Por el camino de la libertad

Millones de mexicanos en colonias populares, zonas rurales y comunidades ind¨ªgenas reclaman una m¨¢s r¨¢pida respuesta a sus demandas. Ello requiere compromiso pol¨ªtico, programas y recursos, sobre todo recursos.El Programa Nacional de Solidaridad canalizar¨¢ este a?o 3,5 billones de pesos a programas sociales. Su prop¨®sito no es populista; la comunidad beneficiada cubre parte de los costes de los servicios; es un programa de contenido popular. Y adem¨¢s, tiene un claro sentido democr¨¢tico: exige y alienta la participaci¨®n y la organizaci¨®n de la comunidad. En el Pronasol se hermanan as¨ª justicia y democracia. Hay carencias y demandas enormes. Necesitamos m¨¢s recursos para atenderlas. De la venta de empresas obtendremos parte de ellos.

Hay empresas p¨²blicas que crecer¨¢n y se les dotar¨¢ de mayor capacidad productiva y comercializadora. Estas son las empresas que tienen a su cargo un recurso intransferible de la naci¨®n, conforme al mandato constitucional. Son las empresas que llamamos estrat¨¦gicas.

Privatizaciones

En M¨¦xico, el Estado privatiza, fusiona o liquida empresas que no tienen un car¨¢cter estrat¨¦gico para obtener recursos para sus programas sociales. Desde 1989 son cerca de 40 las empresas privatizadas. Muchas de ellas eran una carga onerosa y cuya operaci¨®n limitaba de hecho su funci¨®n regulatoria sobre el mercado. M¨¢s que ser instrumento de justicia eran causa de la permanencia de injusticias y privilegios, como los que derivaban servidores p¨²blicos y miembros de las l¨ªneas a¨¦reas a trav¨¦s de las cortes¨ªas y las preferencias. Otras, aunque rentables, demandaban cantidades crecientes y muy considerables de recursos para continuar si¨¦ndolo y concentraban una atenci¨®n pol¨ªtica que compet¨ªa con los recursos y cuidado que demandan las funciones b¨¢sicas del Estado, como fue el caso de Cananea, Telmex y las empresas sider¨²rgicas. Otras m¨¢s, producto de un desordenado y hasta irracional af¨¢n de ampliaci¨®n sin causa defendible, simplemente desaparecen o se enajenan, como fueron los hoteles y empresas de servicios. No es sensato que para que muchas empresas p¨²blicas no estrat¨¦gicas fueran eficientes operaran totalmente como empresas privadas pero se les mantuviera en propiedad del Estado. El punto crucial es: las razones de la desincorporaci¨®n no son un mero problema financiero, aunque esta raz¨®n est¨¢ siempre presente; no se trata de razones de eficiencia de las empresas o los empresarios p¨²blicos, aunque en ocasiones tambi¨¦n estas razones est¨¢n presentes. La tesis es de pol¨ªtica general: que el Estado cumpla con sus responsabilidades constitucionales y sus compromisos sociales fundamentales.

El exceso de Estado mostr¨® imposible alcanzar m¨ªnimos de eficiencia en condiciones de crisis econ¨®mica. Los pasivos superaron a los activos en muchas empresas p¨²blicas. El Estado no cumpl¨ªa porque no ten¨ªa recursos para atender todo lo que pose¨ªa y para responder a lo que, por ley, deb¨ªa hacer. Los recursos estaban ocultados, en una muy importante proporci¨®n, en la operaci¨®n de empresas o, peor a¨²n, en algunos casos subsidiando ineficiencia. Los bienes, en el refr¨¢n popular, son para remediar los males. ?sta es una forma sabia en que podemos aproximarnos a las medidas de privatizaci¨®n. De la venta de las empresas en el a?o 1989 el Estado recibi¨® un flujo de recursos por m¨¢s de un bill¨®n de pesos. El Estado puede conducir el desarrollo nacional sin estas empresas y necesita los recursos que consumen empresas p¨²blicas no estrat¨¦gicas para fortalecer las que s¨ª lo son, como Pemex y CFE, para la infraestructura del crecimiento y la justicia social. Necesita concentrar su atenci5n pol¨ªtica, muchas veces dispersa o desordenada, para atender sus responsabilidades sociales.

Racionalidad social

Los casos concretos ser¨¢n, sin duda, disputables en los t¨¦rminos de su propia argumentaci¨®n. Ello es inherente a una sociedad libre y diversificada. Pero cada caso debe levantarse o caer por la m¨¢s estricta racionalidad social. No hay camino corto que por inferencia condene las privatizaciones o las exalte. El trabajo dif¨ªcil de ponderar utilidad, oportunidad y consecuencias de cada caso de privatizaci¨®n no puede ser dispensado (le este debate propio de nuestro tiempo.

M¨¦xico emprendi¨® la estabilizaci¨®n de la econom¨ªa con disciplina fiscal y el acuerdo con los sectores. Tambi¨¦n renegoci¨® la deuda externa para eliminar la excesiva carga sobre la econom¨ªa, sobre el trabajo de cada uno. A los recursos liberados por la renegociaci¨®n se agregan los recursos que se obtienen con la venta de las empresas desincorporadas del patrimonio estatal y se destinan ahora al gasto social en infraestructura y servicios para los mexicanos del campo y las ciudades. Tambi¨¦n se aplican a los proyectos de infraestructura p¨²blica en apoyo al crecimiento de la econom¨ªa, a la generaci¨®n de empleos y al equilibrio en el desarrollo de las regiones. Para favorecer la democratizaci¨®n del capital y la formaci¨®n de aut¨¦nticas empresas del sector social, la desincorporaci¨®n de empresas estatales contempla un esquema de preferencia en la adquisici¨®n que beneficie a los trabajadores, respetando plenamente sus conquistas laborales. La reforma del Estado mexicano no tiene por objeto la supresi¨®n de las prestaciones sociales, sino su eficaz destino y su permanencia a la luz de las posibilidades financieras gubernamentales y de los grupos de poblaci¨®n que en realidad requieren de un tratamiento preferencial. No hay subsidio m¨¢s gravoso y m¨¢s injustificado que aquel que no llega a sus leg¨ªtimos destinatarios.

Esto explica la composici¨®n del gasto p¨²blico como pol¨ªtica social. Para 1990 la inversi¨®n p¨²blica total se incrementar¨¢ en t¨¦rminos reales en un 14%. El gasto social pasa del 29% de la inversi¨®n total p¨²blica al 37%. La inversi¨®n en el sector rural aumenta un 55%; el desarrollo social (educaci¨®n, salud, desarrollo urbano y regional), un 3 1 %; el abasto y el comercio, un 413%. Aumentan los ingresos tradicionales, los que produzcan las privatizaciones y los que ya no se gastar¨¢n en mantener a esas empresas. Es por ello que, por primera vez en muchos a?os, logramos que aumente con apego a la racionalidad la atenci¨®n social. Baja el gasto en administraci¨®n y comunicaciones para apoyar esta pol¨ªtica y promover la inversi¨®n privada en la infraestructura de carreteras y en grandes proyectos de telecomunicaciones. La pol¨ªtica del, gasto p¨²blico, en los hechos, refleja la modernizaci¨®n del Estado en concordancia con sus funciones y responsabilidades.

Participaci¨®n

Ampliar la participaci¨®n de las comunidades y los grupos privados tambi¨¦n distribuye mejor el bienestar. En algunos proyectos del Programa Nacional de Solidar]dad se ampli¨® la eficaz contribuci¨®n de la comunidad y del Estado para un prop¨®sito consultado y realizado por miles de mexicanos. La ampliaci¨®n de los espacios de participaci¨®n y la justicia del prop¨®sito de bienestar van unidos. Esto es asumir responsabilidades y es reforma del Estado.

Los temas de la modernizaci¨®n del Estado son muchos, y cada uno de ellos tiene, a su vez, profundas implicaciones. Aqu¨ª s¨®lo mencion¨¦ algunas consideraciones sobre el trabajo que se lleva a cabo. Diariamente, en el Gobierno federal, en el seno de los sectores y las organizaciones civiles, en las aulas y los medios de comunicaci¨®n, se ventilan problemas y se toman posiciones. Esto es digno de una sociedad libre que desea seguir si¨¦ndolo y que reconoce que el camino de la superaci¨®n requiere esfuerzo y trabajo cotidiano, disposici¨®n abierta y tolerante, deseo ferviente de soluciones. 11-71 compromiso es as¨ª de serio y, as¨ª de importante. El di¨¢logo est¨¢ abierto y es permanente. Mi compromiso est¨¢ con una modernizaci¨®n que sea nacionalista y popular, en defensa de la soberan¨ªa y la promoci¨®n de la justicia. Lo haremos por la ruta de la democracia y de la libertad.