Los grupos parlamentarios de oposici¨®n, incluido el PP, apoyan el control sindical de la contrataci¨®n

Los grupos de oposici¨®n de todo el arco parlamentario est¨¢n de acuerdo con que se desarrollo el derecho de informaci¨®n de los representantes de los trabajadores y apoyan el proyecto de ley que reconoce el control sindical de los contratos, que se empezar¨¢ a discutir en las Cortes en septiembre. ?se es tambi¨¦n el criterio del Partido Popular, que piensa mantener en el debate parlamentario las cr¨ªticas habituales en un proyecto normativo y en ning¨²n caso una oposici¨®n frontal similar a la desarrollada por la patronal CEOE contra los pactos firmados por el Gobierno y los sindicatos UGT yCC OO.

Luis Mart¨ªnez Noval compareci¨® ayer por primera vez en el Parlamento como ministro de Trabajo y expuso ante la comisi¨®n de pol¨ªtica social y empleo los proyectos de su departamento, la marcha de la concertaci¨®n con los interlocutores sociales e, inevitablemente, el pacto firmado con los sindicato; sobre el control de los contratos. A todos los grupos parlamentarlos que intervinieron -el Partido Popular, Minor¨ªa Catalana, Izquierda Unida, Centro Democr¨¢tico y Social, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Obrero Espa?ol- les parece positivo que el gobierno haya pactado el desarrollo del derecho de informaci¨®n a los representantes de los asalariados, recogido en el Estatuto de los Trabajadores.La diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, tambi¨¦n comparte ese criterio, aunque critica algunos contenidos del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Parlamento, como por ejemplo que los sindicatos controlen el fraude porque para ello est¨¢ la Inspecci¨®n de Trabajo. Ayer anunci¨® al ministro que en septiembre habr¨¢ una "discusi¨®n sosegada, pero dura".

Villalobos declar¨® a EL PA?S que su grupo est¨¢ de acuerdo con el enunciado y el objetivo del proyecto de ley, mantendr¨¢ las cr¨ªticas habituales en otros debates parlamentarios y presentar¨¢ una enmienda a la totalidad, como viene haciendo en la pr¨¢ctica totalidad de los anteproyectos, pero no va a protagonizar una batalla frontal similar a la desarrollada por la patronal CEOE. En los estudios preparatorios de ese debate, el grupo popular no ha encontrado elementos de inconstitucionalidad.

Control del fraude

La diputada del PP asegur¨® ayer que con la redacci¨®n actual del proyecto de ley es imposible que los sindicatos controlen el fraude y considera inviable que las centrales puedan supervisar anualmente cinco millones de contratos. El ministro de Trabajo le respondi¨® que no ser¨¢n las centrales sindicales las ¨²nicas encargadas de hacer el seguimiento permanente de la contrataci¨®n, tarea que corresponder¨¢ a las comisiones provinciales, de composici¨®n tripartita, y en las que estar¨¢n representadas tambi¨¦n la patronal y la Administraci¨®n. El grupo de Minor¨ªa Catalana discrepa con el m¨¦todo de negociaci¨®n que se ha utilizado y critic¨® ante el titular de Trabajo que se pacte incluso la redacci¨®n de los textos normativos y que se impongan a las Cortes.El diputado Peralta, de Izquierda Unida, no cree, en cambio, que ello afecte a la soberan¨ªa del Parlamento y felicit¨® al Gobierno por la capacidad de negociaci¨®n demostrada en la primera fase de la concertaci¨®n, aunque le preocupa el futuro del nuevo proceso de di¨¢logo. El representante del CDS, Carlos Revilla, tambi¨¦n anunci¨® ayer que su grupo est¨¢ de acuerdo con que se desarrolle el derecho de Informaci¨®n y vigilancia de la contrataci¨®n.

El ministro present¨® el proyecto de ley afirmando que a nadie se le oculta que las 14 modalidades de contrataci¨®n temporal creadas en plena crisis de la creaci¨®n de empleo, han dado lugar a que haya segmentos en el mercado de trabajo donde se da la utilizaci¨®n fraudulenta de esas modalidades, con claro perjuicio para las reglas de la competencia entre las empresas y para los derechos de los trabajadores.

Mart¨ªnez Noval asegur¨® que "la temporalizaci¨®n de las plantillas tiende a a?adir un plus a los poderes de direcci¨®n del empresario y a quebrar la cohesi¨®n de los trabajadores en los centros de trabajo. Ambos fen¨®menos carecen de Justificaci¨®n y devienen intolerables cuando la temporalizaci¨®n se hace en fraude o abuso de ley". Para el ministro los aludidos acuerdos con las centrales pretenden resolver ese problema, son innovadores y compatibles con la Constituci¨®n.

Se trata, a?adi¨® el responsable de Trabajo, de un derecho que en la mayor¨ªa de los restantes pa¨ªses comunitarios es superior y subray¨® que la situaci¨®n diferencial se agrava porque en Espa?a "se combina el uso intensivo de modalidades at¨ªpicas con una escasa implantaci¨®n sindical en la empresa, lo que sin duda resiente los equilibrios que en el centro de trabajo deben preservarse en los modernos estados democr¨¢ticos".