La patronal pide 50.000 millones por las horas libres del refer¨¦ndum de la OTAN

Los empresarios exigir¨¢n al Gobierno la devoluci¨®n de unos 50.000 millones de pesetas que todas las empresas del pa¨ªs pagaron a los trabajadores por las cuatro horas libres de que dispusieron para votar durante el refer¨¦ndum de la OTAN, el 12 de marzo de 1986. Se cumplir¨¢ as¨ª una sentencia del Supremo que declara nulo el decreto regulador de dicho refer¨¦ndum al haber sido recurrido por la Federaci¨®n de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ).

La ministra portavoz del Gobierno expres¨® ayer su preocupaci¨®n por la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los empresarios a descontar parte del salario de los trabajadores que, durante la jornada del refer¨¦ndum sobre la permanencia en la OTAN, utilizaron algunas horas de su jornada laboral para votar. La ministra portavoz asegur¨® durante le conferencia de Prensa posterior al consejo de ministros: "Como Gobierno no le puedo informar porque no hemos discutido el tema". Con todo, Rosa Conde reconoci¨®: "No podemos hacer otra cosa que acatar la sentencia y estudiarla con el objetivo de ver qu¨¦ efectos podr¨ªa tener sobre otros comicios electorales".El ministro de relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, manifest¨® ayer que dicha sentencia "por ser contraria a la Constituci¨®n, carece del menor apoyo jur¨ªdico". Para Zapatero, la resoluci¨®n judicial "discrimina a los trabajadores y asalariados" y "dificulta de forma notable" su participaci¨®n pol¨ªtica a trav¨¦s del voto, informa Efe.

Seg¨²n dicha sentencia, el Gobierno no podr¨¢ obligar a que los empresarios concedan a los trabajadores horas libres y remuneradas durante las jornadas electorales. El Ejecutivo dispone de 20 d¨ªas para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y un mes para solicitar una revisi¨®n ante el Supremo. La Seccci¨®n S¨¦ptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara nulo, en una sentencia de 25 de abril de este a?o, el referido decreto del 6 de febrero de 1986, por "no estar ajustado a derecho sin hacer expresa imposici¨®n de los cargos". Actu¨® como ponente el presidente de la Sala, magistrado Juan Ventura Fuentes Lojo y como vocales Manuel Garayo S¨¢nchez, Jos¨¦ Hernando Santiago, Vicente Conde Mart¨ªn de Hijas y Jos¨¦ Moreno Moreno.

Contencioso-administrativo

Los empresarios recurrieron en v¨ªa contencioso-administrativa los art¨ªculos 1 y 2 del citado decreto, referidos a que "el tiempo para que los trabajadores puedan participar en el refer¨¦ndum de la OTAN ser¨¢ retribuido por los empresarios y a las cuatro horas de que "podr¨¢n disponer los trabajadores para la votaci¨®n". Los fundamentos en que se bas¨® el recurso se refer¨ªan a que el decreto entraba en colisi¨®n y contradicci¨®n con preceptos legales de mayor rango y no respetaba los derechos de las empresas.

El tribunal se?ala en sus considerandos que la consulta electoral sobre la OTAN fue "un refer¨¦ndum consultivo" y el derecho de sufragio, aunque es un derecho fundamental, no es una obligaci¨®n. La sentencia considera que el real decreto que regul¨® la consulta electoral no tiene cobertura legal en la Ley General Electoral, y el derecho de sufragio no puede entenderse como el deber inexcusable del art¨ªculo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores", y que faculta a ¨¦stos para asusentarse del trabajo con derecho a remuneraci¨®n.

Juan Rivero, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, coordinador del equipo que elabor¨® el recurso, declar¨® ayer que los empresarios hicieron un pago "de buena fe" y fue el Gobierno el que trat¨® "de incentivar el voto m¨¢s all¨¢ de lo permitido por la Constituci¨®n y las leyes", por lo que le corresponde restituir las cantidades abonadas. Rivero precis¨® que en el referido decreto se hac¨ªa "un uso abusivo de las horas libres para votar porque en otras consultas se dec¨ªa 'hasta cuatro horas' pero en el refer¨¦ndum de la OTAN se concretaba que ser¨ªan cuatro horas".

La sentencia del Supremo "da pie", en opini¨®n del equipo que redact¨® el recurso, para impugnar pr¨®ximas consultas electorales si los decretos se?alan que las empresas deber¨¢n pagar las horas a los trabajadores.

El presidente de la FEMZ y de los empresarios aragoneses, Javier Ferrer, al comentar el fondo del recurso presentado, declar¨®: "Nos parece injusto, como si se tratase de un nuevo impuesto, que los empresarios tengamos que pagar ahora las elecciones. Estamos a favor de la democracia y de las consultas electorales, pero no a nuestra costa".

No obstante, fuentes jur¨ªdicas de la m¨¢xima solvencia expresaron serias dudas acerca de que esta sentencia del Supremo pueda ser utilizada por los empresarios para exigir indemnizaciones por las horas abonadas, informa Julio M. L¨¢zaro. El recurso ped¨ªa la nulidad de los art¨ªculos 1 y 2 del decreto, pero no solicitaba indemnizaci¨®n. La sentencia declara la nulidad, pero no la obligaci¨®n de indemnizar.