Siete profesores llevan nueve a?os sin cobrar su liquidaci¨®n por el retraso de un juicio

Siete profesores que en 1980 reclamaron al colegio en el que trabalaban sus liquidaciones por fin de contrato, contin¨²an sin cobrar, ya que todav¨ªa no se ha celebrado el juicio contra el representante del colegio, al que acusaron de presentar en Magistratura de Trabajo siete recibos falsos de saldo y finiquito.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que se denunci¨® el caso, contest¨® que el retraso de la Audiencia Provincial de Madrid en celebrar el juicio "obedece a causas estructurales" y el Defensor del Pueblo inform¨® que el tribunal tiene 3.000 asuntos pendientes de se?alamiento de juicio.

Jos¨¦ Miguel Mart¨ªrtez Gonz¨¢lez del Campo, abogado de los siete profesores, se dirigi¨® el 22 de mayo de 1989 al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo con el prop¨®sitode que se adoptaran las medidas necesarias "para restaurar la violaci¨®n del derecho de mis defendidos", dec¨ªa, "a un proceso justo y sin dilaciones indebidas". El letrado daba cuenta de que la querella contra el representante del colegio fue presentada en diciembre de 1980 y admitida a tr¨¢mite el 17 de enero siguiente.

Delito de falsedad

En octubre de 1984 el querellado fue procesado por la posible comisi¨®n de un delito de falsedad en documento privado y, tras concluirse el sumario un a?o despu¨¦s, la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid fij¨® el juicio para el 17 de diciembre de 1987, pero hasta el momento no se ha celebrado. El abogado de los profesores invoc¨® el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, que reconoce el derecho un proceso "sin dilaciones indebidas", as¨ª como la doctrina de Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seg¨²n los cuales, la acumulaci¨®n de trabajo o las deficiencias estructurales no justifican el incumplimiento por parte de los Estados del mencionado derecho fundamental de los ciudadanos. Sin embargo, la respuesta del CGPJ ha sido el archivo de la denuncia, por considerar que el retraso se debe a "causas estructurales". Por su parte, el Defensor del Pueblo, en un escrito firmado por su titular, ?lvaro Gil-Robles, transmite la respuesta del fiscal general del Estado, seg¨²n la cual el retraso se debe al "volumen de asuntos conclusos y ¨²nicamente pendientes de se?alar -m¨¢s de 3.000- y a la l¨®gica prioridad de los asuntos con preso".A la vista de este informe, Gil-Robles comunic¨® al letrado el pasado mes de enero: "Prosigue nuestra investigaci¨®n, de cuyo resultado le mantendremos informado".