?Un Quebec libre?

LA RUPTURA del pacto constitucional que manten¨ªa unida la federaci¨®n canadiense abre una extra?a caja de Pandora. En junio de 1987 hab¨ªa sido firmado el Acuerdo del Lago Meech entre los 10 Estados canadienses federados y el Gobierno central de Ottawa. Las cuestiones que est¨¢n a¨²n sin resolver en la conformaci¨®n pol¨ªtica de Canad¨¢ nacen de la anacr¨®nica figura de soberan¨ªa prevista por el sistema del dominion, en el que el jefe del Estado canadiense es la reina brit¨¢nica. A partir de 1978, una compleja negociaci¨®n entre el primer ministro liberal canadiense, Pierre Trudeau, y el Gobierno de Londres dio lugar a lo que se conoce con el nombre de patriaci¨®n (establecimiento de los atributos de una patria). ?sta consist¨ªa fundamentalmente en la renuncia por el Parlamento de Westminster a todos los derechos previstos en el ordenamiento brit¨¢nico respecto de Canad¨¢. En 1982 fue promulgada la correspondiente Ley Constitucional. De la soberan¨ªa brit¨¢nica no quedaba m¨¢s que el nombre.Parad¨®jicamente, el ref¨®rzamiento de la soberan¨ªa canadiense produjo recortes en las atribuciones de las provincias y provoc¨® en algunas de ellas un rechazo de la patriaci¨®n. Cinco a?os despu¨¦s, y tras dos importantes cambios de Gobierno (la sustituci¨®n en Ottawa del liberal Trudeau por los conservadores de Mulroney y sobre todo la victoria en Quebec de los liberales de Robert Bourassa, en detrimento de los independentistas del Parti Qu¨¦b¨¦cois, de Ren¨¦ L¨¦vesque), se celebr¨® la reuni¨®n del lago Meech. El pacto del mismo nombre estableci¨® para cada Estado de la federaci¨®n amplias competencias en materia de reforma parlamentaria y de creaci¨®n de nuevas provincias. Tambi¨¦n consagr¨® el hecho nacional de Quebec, reconoci¨¦ndole la condici¨®n de "sociedad diferente". La crisis actual nace de que el pacto no ha sido ratificado por dos de los Estados federales, Manitoba y Terranova, en el plazo requerido de tres a?os, con lo que queda invalidado. La situaci¨®n ha sido provocada no por un af¨¢n separatista de los franc¨®fonos, sino por quienes no han resultado beneficiados por el acuerdo. En otras palabras, se ha producido un rechazo del hecho diferencial de Quebec y de las ventajas que comporta para sus habitantes. Ello abre una crisis constitucional de primer orden.

En Quebec, el 80% de la poblaci¨®n es franc¨®fono. Siempre reticente a integrarse sin m¨¢s en Canad¨¢, siempre dispuesta a la autodetermin aci¨®n -torpemente estimulada por el c¨¦lebre grito del general De Gaulle en su visita oficial a Montreal-, Quebec intenta jugar a fondo la carta del hecho diferenciador. Sin embargo, el 20% de los quebequeses anglohablantes rechaza la discriminaci¨®n de que son objeto en su provincia. Por otra parte, el derecho al autogobierno reclamado por Quebec es tambi¨¦n exigido por exiguas poblaciones indias de los territorios de? noroeste, especialmente por la tribu inuit de Manitoba. Para acabar de complicar la cuesti¨®n, la provincia de Terranova, la m¨¢s pobre de Canad¨¢, no acaba de comprender por qu¨¦ se debe conceder a Quebec privilegios ccon¨®micos que no recibe ella. Estas circunstancias explican la negativa de Manitoba y Terranova a ratificar el Pacto del Lago Meech.

La soluci¨®n de este embrollo constitucional ciertamente no est¨¢ en la independencia de Quebee. No s¨®lo no es viable -el ¨¢rea de libre comercio establecida en el tratado EE UU-Canad¨¢ del a?o pasado no ser¨ªa aplicable al nuevo Estado, ni podr¨ªa concebirse la extra?a figura de un pa¨ªs independiente en el seno de la configuraci¨®n estrat¨¦gica atl¨¢ntica-, sino que no son muchos en Quebec los que la desean, y entre ellos ciertamente no se cuentan el primer ministro quebequ¨¦s o el l¨ªder del partido independentista. A largo plazo, la crisis debe resolverse reconociendo la identidad espec¨ªfica de Quebee y potenci¨¢ndola, pero s¨®lo si al tiempo se impulsan los rasgos diferenciadores de las restantes provincias. Es decir, se ampl¨ªa y refuerza el sistema federal canadiense.