Esc¨¢ndalos t¨¢citos

EL INFORME interno sobre el caso Naseiro elaborado por Alberto Ruiz Gallard¨®n a propuesta del presidente del Partido Popular (PP), Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, tiene en primer lugar el m¨¦rito de existir. Aznar demostr¨® reflejos al realizar tal encargo, con la esperanza de que la opini¨®n p¨²blica apreciase el contraste entre ese gesto y la resistencia de los socialistas a adoptar iniciativas similares respecto al esc¨¢ndalo de Juan Guerra. Dicho esto, esperar que el informe fuera m¨¢s all¨¢ de lo que para la opini¨®n p¨²blica son evidencias era probablemente demasiado. No era posible, en efecto, negar que algunos dirigentes se?alados del PP recaudaron o intentaron recaudar fondos mediante el cobro de dinero a empresas que aspiraban a determinadas concesiones administrativas. Tampoco lo era ignorar el hecho de que, seg¨²n se revela en las pruebas incluidas en el sumario, exist¨ªa en el seno del PP un grupo de presi¨®n con fines poco claros. Pero la investigaci¨®n no avanza un mil¨ªmetro respecto a las consecuencias l¨®gicas que se derivan de esas evidencias, limit¨¢ndose a negar con energ¨ªa cualquier conocimiento de los hechos por parte de Fraga y Aznar y a asegurar que las irregularidades observadas no formaban parte de la estructura de financiaci¨®n del PP.Es posible que Aznar, reci¨¦n llegado a la presidencia, desconociera las operaciones concretas en que andaban Palop, Naseiro y compa?¨ªa. Pero resulta bastante incre¨ªble que operaciones similares, a las reveladas por la investigaci¨®n no formasen parte del cuadro de acciones impulsadas o autorizadas por la c¨²pula del PP para su financiaci¨®n. Al especificar que esas operaciones en concreto eran desconocidas y que, por tanto, no hab¨ªan sido ordenadas o consentidas -pese a que Sanch¨ªs ha declarado que Fraga y Aznar estaban al tanto de sus gestiones-, el informe se sit¨²a en el terreno del tacitismo, tan apreciado por Enrique Tierno. No se afirma formalmente, pero se admite impl¨ªcitamente, en un c¨®digo de sobreentendidos, aquello que se infiere de lo que se dice: que el PP se financia como los dem¨¢s. Y que desconocer estos casos no significa ignorar otros parecidos.

La ausencia de pruebas bastar¨¢ probablemente para librar a Aznar de implicaciones procesales. Pero la responsabilidad pol¨ªtica es m¨¢s dificil de esquivar. Especialmente si se admite la argumentaci¨®n de Francisco Alv¨¢rez Cascos en el debate parlamentario sobre el caso de Juan Guerra. En opini¨®n del secretario general del PP, la dimisi¨®n de Alfonso Guerra era una exigencia inexcusable derivada de su responsabilidad en la desacertada elecci¨®n de cargos de confianza (culpa in eligendo) y de su negligencia en la vigilancia de las actuaciones de esas personas (culpa in vigilando). En otras palabras: suponer que Aznar no estaba al tanto de los m¨¦todos utilizados por su reci¨¦n confirmado responsable de finanzas y otros ¨ªntimos colaboradores suyos para captar fondos destinados a financiar al PP resulta tan incre¨ªble como pensar que Alfonso Guerra ignorara la relaci¨®n entre el s¨²bito enriquecimiento de su hermano y la utilizaci¨®n de un despacho oficial por ¨¦l facilitado.

Ambos esc¨¢ndalos est¨¢n produciendo un serio deterioro del sistema. En Espa?a hay al menos el mismo aprecio por la democracia que en cualquier otro pa¨ªs de Europa occidental, pero aqu¨ª -y ahora tambi¨¦n en Francia- ese aprecio es compatible con un profundo descr¨¦dito de los partidos que vertebran el sistema. Y tambi¨¦n como en Francia, el concubinato entre el dinero y la pol¨ªtica, relacionado con la financiaci¨®n de los partidos, es la causa fundamental de ese descr¨¦dito. Entre otras cosas, porque al amparo de esa financiaci¨®n proliferan los aprovechados que se enriquecen en operaciones incontroladas pero t¨¢citamente consentidas como pago a tan innoble tarea. Desde luego, no merece el mismo grado de consideraci¨®n moral quien se mete el dinero al bolsillo que quien se limita a canalizarlo hacia su partido. Pero m¨¢s discutible resulta que una distinci¨®n moral similar pueda establecerse entre quienes directamente se manchan las manos y quienes reciben, sin preguntar por su origen, los cheques.

Con todo, algunos efectos beneficiosos pudieran derivarse de estos esc¨¢ndalos. Que los conservadores espa?oles se hayan convertido en abanderados de la defensa de las garant¨ªas civiles y en impulsores de un c¨®digo de comportamiento privado de los representantes p¨²blicos es algo de lo que felicitarse. Como lo es el que, merced a la difusi¨®n del mecanismo recaudador, se haya conseguido poner coto -al menos por una temporada- a esa forma de extorsi¨®n disfrazada de comisiones que encarece las obras p¨²blicas. Y sobre todo, que el desvelamiento de lo que todos sab¨ªan pero fing¨ªan ignorar haya suscitado razonables iniciativas orientadas a modificar a la baja los costes de las campa?as electorales y, m¨¢s gen¨¦ricamente, los imponentes gastos, no fiscalizados por las bases, de los partidos pol¨ªticos.