Por una regeneraci¨®n de la democracia
Los a?os setenta fueron en Espa?a los de la transici¨®n de la dictadura a la democracia. Los ochenta han sido los de la consolidaci¨®n democr¨¢tica. Y, ante los visibles s¨ªntomas de deterioro y degeneraci¨®n del sistema pol¨ªtico representativo, los noventa deber¨ªan ser los de las reformas legales e institucionales, as¨ª como los acuerdos normativos sobre criterios de conducta en el seno de la clase pol¨ªtica, que conduzcan a su regeneraci¨®n.Esta nueva etapa se hace necesaria precisamente porque la transici¨®n fue un ¨¦xito y la consolidaci¨®n posterior ha eliminado las amenazas que hac¨ªan temer por la subsistencia del nuevo r¨¦gimen. Ahora es cuando es posible observar, sin los temores de hace un tiempo y con la perspectiva de todos estos a?os de desigual funcionamiento de elecciones, Parlamentos, partidos y Gobiernos, las carencias y los efectos perversos de muchos de los mecanismos actualmente vigentes en el marco constitucional.
No parece posible ya eludir que el primer campo de mejoras posibles y necesarias es el del sistema electoral. Como pudo observarse en las pasadas elecciones generales, con el sistema actual suelen producirse algunas preocupantes anomal¨ªas. Baste recordar que en uno de los sucesivos resultados provisionales que se dieron moment¨¢neamente por oficiales, el PSOE alcanzaba la mayor¨ªa parlamentaria absoluta por una diferencia de dos votos (contabilizados en la circunscripci¨®n de Murcia), y con los resultados definitivos consigui¨® formar Gobierno monocolor por el voto a?adido de un solo diputado, todo ello habiendo obtenido menos del 40% de los sufragios populares. De hecho, las deformaciones de la representaci¨®n en el actual sistema electoral espa?ol son superiores a las que se dan en cualquier otro pa¨ªs occidental, incluidos aquellos con sistema mayoritario (como ha mostrado recientemente Richard Gunther). Tambi¨¦n pueden resumirse estas deformaciones en el dato poco conocido de que, con el sistema actual, un partido podr¨ªa obtener una mayor¨ªa parlamentaria absoluta con s¨®lo el 3VI de los votos. Todo ello obliga no s¨®lo a asegurar la eficacia y la imparcialidad de la Administraci¨®n judicial en esta materia, como ahora parece discutirse entre algunos partidos, sino a revisar cr¨ªticamente el conjunto de los criterios de representaci¨®n que fueron adoptados mediante decreto, en los inicios de la transici¨®n y posteriormente consolidades a trav¨¦s de ley. As¨ª, la existencia de unas circunscripciones provinciales muy desequilibradas en poblaci¨®n, de un mismo n¨²mero m¨ªnimo de representantes en cada una de ellas y de una cifra globalmente baja de diputados, son elementos que, tanto o m¨¢s que la habitualmente denostada ley d'Hondt, deforman gravemente la representatividad de los ciudadanos y merecer¨ªan ser objeto de reconsideraci¨®n.
Un segundo campo de reformas pendientes es, sin duda, el de los procedimientos y usos parlamentarios. Es digno de recordar que, con los sistemas actuales de votaci¨®n en el Congreso y el Senado, una minor¨ªa parlamentaria puede elegir una mayor¨ªa de cargos de designaci¨®n indirecta, como los que componen las mesas de las C¨¢maras, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Administraci¨®n de RTVE, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear y otros organismos. Con los mismos procedimientos, una mayor¨ªa parlamentaria ajustada puede obtener, en estas elecciones indirectas, mayor¨ªas cualificadas de dos tercios o de tres cuartos, suficientes para que con ellas los ¨®rganos citados tomen decisiones con una orientaci¨®n monocolor.
Junto a ¨¦stos y otros procedimientos institucionales que favorecen la imposici¨®n de una mayor¨ªa absoluta con limitada base social de apoyo y los abusos de poder, hay otros que, por el contrario, incentivan la inestabilidad de los equipos de gobierno.
Esto sucede especialmente en los Parlamentos de las comunidades aut¨®nomas y en los Ayuntamientos, donde, como es sabido, en los ¨²ltimos a?os se han multiplicado los cambios de coaliciones mayoritarias entre partidos durante un mandato parlamentario sin intervenci¨®n del elector. Puede afirmarse por ello que los actuales procedimientos de designaci¨®n de los presidentes de comunidad aut¨®noma y de los alcaldes, as¨ª como las facilidades para la presentaci¨®n de mociones de censura -que contrastan con las restricciones a esta medida en las Cortes Generales-, han provocado efectos negativos desde el punto de vista de la estabilidad, la fiabilidad de los representantes y la eficiencia de la gesti¨®n gubernamental.
En este mismo campo de funcionamiento interno de las instituciones representativas hay que hacer especial menci¨®n del transfuguismo, ampliamente practicado tanto en las C¨¢maras de ¨¢mbito estatal como en las de ¨¢mbito auton¨®mico y municipal. No parece que el reforzamiento de algunas normas de disciplina interna de los partidos o los llamamientos a la moralizaci¨®n c¨ªvica de los pol¨ªticos hayan tenido hasta ahora mucho ¨¦xito, por lo que seguramente es necesario recurrir a incentivos y penas disuasorias legales m¨¢s efectivos, tanto en los reglamentos parlamentarios como en los procesos de confecci¨®n de las listas cerradas y, bloqueadas de candidatos a las elecciones.
Los dos campos mencionados, el electoral y el de las reglas parlamentarias, tienen estrecha relaci¨®n y no es f¨¢cil articularlos de modo que la obtenci¨®n de resultados positivos en uno de ellos no facilite la consecuci¨®n de nuevos efectos delet¨¦reos en el otro. As¨ª, una reforma del sistema electoral en un sentido m¨¢s proporcional producir¨ªa probablemente un sistema m¨¢s multipartidista, y en ¨¦ste habr¨ªa mayores probabilidades de coaliciones cambiantes entre partidos al margen de la voluntad expresa de los ciudadanos. En cambio, un sistema electoral m¨¢s pr¨®ximo a los criterios mayoritarios reducir¨ªa este ¨²ltimo factor de inestabilidad y de deslealtad de los representantes a sus electores, pero falsear¨ªa la representaci¨®n al reducir el abanico de partidos con posibilidades de entrar en los Parlamentos.
A todo ello se a?ade, como
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tercer campo de reformas, la importante cuesti¨®n de la descentralizaci¨®n pol¨ªtica o distribuci¨®n territorial del poder. Los pactos de la transici¨®n para la cuesti¨®n auton¨®mica, inevitablemente improvisados y de desiguales resultados, muestran hoy sus insuficiencias. Algunas de ellas son debidas al hecho de que las instituciones europeas tienden a asumir un volumen creciente de competencias, que altera la distribuci¨®n relativa de poderes entre el Gobierno estatal y las comunidades aut¨®nomas, y a imponer una mayor vinculaci¨®n jur¨ªdica de los ciudadanos de los diversos Estados. El desaf¨ªo en este campo consiste, pues, en crear formas de cooperaci¨®n -hoy casi inexistentes- de los Gobiernos aut¨®nomos en la formaci¨®n de la pol¨ªtica general del Estado, conseguir un mayor automatismo en la marcha cotidiana de las relaciones intergubernamentales y reducir burocracias superpuestas e ineficientes, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el d¨¦ficit democr¨¢tico que hasta hoy ha tenido la construcci¨®n institucional de la Comunidad Europea.Las reformas de los procedimientos institucionales en los campos electoral, parlamentario y auton¨®mico requieren un cuarto ¨¢mbito de renovaci¨®n: el de los propios partidos pol¨ªticos, que son agentes principales de los procesos se?alados.
En la democracia espa?ola, los partidos cuentan con niveles baj¨ªsimos de afiliaci¨®n, lo cual los ha. convertido en m¨¢quinas casi exclusivamente dedicadas a las actividades electorales y de ocupaci¨®n y reparto del poder. El hecho de estar dominantemente compuestos por profesionales de la pol¨ªtica (o aspirantes a ello) y la intolerancia que las c¨²pulas muestran en general con respecto a los disidentes y heterodoxos los cierran a menudo a corrientes significativas de la opini¨®n p¨²blica y contribuyen as¨ª a alejar a la clase pol¨ªtica de la ciudadan¨ªa. No hay duda de que los recientes esc¨¢ndalos por acusaciones de tr¨¢ficos de influencias, cohechos y apropiaciones indebidas de bienes p¨²blicos no har¨¢n m¨¢s que aumentar el desprestigio de los pol¨ªticos y el deterioro del ambiente democr¨¢tico si no se aprovecha la ocasi¨®n para plantear abiertamente la cuesti¨®n hasta ahora irresuelta de la financiaci¨®n de los partidos, dejando atr¨¢s hipocres¨ªas y complicidades de silencio que s¨®lo contribuyen a extender en la ciudadan¨ªa la sospecha de una generalizada corrupci¨®n.
La enumeraci¨®n de aspectos oscuros de la actual democracia espa?ola presentada hasta aqu¨ª no est¨¢ inspirada, desde luego, por ning¨²n af¨¢n iconoclasta o desestabilizador. De hecho, parte impl¨ªcitamente de la comprobaci¨®n de que algunas de las instituciones y reglas instauradas como resultado de la transici¨®n desde el r¨¦gimen autoritario han tenido hasta hoy un excelente funcionamiento, incluidas algunas -como la monarqu¨ªa- que hab¨ªan provocado m¨¢s veros¨ªmiles temores.
Tampoco pretende el anterior esbozo de cuestiones pendientes completar ning¨²n programa de acci¨®n pol¨ªtica o legislativa (en el que, sin duda, deber¨ªan ocupar un lugar importante temas como la pol¨ªtica econ¨®mica y fiscal, el servicio militar y la defensa, y los servicios p¨²blicos y de infraestructuras).
Pero es innecesario negar que el an¨¢lisis cr¨ªtico en que se basa el anterior enunciado conlleva algo de democr¨¢tica decepci¨®n. No quiere ello decir, ni mucho menos, que convenga ahora promover una nueva edici¨®n de la literatura del desencanto, que caracteriz¨® el paso entre la transici¨®n y la consolidaci¨®n de la democracia unos 10 a?os atr¨¢s. Por el contrario, se trata de contribuir a interpretar de un modo digamos constructivo una nueva sensibilidad, entre esc¨¦ptica y_ exigente, que parece haberse ido difundiendo en sectores cada vez m¨¢s notables de la sociedad espa?ola actual. No es cuesti¨®n, pues, de ning¨²n desenga?o acerca de quim¨¦ricas o nebulosas ilusiones pasadas -el cual, dicho sea de paso, comporta siempre, por definici¨®n, lucidez y acceso a un mayor realismo- El punto de partida de la reflexi¨®n es, precisamente, una aceptaci¨®n m¨¢s consciente de los modestos l¨ªmites con que una democracia viable puede cumplir algunas ambiciosas promesas de los inicios de la ¨¦poca moderna, como la posibilidad de una racionalidad colectiva y la virtualidad del ¨¢mbito p¨²blico para la b¨²squeda de la felicidad. Es posible que ni siquiera sea bueno insistir demasiado en la contraposici¨®n entre un modelo ideol¨®gico de democracia ideal y las miserias de la democracia real, sino m¨¢s bien renunciar a la ret¨®rica sobre la primera para as¨ª poder mejorar la segunda.
?ste es precisamente el sentido profundo del t¨¦rmino regeneraci¨®n, de reconocido arraigo en el vocabulario pol¨ªtico espa?ol contempor¨¢neo, al que se ha recurrido en el t¨ªtulo de esta exposici¨®n. Por supuesto, la versi¨®n de aquel t¨¦rmino que mejor puede convenir en este decenio final del siglo XX no tiene nada que ver con la advocaci¨®n a un caudillismo o un elitismo providencialistas, como la de algunos exponentes destacados del regeneracionismo hisp¨¢nico de finales del siglo anterior. Evocar hoy una nueva voluntad de regeneraci¨®n de la pol¨ªtica espa?ola no puede m¨¢s que aludir al significado m¨¢s bien literal del vocablo como renovaci¨®n, reparaci¨®n y desarrollo, es decir, una perspectiva de aportaci¨®n continuada de elementos nuevos emparentada, si acaso, con el mejorismo que se ha extendido en los ¨²ltimos a?os entre las principales tendencias pol¨ªticas de muchos pa¨ªses europeos.
La elaboraci¨®n e implementaci¨®n de un programa de reformas como el sugerido m¨¢s arriba s¨®lo podr¨¢ ser una tarea colectiva con amplio debate y participaci¨®n en los medios intelectuales, pol¨ªticos y de comunicaci¨®n. En este horizonte, cierta actividad universitaria podr¨ªa recuperar su orientaci¨®n directamente dirigida a la sociedad del momento. En ella pueden coincidir polit¨®logos dedicados a lo que constituye su objeto de an¨¢lisis m¨¢s espec¨ªfico: el funcionamiento real de las instituciones, con constitucionalistas atentos a las razones convencionales de las normas, m¨¢s que a los fundamentos supuestamente absolutos de su imperiosidad, y economistas interesados no s¨®lo por la eficiencia de las asignaciones colectivas de recursos, sino por los procesos de su decisi¨®n. Tal vez cabr¨ªa as¨ª proporcionar una estimulante posibilidad de relevancia aplicada a una labor acad¨¦mica e investigadora habitualmente ce?ida por sus propios condicionamientos de tiempo largo, rigor formal y relativo aislamiento exterior.
Tambi¨¦n parece haber amplia coincidencia en la conveniencia de que el mundo de la comunicaci¨®n eluda de una vez el falso dilema de continuar sirviendo como eco y portavoz de la clase pol¨ªtica, en una actitud que dio magn¨ªficos resultados en la transici¨®n pero mucho m¨¢s mediocres en la democracia consolidada, o revestirse de permanente debelador y desfacedor de entuertos, como algunos medios parecen haber sentido en los ¨²ltimos meses la tentaci¨®n de hacer.
Pero no hay duda de que la regeneraci¨®n de la democracia espa?ola ha de ser en una parte fundamental obra de los pol¨ªticos mismos. Por ello no hay m¨¢s remedio que invitarlos una vez m¨¢s a que abandonen, aunque s¨®lo sea moment¨¢neamente, sus intereses estrechos de grupo para defender, mediante iniciativas renovadoras, sus propios intereses comunes a largo plazo, que son los que en mayor medida coinciden con los de los ciudadanos que les dan legitimidad. En todo caso, la excusa que hoy ya no es aceptable para negarse a introducir reformas en el edificio representativo es la de que con cualquier cambio se pondr¨ªa en peligro el fr¨¢gil o inestable equilibrio del sistema. Precisamente porque las maniobras, trampas y componendas, que constituyen una gran parte de la labor de los pol¨ªticos, han servido en todos estos a?os para algo -m¨¢s bien para mucho, si se contempla la tr¨¢gica historia de la democracia espa?ola en una perspectiva secular-, no pueden aqu¨¦llos continuar encerrados en sus juegos, complicidades y batallas internas. En inter¨¦s mismo de la obra heredada de la transici¨®n y la consolidaci¨®n democr¨¢tica, parece muy necesario que la pol¨ªtica espa?ola inicie, ante este nuevo final de siglo, una nueva etapa de regeneraci¨®n.
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