El PP insiste en que Leguina y Borrell aclaren la gesti¨®n y el traspaso de la Diputaci¨®n

El Partido Popular en la Asamblea de Madrid anunci¨® ayer la pr¨®xima presentaci¨®n de una demanda ante el Tribunal de Cuentas para que determine las posibles responsabilidades econ¨®micas de aquellos funcionarios y pol¨ªticos que, como C¨¦sar Cimadevilla, Jos¨¦ Borrell y Joaqu¨ªn Leguina, se encargaron de la gesti¨®n de la Diputaci¨®n Provincial en los ¨²ltimos a?os y del traspaso del patrimonio de este organismo a la actual Comunidad. Los socialistas coinciden en tachar esta nueva ofensiva de "fuego de artificio" y afirman que el tribunal, tras fiscalizar el per¨ªodo 1979-1983, s¨®lo encontr¨® defectos formales.

"El Tribunal de Cuentas, al auditar los ejercicios de la desaparecida Diputaci¨®n, ha ejercido una funci¨®n fiscalizadora. Ahora, queremos que ejerza la jurisdicci¨®n contable", asegur¨® ayer Jos¨¦ L¨®pez L¨®pez, diputado del PP en la Asamblea.El PP, seg¨²n L¨®pez, pretende con esta nueva demanda que se: determinen las responsabilidades econ¨®micas, no las penales, en que pudieron incurrir cuantos pol¨ªticos y funcionarios se ocuparon de la gesti¨®n de la Diputaci¨®n entre 1979 y 1983 y de cuantos se encargaron del traspaso patrimonial a la Comunidad. "Si el tribunal determinara que existen responsabilidades econ¨®micas podr¨ªa fijar el reintegro de cantidades por da?os y perjuicios ocasionados a los caudales y efectos p¨²blicos", dijo L¨®pez.

"Groser¨ªa democr¨¢tica"

"Si Leguina ha cometido la groser¨ªa democr¨¢tica de no comparecer ante el pasado jueves ante el pleno de la Asamblea para explicar el procedimiento seguido en el traspaso de bienes y servicios de la Diputaci¨®n a la Comunidad, s¨ª tendr¨¢ que responder al tribunal por qu¨¦ no firm¨® las actas de traspaso", dice L¨®pez."Tambi¨¦n tendr¨¢ que responder Jos¨¦ Borrell, responsable de Hacienda en la Diputaci¨®n. Tendr¨¢ que decir, por ejemplo, por qu¨¦ se hicieron dos pagos en la residencia de ancianos de Colmenar de 5 y 10 millones sin deudor conocido o por qu¨¦ se adjudic¨® la obra de un edificio, en contra de los informes de los t¨¦cnicos, a una empresa desconocida en una cantidad que al final se elev¨® a m¨¢s del doble. Al menos, hay que investigarlo".

L¨®pez afirma estar dispuesto a ir "hasta el final" y no le importa que los socialistas propongan investigar per¨ªodos anteriores, a 1979. "Habl¨¦ en octubre con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y me dijo que fu¨¦ramos adelante cayera quien cayera". Seg¨²n L¨®pez la auditor¨ªa del Tribunal de Cuentas realizada entre 1984 y 1989 y conocida el verano pasado es un "asunto emblem¨¢tico" para su partido.

"De la auditoria del Tribunal de Cuentas no se ha derivado ninguna responsabilidad pena?", manifest¨® ayer Marcos Sanz, portavoz del grupo socialista en la Asamblea.

"El tribunal reconoce la imposibilidad de hacer un trabajo m¨¢s serio, ante la falta de papeles", asegur¨®, por su parte, Luis Alejandro Cendrero, consejero de Hacienda."Desde 1975 a 1979 pr¨¢cticamente no hay papeles. Del cuatrienio posterior se han encontrado muchos pero no todos. Hay que tener en cuenta los a?os transcurridos", agreg¨®.

"Al primer gobierno regional se le ha acusado de que no hizo una liquidaci¨®n de las cuentas de la Diputaci¨®n. Se trataba de la misma instituci¨®n que adoptaba una forma distinta. Incluso la Comunidad continu¨® con el mismo presupuesto de la Diputaci¨®n. Cuando se acab¨® ese a?o se hicieron las cuentas del ejercicio", manifest¨® el consejero.

Para Cendrero la pol¨ªtica del PP en este tema es "una agitaci¨®n pol¨ªtica absurda, una p¨¦rdida de tiempo lamentable y el reflejo de que el s¨ªndrome de la moci¨®n de censura sigue ah¨ª". Para el diputado regional C¨¦sar Cimadevilla, presidente de la Diputaci¨®n en 1982 cuando sustituy¨® a Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, "es una situaci¨®n de ruido permanente".

"Si el Tribunal hubiera observado algo grave, algo perseguible, habr¨ªa actuado de oficio", dijo Cimadevilla. "Los socialistas nos tuvimos que hacer cargo de una Diputaci¨®n que era un aut¨¦ntico desastre. Las pegas que pone la auditor¨ªa son sobre formalidades no seguidas en aplicaci¨®n de una Instrucci¨®n de 1952 ya cambiada por la ley", afirm¨®.