media de la capacidad de compra (para lo que quiz¨¢ podr¨ªa tomarse como referencia la evoluci¨®n de la renta per c¨¢pita). Y no se piense que los reparos al uso del IPC para este cometido son una man¨ªa de te¨®rico purista, pues resulta que una multa que en 1970 hubiese equivalido a ocho horas de trabajo retribuidas al salario medio, de haberse actualizado con el IPC, en 1990 esa multa se pagar¨ªa con unas tres horas de trabajo: el esfuerzo requerido para pagar la sanci¨®n se reducir¨ªa a casi un tercio.

?ste es uno de los muchos ejemplos de uso inapropiado del IPC, cuyas consecuencias no van mucho m¨¢s all¨¢ de requerir una revisi¨®n del criterio de actualizaci¨®n establecido, tras un corto per¨ªodo de vigencia. Hay casos, sin embargo, que tienen una importante trascendencia econ¨®mica y, social. De entre ¨¦stos destaca la utilizaci¨®n del IPC en los acuerdos sobre revisiones salariales.

Capacidad de compra

Un primer reparo al uso del IPC en revisiones salariales se deriva de que, por la forma en que se calcula, puede ser un indicador adecuado para valorar la evoluci¨®n de la capacidad de compra del ingreso disponible para el gasto una vez pagados los impuestos directos, pero no para valorar la evoluci¨®n de la capacidad de compra de los salarios, dado que ¨¦stos son ingresos brutos ?a los que habr¨¢ que descontar los impuestos directos. S¨®lo cuando el tipo impositivo permanezca constante puede considerarse el IPC adecuado para valorar la evoluci¨®n de retribuciones brutas. Pero ¨¦ste no es el caso en Espa?a, donde desde 1981 el tipo impositivo viene creciendo a una media de casi un 5% anual.

Algo m¨¢s que un problema de valoraci¨®n de impuestos se produce cuando el IPC se utiliza en normas o acuerdos para la actualizaci¨®n de retribuciones de asalariados o pensionistas, en per¨ªodos en los que la renta real per c¨¢pita crece a tasas tan elevadas como las de la econom¨ªa espa?ola en los ¨²ltimos a?os.

Con la renta real creciendo a tasas que llegan a superar el 5% anual, las retribuciones medias inevitablemente crecen por encima de los precios, a menos que se produzcan modificaciones en la distribuci¨®n funcional de la renta y en la poblaci¨®n ocupada, mayores y m¨¢s continuadas que las que puedan estar produci¨¦ndose actualmente en la econom¨ªa espa?ola.

En esta situaci¨®n, la encuesta de salarios del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) muestra que los acuerdos de revisi¨®n de retribuciones en torno al crecimiento del IPC s¨®lo son respetados por aquellos colectivos para los que su reducida capacidad reivindicativa los hace de cumplimiento inevitable: pensionistas, buena parte de los funcionarios y contratados de la Administraci¨®n y, en general, los trabajadores menos organizados.

Es un hecho que los trabajadores que en sus empresas poseen capacidad de presi¨®n con la negociaci¨®n salarial sobrepasan el incremento del IPC sin someterse a acuerdos que puedan establecerse entre organizaciones sindicales y patronales con la pretensi¨®n de fijar incrementos salariales ajenos a la situaci¨®n de crecimiento general de la econom¨ªa y de la productividad.

Los funcionarios con mayor capacidad de presi¨®n o mejor organizados obtendr¨¢n incrementos salariales superiores a los establecidos con car¨¢cter general en los presupuestos si ¨¦stos no superan adecuadamente los incrementos del IPC, provocando procesos continuados de seudodeslizamiento con saltos de niveles administrativos, creaci¨®n o elevaci¨®n de complementos.

La renta real

Los pensionistas, buena parte de los funcionarios y contratados de la Administraci¨®n y los trabajadores en situaciones menos favorables para la reivindicaci¨®n salarial pueden ser los que est¨¦n sufriendo la creciente adicci¨®n social al IPC. Adicci¨®n que induce a considerar que para estos colectivos es suficiente con que puedan comprar lo mismo a?o tras a?o, a pesar de que ello significa que se les niega la parte que pudiera corresponderles en el incremento general de la renta real, y que se provoca de ese modo su empobrecimiento relativo y el sentimiento de empobrecimiento absoluto: no es probable que, por ejemplo, sigamos conservando la sensaci¨®n de bienestar al cabo de los a?os si nuestro salario mantiene como l¨ªmite la posibilidad de comprar el Seat 600 que tan apreciado fuera en el pasado, cuando a nuestro alrededor la capacidad media de consumo ha estado creciendo de modo que el coche medio actual es el Renault 19. O en otros t¨¦rminos, de acuerdo con lo dicho para las multas de tr¨¢fico, aquellos funcionarios y contratados, como los profesores de la ense?anza p¨²blica, cuyos ingresos crecieron en torno al crecimiento del IPC desde 1970, han visto c¨®mo, mientras que ellos manten¨ªan su capacidad de compra, la mayor¨ªa de los asalariados aumentaban la suya en unas dos veces y media desde ese a?o hasta el presente: el poder de compra relativo de muchos funcionarios se ha reducido en un 60% en los 20 ¨²ltimos a?os.

Refiri¨¦ndonos al protagonismo del IPC en el presente m¨¢s inmediato encontramos que, s¨®lo en 1989, los funcionarios que se vean obligados a cumplir los acuerdos Gobierno-sindicatos sobre revisiones salariales acumular¨¢n una p¨¦rdida de capacidad de compra relativa superior a un 4% respecto de la capacidad de compra del resto de los asalariados, pues, aun con la revisi¨®n a?adida del 1,2%, se producir¨¢ una p¨¦rdida de casi dos puntos respecto de lo indicado por el IPC, a la que habr¨¢ que sumar la p¨¦rdida relativa correspondiente a la parte del crecimiento real de la econom¨ªa que no recibieron, ya que el IPC no lo refleja.

Lo alarmante de la entronizaci¨®n del IPC es que puede conducir a que el Gobierno, los medios de comunicaci¨®n e incluso los sindicatos sientan satisfacci¨®n ante acuerdos que en realidad sirven para consolidar una sistem¨¢tica distribuci¨®n desigual del crecimiento econ¨®mico.