Un debate casi inexistente

EL NECESARIO debate sobre un texto tan trascendental para el futuro de los espa?oles como el anteproyecto de ley de Ordenaci¨®n del Sistema Educativo (LOSE) amenaza con discurrir por derroteros secundarios y enredarse en particularismos y en intereses de capilla. La derecha parece mostrar inter¨¦s exclusivo por cuestiones como la financiaci¨®n p¨²blica de la ense?anza privada y la perpetuaci¨®n en la escuela -indistintamente p¨²blica o privada- de restos de confesionalidad, contradictorios con un Estado que se declara aconfesional en su Constituci¨®n. Es, sin lugar a duda, un empe?o que obsesiona a los conservadores desde los inicios de la transici¨®n pol¨ªtica. Por su parte, las c¨²pulas de las asociaciones estudiantiles, que se oponen tambi¨¦n a la citada ley, han sustituido el debate en torno a su contenido por la amenaza directa de una huelga general y varias manifestaciones.Todos los aspectos del sistema educativo que va a permitir a las pr¨®ximas generaciones de espa?oles competir en condiciones de igualdad con las europeas merecen ser debatidos a fondo, incluso los aparentemente m¨¢s nimios. Pero si es preocupante que los grupos sociales e ideol¨®gicos m¨¢s interesados apenas hayan dicho nada en los dos largos a?os transcurridos desde la presentaci¨®n de la propuesta de reforma hasta su articulaci¨®n en anteproyecto, no lo es menos que ahora su aportaci¨®n al debate se reduzca exclusivamente a puntos de vista sesgados o a actitudes beligerantes. El tr¨¢mite de consulta del anteproyecto a organismos tales como los consejos General de la Formaci¨®n Profesional y Escolar del Estado, en los que est¨¢ representado un amplio espectro de organizaciones sociales, deber¨ªa servir de mecha para la discusi¨®n de altura que exige una ley de esta influencia social. Una pol¨¦mica que debe centrarse, sobre todo, en aspectos esenciales de la nueva norma, como la organizaci¨®n de la formaci¨®n profesional, la nueva estructura de la ense?anza obligatoria y la eterna cuesti¨®n del acceso a la Universidad al finalizar el bachillerato. Sin olvidar, naturalmente, los problemas de la financiaci¨®n de una reforma tan ambiciosa.

Lamentablemente, tal y como algunas reacciones iniciales apuntan, lo que hasta el momento ha trascendido de ese debate son sus aspectos m¨¢s anecd¨®ticos. A tenor de sus primeras iniciativas p¨²blicas, el Partido Popular y los obispos parecen empe?ados en seguir identific¨¢ndose casi exclusivamente con los intereses de la ense?anza privada, sin tener en cuenta el precedente hist¨®rico de la LODE (la primera norma educativa de iniciativa socialista), que hizo por la ense?anza privada algo que no hicieron ni los gobiernos de la dictadura ni los de la transici¨®n: institucionalizar su financiaci¨®n por el Estado, aunque sometida a un m¨ªnimo y l¨®gico control.

En aquella ocasi¨®n, la proclividad al festejo popular y el deseo de mostrar en la v¨ªa p¨²blica la capacidad de movilizaci¨®n de ciertas organizaciones cat¨®licas convirtieron las calles en un ¨¢mbito de debate ins¨®lito para quienes suelen anteponer el orden p¨²blico a muchas otras reivindicaciones. Tambi¨¦n hay que recordar que entonces los obispos adoptaron una actitud oficial de moderaci¨®n y di¨¢logo, mientras la conservadora Alianza Popular se debat¨ªa en la duda de si aparecer o no oficialmente en la protesta, e incluso de financiarla. Pues bien, ahora, justo en el momento en que el PP proclama su voluntad de convertirse en un partido "centrado, moderado e independiente", adopta la decisi¨®n, con el pretexto de la LOSE, de tomar la delantera a las organizaciones confesionales para resucitar las protestas. Simult¨¢neamente, los obispos dudan si apuntarse y, de momento, magnifican divergencias secundarias. En cualquier caso, siguen sin exponer cr¨ªticas rigurosas a la reforma.

Cuesti¨®n distinta es la s¨²bita irrupci¨®n en la escena de las c¨²pulas de las organizaciones estudiantiles que, antes de someter a debate el texto del anteproyecto de reforma educativa, amenazan con ir a la huelga general. Los dirigentes estudiantiles han dispuesto de dos a?os para impulsar (en los centros educativos, y no s¨®lo en el interior de sus organizaciones) el debate sobre la ley que se preparaba, y no lo han hecho. Ciertamente, parece dif¨ªcil exigir a las organizaciones estudiantiles lo que las profesionales o pol¨ªticas han ignorado, es decir, discutir desde el conocimiento y proponer alternativas. Ello no impide, tampoco, criticar la actitud de algunos grupos que, con la premura que da el haber convocado una huelga general, han recorrido institutos de bachillerato exponiendo muy someramente los aspectos negativos de una ley que, en el mejor de los casos, resulta una total desconocida tanto para los alumnos como para sus padres y educadores.