La ley y las conductas

En general, los latinos, y especialmente los espa?oles, tenemos un concepto romano de la vida, creemos que los problemas sociales se arreglan a golpes de leyes y de jueces. Un error lento y caro.En el ¨²ltimo mes hemos asistido a un bombardeo de tensiones a prop¨®sito del ahora denominado tr¨¢fico de influencias. Se ha dicho de todo, pero no se ha dicho todo, ni de la mal llamada clase pol¨ªtica ni de la Prensa.

Los medios de comunicaci¨®n espa?oles no son homologables a los que funcionan en las sociedades democr¨¢ticas. Cualquier profesional del periodismo que a¨²n no haya enloquecido sabe que la Prensa, como algunas fincas, es aqu¨ª manifiestamente mejorable.

En democracia, los medios pueden escribir y decir lo que les venga en gana. Si cometen un delito (calumnias, ataques a la honorabilidad de las personas, etc¨¦tera), lo pagan con desprestigio y con dinero. Pero no hay ley que pueda regular cosas tan complejas como el contraste solvente de una noticia, la relaci¨®n entre el titular que se asigna y el texto de la noticia misma, la rectificaci¨®n leal, etc¨¦tera. En suma, no hay ley capaz de contrarrestar la manipulaci¨®n informativa.

En lugares con mayor experiencia democr¨¢tica que la espa?ola se han encontrado soluciones. All¨ª existen medios informativos cuyo l¨ªmite es la ley, y otros cuyo l¨ªmite es la decencia.

En Espa?a, piara nuestra desgracia, todo est¨¢ mezclado. En mi particular opini¨®n, los l¨ªmites de la decencia informativa no pueden se?alarse mediante una norma legal de cumplimiento general. Por el contrario, s¨ª es posible que los l¨ªmites de la decencia sean reglados por los propios medios de comunicaci¨®n: profesionales y empresas.

Un ciudadano que lee, escucha o ve un medio de comunicaci¨®n -como quien consume un producto cualquiera- tiene el elemental derecho a saber los componentes de ese producto.

Grosso modo, hay dos tipos de producto informativo. El de tipo S (serio) y el de tipo Y (yellow). Quienes consuman S saben que all¨ª las noticias est¨¢n contrastadas, la mentira erradicada, los titulares no son un se?uelo, se respeta el derecho de rectificaci¨®n, la ideolog¨ªa del medio est¨¢ claramente separada de la informaci¨®n que ¨¦ste da, se aceptan los derechos profesionales de los redactores, etc¨¦tera. Si se trata de un medio Y, el lector sabe que su divisa no conoce el miedo, la verdad es all¨ª un mero accidente, y en Y, los autotitulados periodistas investigadores constituyen una mixtura de huelebraguetas y calumniadores.

Pertenecer al grupo S es voluntario. Decisi¨®n que afecta al cr¨¦dito del medio y tambi¨¦n a su mercado. Ser¨ªa deseable que el mercado Y fuera nulo, pero ni lo es ni lo va a ser. Empero, existe en Espa?a un mercado para S potencialmente tan grande como para producir la ruptura. Para ello bastar¨ªa con que todos los medios p¨²blicos y los privados de prestigio que lo deseen apostaran por S, dejando a los Y ante el dilema de elegir entre el cr¨¦dito social y el mercado.

Para el consumidor, ¨¦sta es la m¨¢s segura soluci¨®n, lo es tambi¨¦n para el productor, vale decir, para los medios de comunicaci¨®n y sus profesionales. ?Qu¨¦ hacer con el tr¨¢fico de influencias? Lo pod¨ªamos llamar: comisiones, negocietes o simplemente tacto de codos de las empresas con el poder. ?Es posible erradicarlo mediante una ley? No hay abrumadoras razones para ser optimistas, pues en el fondo no se trata de una cuesti¨®n legal -al menos, no es s¨®lo una tarea jur¨ªdica-, es un asunto de moral p¨²blica y, si es as¨ª, los comportamientos habr¨¢n de regularse de otra forma.Tal como est¨¢n las cosas, quiz¨¢ una ley sea necesaria, y, en todo caso, el PSOE ha hecho bien anunciando que ir¨¢ tan lejos como el que m¨¢s; pero cuando se lee, por ejemplo, que un presidente de empresa p¨²blica, tras su cese, no podr¨¢ ejercer en cuestiones afines durante dos a?os, y lo mismo vale para sus parientes y allegados, se percibe una doble impresi¨®n: a) los pr¨®ximos directivos de la cosa p¨²blica no ser¨¢n necesariamente mejores profesionales que antes de esa ley, y b) que esto de la pol¨ªtica puede convertirse en una cosa para funcionarios o para ricos; por cierto, a estos ¨²ltimos nunca les pillan las incompatibilidades.

Un pensamiento sacado del pesimismo patrio viene al caso: "La justicia de enero es muy rigurosa, esperemos a febrero, que ser¨¢ otra cosa".

?C¨®mo entrarle al problema? El objetivo a conseguir es la seguridad entre los ciudadanos de que sus representantes pol¨ªticos se comportan con honradez, lo que implica que si alguno incurre en comportamientos deshonestos va a ser expulsado de ese colectivo. Se trata tambi¨¦n, en este caso, de establecer mecanismos de autorregulaci¨®n.

Puesto que a quienes estamos en cargos de representaci¨®n pol¨ªtica se nos otorgan m¨¢s derechos que al com¨²n de los ciudadanos (poder de decisi¨®n, representaci¨®n y otros narcisismos ...) es l¨®gico que tengamos m¨¢s obligaciones. Entre ellas, una elemental: no tenemos derecho a enriquecernos.

S¨®lo mediante c¨®digos de conducta expl¨ªcitos, claros y p¨²blicos puede conseguirse esa seguridad para los ciudadanos. ?C¨®mo? A mi modo de ver, de dos formas: un c¨®digo,de conducta v¨¢lido para todos los partidos pol¨ªticos y c¨®digos de conducta espec¨ªficos para cada uno .de los partidos. Estos segundos deber¨ªan recoger la cultura particular de cada formaci¨®n pol¨ªtica. Si as¨ª se hiciera, los ciudadanos y los propios partidos sabr¨ªan, sin tener que recurrir al C¨®digo Penal, qui¨¦n est¨¢ actuando correctamente y qui¨¦n debe marcharse. Que se sepa rotundamente que no se debe ni se puede estar al plato y a las tajadas. De no ser as¨ª, a muchos -quiero suponer que a la inmensa mayor¨ªa- se nos va a quedar cara de imb¨¦ciles.

es presidente de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid.