Amnesia y verbalismo

UN ESTADO policial se caracteriza, entre otros aspectos, porque no puede decirse que lo es. Por ejemplo, en Espa?a no se pod¨ªa decir que el franquismo era un r¨¦gimen apoyado en la arbitrariedad de la polic¨ªa. Pero lo era, por m¨¢s que algunos de los que ahora m¨¢s elevan la voz se guardaran entonces muy mucho de expresar cualquier insinuaci¨®n al respecto. El actual r¨¦gimen pol¨ªtico espa?ol tiene toda clase de imperfecciones, unas compartidas con otras democracias y otras privativas. Pero s¨®lo desde la frivolidad o la amnesia hist¨®rica puede sostenerse su naturaleza policial o establecer semejanzas con el franquismo. Con tales planteamientos, lo ¨²nico que se consigue es proporcionar coartadas a quienes estar¨ªan interesados en la perduraci¨®n de esas imperfecciones. Exagerar hasta el absurdo la acusaci¨®n: no existe mejor f¨®rmula para ahorrarse el esfuerzo de remediar lo denunciado.Si Aznar sospechaba ser v¨ªctima de escuchas ilegales, su primera obligaci¨®n era denunciarlo ante la autoridad judicial. Cualquier otra actitud s¨®lo pod¨ªa contribuir a alimentar la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democr¨¢tico y en el Estado de derecho. Ayer rectific¨® en parte sus declaraciones de la v¨ªspera, matizando que no acusaba a la polic¨ªa o al Gobierno y que se limitaba a constatar el estado de sospecha permanente en que vive su partido. Pero para entonces ya los exegetas hab¨ªan dictaminado que las palabras del l¨ªder de la oposici¨®n demostraban que ¨¦ste es un Estado policial en el que ning¨²n ciudadano puede estar seguro de no ser espiado. Para decirlo todo, hay que a?adir que las declaraciones del fiscal general -"quien tenga la conciencia tranquila no tiene nada que temer"- han contribuido a aumentar la confusi¨®n y no a disiparla.

Para salir de ella se impone un m¨ªnimo de ponderaci¨®n, evitando caer en ese verbalismo que est¨¢ tornando incomprensible el debate pol¨ªtico. Desde 1984 existe una ley que tipifica penalmente las escuchas ilegales, y es a los jueces a quienes corresponde aplicarla. Pero se impone tambi¨¦n que el Gobierno garantice no s¨®lo la -observancia de la legalidad en las escuchas por ¨¦l solicitadas, sino la persecuci¨®n rotunda de las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que, con los medios que la tecnolog¨ªa moderna proporciona, violen la intimidad de otros ciudadanos, sean cuales sean sus fines.