El Gobierno aragon¨¦s recurre el decreto de militarizaci¨®n del aeropuerto zaragozano

, El Gobierno aragon¨¦s, que preside el nacionalista Hip¨®lito G¨®mez de las Roces, ha acordado en una reuni¨®n de su Consejo, presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de militarizaci¨®n del control a¨¦reo del aeropuerto de Zaragoza, aprobado en su d¨ªa por el Gobierno central.El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo aragon¨¦s, Jos¨¦ ?ngel Biel, inform¨® ayer que el recurso se basa en que el citado decreto "no se ajusta a derecho y carece de motivaci¨®n para tomar dicha decisi¨®n".

El decreto en el que se fundament¨® el Gobierno central para confiar a los militares el control del aeropuerto se?ala que esto podr¨¢ ser as¨ª "cuando circunstancias especiales lo aconsejen". El Gobierno aragon¨¦s entiende que no se dan ni se justifican tales condiciones, y destaca las repercusiones negativas que tendr¨¢ en el desarrollo econ¨®mico de la comunidad aut¨®noma como otra raz¨®n para oponerse a la militarizaci¨®n. Esta medida del Gobierno aragon¨¦s se suma a la adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que, con el voto de todos los grupos menos el PSOE, que se abstuvo, solicit¨® al Gobierno central que se mantenga el control del aeropuerto en manos de los controladores civiles.

El pleno de las Cortes de Arag¨®n tambi¨¦n abordar¨¢ hoy el tema y los sindicatos de controladores recurrieron el citado decreto ante el Tribunal Supremo.

Coordinadora ciudadana

Por otra parte, se ha creado una coordinadora ciudadana contra la militarizaci¨®n del aeropuerto, que ya ha recogido varios miles de firmas.

A su vez, el Justicia de Arag¨®n (similar al Defensor del Pueblo), Emilio Gast¨®n, se?ala en un informe que el decreto de militarizaci¨®n del aeropuerto supone "un desaire al estatuto de autonom¨ªa de Arag¨®n por condicionar y limitar" las posibilidades y el derecho de los aragoneses al libre desarrollo de las competencias de su estatuto. Gast¨®n ha enviado este informe al Gobierno aragon¨¦s, las Cortes regionales, la delegaci¨®n del Gobierno y el Defensor del Pueblo.