Problemas pendientes de la democracia

"El presidente me dio a entender que el peri¨®dico apenas merec¨ªa su actual autonom¨ªa. Manifiestamente sensible a las cr¨ªticas de que a veces hab¨ªa sido objeto, me pareci¨® totalmente indiferente a la funci¨®n de contrapoder de la Prensa, funci¨®n sobre la que disert¨® m¨¢s de una vez con talento". Estas frases, referidas a Val¨¦ry Giscard d'Estaing y, al diario Le Figaro, figuran en las memorias del soci¨®logo y periodista franc¨¦s Raymond Aron, y revelan las habituales tensiones entre el poder pol¨ªtico y los medios de comunicaci¨®n en cualquieretapa de las sociedades democr¨¢ticas. La analog¨ªa entre las vivencias descritas por Aron y la crispaci¨®n que est¨¢ centrando las relaciones entre los socialistas y la Prensa en Espa?a en los ¨²ltimos tiempos no est¨¢ de m¨¢s.La tirantez entre el Gobierno socialista y los medios de comunicaci¨®n tiene su ¨²ltimo episodio en las declaraciones del ministro de Cultura, Jorge Sempr¨²n, en las que ha calificado a la Prensa de "uno de los problemas pendientes de la democracia". Sempr¨²n ha tenido el valor y la oportunidad de abrir un debate en el terreno de la dial¨¦ctica, independiente de lo que ¨¦l mismo ha denominado "procedimientos autoritarios", como son las querellas que en los ¨²ltimos tiempos han llegado a los medios de comunicaci¨®n.Olvidemos por un momento el caso Juan Guerra y dejemos tambi¨¦n en segundo t¨¦rmino las presuntas responsabilidades pol¨ªticas del vicepresidente del Gobierno, y del Ejecutivo, abundantemente desarrolladas en informaciones, editoriales y tiras de humor en los medios de comunicaci¨®n. Sempr¨²n mencion¨® el aprovechamiento que de este y otros casos est¨¢ haciendo la prensa amarilla. La prensa amarilla como tal ha aparecido en Espa?a de repente, pero el amarillismo est¨¢ impregnado en la tradici¨®n period¨ªstica espa?ola desde hace mucho tiempo y a veces parece que cada vez con m¨¢s fuerza; el amarillismo period¨ªstico es un abuso del poder de la Prensa frente a los ciudadanos que consiste en atacar el honor o invadir la intimidad de los mismmos, conculcando principios constitucionales en nombre de la libertad de expresi¨®n.Hace poco tiempo, el catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica Jaime Garc¨ªa A?overos escribi¨® un art¨ªculo en el que se mencionaba este fen¨®meno. "Hay gente", escrib¨ªa A?overos, "que aqu¨ª, en Espa?a, se siente oprimida. No s¨®lo por el poder pol¨ªtico, aunque tambi¨¦n. Ahora me refiero espec¨ªficamente a poderes no siempre p¨²blicos, frente a los que el ciudadano no parece tener defensa. Hasta el punto de que algunos piensan, parafraseando aquella vieja f¨®rmula, que entre tantas leyes que nos rigen hay una norma escrita en alg¨²n importante lugar seg¨²n la cual 'todo espa?ol ser¨¢ objeto de falso testimonio y moralmente linchado".

Sin embargo, ni todos los medios de comunicaci¨®n ni todos los periodistas trabajamos bajo esta filosof¨ªa de desecho. Por ello es por lo que algunos hemos defendido un c¨®digo deontol¨®gico que funcione como control de calidad para los ciudadanos, de modo que el que se salga del mismo pertenecer¨¢ a otra forma de hacer periodismo, y los lectores, propietarios ¨²ltimos de la informaci¨®n , sabr¨¢n a qu¨¦ atenerse. La autorregulaci¨®n, que se establecer¨ªa mediante un debate entre los editores, directores y periodistas, es decir, entre la profesi¨®n real, es una medida progresista, siempre y cuando no venga urgida por las tentaciones del poder de establecer nuevas leyes antilibelo, mayores derechos de rectificaci¨®n, o por las presiones de ese mismo poder para que se haga una autorregulaci¨®n desde arriba, es decir, desde sus cercan¨ªas ideol¨®gicas. Un mayor aparato legal para acabar con los abusos de la Prensa no tiene sentido en Espa?a por dos causas: primera, porque ya existe el C¨®digo Penal, el derecho de rectificaci¨®n y la ley del honor, la intimidad y la imagen para hacerlos frente; y segunda, por una cuesti¨®n utilitaria: la justicia en Espa?a no funciona bien, es lenta, y ello no es precisamente culpa de la Prensa, sino del poder pol¨ªtico y de la propia justicia. En este sentido, las palabras del ministro de Cultura defendiendo el derecho de los periodistas a publicar lo que quieran, pero tambi¨¦n "la posibilidad de exigir responsabilidades" por las noticias falsas o que atenten contra el honor de las personas, est¨¢n de m¨¢s. Los mecanismos ya existen; ahora hay que conseguir que se agilicen y funcionen.

Historia de la infamia

La parte m¨¢s significativa de las palabras de Sempr¨²n se refiere, sin embargo, al pasado y a la p¨¦rdida de memoria. El ministro aport¨® el ejemplo de quien todos los d¨ªas da lecciones de democracia desde su columna con la misma vehemencia que en el r¨¦gimen anterior reclamaba la represi¨®n contra los dem¨®cratas en la clandestinidad. De nuevo son oportunas las palabras de Sempr¨²n por cuanto, en el v¨¦rtigo hist¨®rico de los ¨²ltimos a?os, se ha mitificado el papel de la Prensa en la fase final del franquismo y, sobre todo, en la transici¨®n.

Alguien ha dicho que "ninguna profesi¨®n est¨¢ tan desprestigiada como la de periodista, y ninguna es m¨¢s adulada". Lo cierto es que, pasados aquellos d¨ªas en los que se alab¨® el papel de los periodistas y de los medios de comunicaci¨®n en la transici¨®n democr¨¢tica espa?ola, est¨¢ llegando aparentemente -en un movimiento pendular- el extremo opuesto: el de que dichos medios ponen en peligro ese mismo sistema democr¨¢tico exagerando sus defectos y vilipendiando sus formas. Ni tanto ni tan calvo. Es cierto que hubo algunos periodistas y algunos medios de comunicaci¨®n nuevos -minoritarios en el conjunto, hay que recordarlo- que desempe?aron el rol de parlamento de papel desde finales de los a?os sesenta hasta los comienzos de la transici¨®n. Pero lo abandonaron en el momento en que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. Quiz¨¢ el cenit de esa credencial relevante en la vida p¨²blica de este pa¨ªs para los medios de comunicaci¨®n fuese el 23 de febrero de 1981, cuando la radio en primer lugar y luego algunos peri¨®dicos retransmitieron y condenaron el intento de golpe de Estado de Tejero.

Pero no se puede hacer un totum revolutum, en el que algunos est¨¢n bien interesados. Ni fueron todos, ni todos se pusieron de parte de la trinchera de la libertad. Es irritante contemplar la amnesia hist¨®rica de determinados pol¨ªticos y periodistas (no de los que critican desde la honestidad y el ejercicio de la democracia, que son muchos y que tienen todo el derecho a denunciar las desviaciones del poder con su informaci¨®n y a condenarlas con su opini¨®n), que comparan las relaciones entre Gobierno y Prensa en la actualidad con las existentes en el r¨¦gimen anterior.

Esta vaciedad no es una especulaci¨®n te¨®rica. Muchos d¨ªas tenemos que pasar la verg¨¹enza de leer pretendidas semejanzas, por ejemplo, entre el felipismo y el franquismo precisamente en los medios de comunicaci¨®n o en las informaciones de los periodistas m¨¢s comprometidos con la pasada dictadura franquista. A veces los que m¨¢s gritan son los que firmaron la primera p¨¢gina de El Alc¨¢zar el d¨ªa que muri¨® Franco; o los que escribieron p¨¢ginas inolvidables en la historia universal de la infamia period¨ªstica manipulando el diario de Enrique Ruano, en 1969, para presentar su presunto asesinato a manos de la polic¨ªa como el suicidio de un desequilibrado; o los periodistas que corearon el fusilamiento de Juli¨¢n Grimau en 1963; o los que lincharon moralmente a Dionisio Ridruejo o Jos¨¦ Bergam¨ªn; o los que aplaudieron el golpe de Estado fascista en Chile contra Salvador Allende, etc¨¦tera.

Las tensiones entre el poder ejecutivo y la Prensa de hoy se instalan dentro de un marco constitucional s¨®lido y progresista -que rechaza las querellas sin fundamento-, y no desde la censura, las sanciones econ¨®micas o carcelarias y hasta los cierres de los medios de comunicaci¨®n cr¨ªticos, como el caso del diario Madrid.

Las palabras de Jorge Sempr¨²n, algunas elaboradas desde su. crispaci¨®n, tienen el valor de abrir un debate que hasta ahora no se hab¨ªa producido por la propia oscuridad y los errores del Gobierno, y por el corporativismo de la profesi¨®n period¨ªstica. Dejemos a cada uno con su parte de responsabilidad para avanzar y clarificar de una vez si la Prensa o, m¨¢s concretamente, qu¨¦ sectores de la Prensa. y de la pol¨ªtica son "uno de los problemas pendientes de la democracia". Porque Sempr¨²n no ha mencionado en sus declaraciones que, si bien el amarillismo o la tergiversaci¨®n permanente son "problemas pendientes de la democracia", tambi¨¦n lo son el tr¨¢fico de influencias y las relaciones entre los presuntos traficantes y alg¨²n miembro destacado del Ejecutivo de la naci¨®n. Es sorprendente que el ministro de Cultura se lamente de que el Gobierno y el PSOE reaccionasen tarde ante el caso Juan Guerra al no advertir el uso que iban a hacer de este asunto Ia oposici¨®n y la prensa amarilla" y, sin embargo, pase por alto que el Ejecutivo y el partido no se preocuparan del mismo modo, con la misma intensidad, ante el caso Juan Guerra en s¨ª mismo, que, lejos de ser "secundario, mediocre y subalterno", es central para la salud de la vida p¨²blica de este pa¨ªs al tratarse de las formas por las cuales un ciudadano puede enriquecerse en los aleda?os del poder.

En lo que se refiere a EL PA?S, estamos dispuestos a participar en la controversia desde nuestras propias ideas; la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n son dos principios esenciales para la existencia de una Prensa libre, instituci¨®n b¨¢sica del Estado de derecho.

Tanto es as¨ª que no se puede hablar de democracia en ausencia de una Prensa que no tenga las garant¨ªas suficientes para desarrollar su labor; los periodistas ejercemos estos dos derechos esenciales en nombre de la opini¨®n p¨²blica. Ello nos obliga ante la sociedad en una medida m¨¢s amplia que la derivada del estricto respeto a las leyes, que debemos acatar como el resto de los ciudadanos.Cuando los periodistas exigimos informaci¨®n en nombre de la opini¨®n p¨²blica o criticamos a personas o instituciones de la Admim straci¨®n o de la sociedad civil, contraemos una responsabilidad moral y pol¨ªtica, adem¨¢s de jur¨ªdica. Por tanto, se puede abusar del derecho a la libertad de expresi¨®n o del derecho a la informaci¨®n sin infringir la ley. Y hay veces que la Prensa ofrece ejemplos que demuestran c¨®mo el periodismo puede ser puesto al servicio de intereses ajenos a los de los lectores.

Hay que reivindicar y ejercer permanentemente la libertad de expresi¨®n como consustancial a nuestra condici¨®n de ciudadanos, pero tambi¨¦n hay que evitar, antes como ciudadanos que como periodistas, las ambiciones de quienes quieren convertir a la Prensa en un poder libre de todo control.