Para que no vuelva a ocurrir

El 2 de julio har¨¢ dos a?os que un guardia civil de paisano, en un discusi¨®n trivial, mat¨® a un joven, Miguel ?ngel Aguilar, e hiri¨® gravemente a otro, Felipe Mart¨ªn, en el barrio madrile?o de Villaverde Para recordar esta muerte absurda y exigir que no haya nuevos casos, una asociaci¨®n de reciente creaci¨®n ha convocado una manifestaci¨®n ese d¨ªa y en el mismo lugar. Todos sus socios tienen en com¨²n la muerte de alg¨²n familiar o amigo por una reacci¨®n desproporcionada de alg¨²n polic¨ªa, guardia civil o vigilante jurado, y todos denuncian el trato de favor del que gozan los acusados con uniforme.

"Nuestro abogado hace ya un mes que pidi¨® un careo con los guardias civiles, y a¨²n estamos esperando. No hay voluntad de esclarecer los hechos por parte de los organismos oficiales". La constataci¨®n de que todo son dificultades y cortinas de humo para investigar las muertes cuando los responsables son miembros de las fuerzas de orden p¨²blico llev¨® a Francisco Javier Santaren -hermano de Jos¨¦ Mar¨ªa Santaren, muerto por un guardia civil a la salida de una discoteca en Villalba- y Pedro Garc¨ªa Comendador -hermano de la novia del fallecido- a crear una asociaci¨®n similar a la de familiares de v¨ªctimas del terrorismo, aunque en este caso los homicidas son siempre polic¨ªas y guardias civiles."Cuando me enter¨¦ del muchacho muerto en Villalba me vino a la memoria la imagen de mi hijo, con una pistola en el cuello y un disparo que casi lo mata. Entonces pens¨¦ que hab¨ªa que hacer algo". La madre de Felipe Mart¨ªn se puso en contacto con Grac¨ªa Comendador. Empezaron a llamar a otras personas y la lista de gente dispuesta a participar engros¨® r¨¢pidamente: Jos¨¦ y Concha Benito, hermanos de Juan Carlos Benito, joven muerto en Saced¨®n (Guadalajara) cuando cog¨ªa caracoles por la noche, el 29 de abril de 1985. Florentina Mart¨ªn, madre del ni?o F¨¦lix Dom¨ªnguez, de dos a?os, muerto en un control nocturno el propio Felipe Mart¨ªn, los padres de Juan Ma?as, uno de los tres j¨®venes del caso Almer¨ªa, o Paloma Corella, hermana de Santiago Corella, el Nani, cuyo cuerpo a¨²n no ha aparecido. Casos que convulsionaron la transici¨®n democr¨¢tica espa?ola.

A ra¨ªz de la muerte del ni?o F¨¦lix Dom¨ªnguez, en el cruce de carretera de Valmojado (Toledo), en 1983, el entonces ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, anunci¨® que se impartir¨ªan nuevas instrucciones basadas en que "es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente". En cuanto al uso de las armas, Barrionuevo afirm¨® que s¨®lo se utilizar¨ªan cuando fueran evidentes las intenciones del contrario de agredir a las fuerzas del orden.

Ayuda mutua

Para Fernando Salas, abogado de la asociaci¨®n, la realidad ha desmentido las previsiones del ministro. "No hay m¨¢s que recordar a Felipe Dom¨ªnguez, muerto por un polic¨ªa, en junio de 1987, en Alcal¨¢ de Henares, cuando quiso huir con las manos esposadas a la espalda.

"Es bueno que exista la asociaci¨®n. Nosotros ya hemos pasado la experiencia y podemos ayudar a otras personas", afirm¨® Paloma Corella a este peri¨®dico.

Florencia Mart¨ªn coincide con Paloma en el sentimiento de sentirse maltratada por la justicia: "Hicieron lo imposible por echarnos la culpa. Primero dijeron que el que conduc¨ªa era mi hijo; luego, que nos hab¨ªamos saltado el control. La verdad es que disparan porque saben que luego no les va a pasar nada".

"Pegas las que nos pusieron a nosotros", afirm¨® Jos¨¦ Benito. "Cuando llegaron los policias para hacer el atestado, hab¨ªan desaparecido los casquillos de las balas". El guardia civil que dispar¨® fue condenado a cinco a?os. "Pero a¨²n no ha ido a la c¨¢rcel. Al contrario, sabemos que ha estado prestando servicio en Guadalajara". a?adi¨® Jos¨¦.

Los fines de la asociaci¨®n de perjudicados, seg¨²n consta en sus estatutos fundacionales, no tienen ning¨²n car¨¢cter pol¨ªtico. Son estrictamente de ayuda mutua y de asesoramiento y apoyo a personas que se vean envueltas en desgracias similares, sin excluir los actos de presi¨®n al Gobierno para que las fuerzas de orden basen su actuaci¨®n en el respeto a los derechos consagrados en la Constituci¨®n.