La solidaridad como exigencia democr¨¢tica
Es indudable que las transformaciones pol¨ªticas, econ¨®micas y sociales de los pa¨ªses que formaban el bloque comunista suponen la ca¨ªda de este modelo, que durante todo el siglo XX se ha opuesto como opci¨®n alternativa a la democracia liberal establecida sobre los principios de las revoluciones americana y francesa del siglo XVIII, y convertida en democracia social por los postulados keynesianos. El derrumbe del marxismo-leninismo como ideolog¨ªa capaz de organizar y dirigir la sociedad vendr¨ªa a confirmar que no hay otro modelo posible que la democracia social-liberal.Axiol¨®gicamente se puede decir ya que la democracia pol¨ªtica no tiene rivales; y al desaparecer el marxismo-leninismo como alternativa, tampoco puede servir ya de coartada para disimular las numerosas vulneraciones de los principios democr¨¢ticos que se producen en los pa¨ªses que se proclaman pluralistas y defensores de las libertades.
Punto de referencia
La democracia, a partir de ahora, tiene que confrontarse en mayor medida consigo misma. Los valores democr¨¢ticos se convierten en el punto de referencia, en el criterio de juicio para contrastar su propia existencia. La pregunta que tenemos que hacernos continuamente es: ?nos estamos aproximando al ideal democr¨¢tico, o estamos corriendo el riesgo del fracaso porque nos olvidamos de las propias ra¨ªces de la democracia, que exigen una continua profundizaci¨®n? La democracia es un proyecto exigente y ambicioso.
Ante los riesgos de devaluaci¨®n sustancial de la pr¨¢ctica ordinaria de la vida democr¨¢tica, el liberalismo progresista tiene planteadas multitud de exigencias que son un est¨ªmulo para su potencialidad creadora.
Hay que recordar, a este respecto, que, en un sistema democr¨¢tico, el principio de que la mayor¨ªa elegida es la que decide ocupar s¨®lo un segundo lugar. El primer principio es el imperio de la ley, es decir, la vigencia del Estado de derecho, que no es sino el conjunto de garant¨ªas que protegen a cada ciudadano contra los riesgos de un despotismo de la mayor¨ªa.
.La primera exigencia del liberalismo progresista sigue siendo la de mantener una actitud vigilante ante el poder econ¨®mico y el poder pol¨ªtico en defensa de los derechos individuales de los ciudadanos y de las, minor¨ªas, en defensa de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad.
El mayor riesgo del liberalismo estriba en el intento de su apropiaci¨®n y desnaturalizaci¨®n por parte del conservadurismo. El conservador se reclama liberal para petrificar un determinado statu quo econ¨®mico en la sociedad. Defiende las libertades individuales y reclama un Estado que le garantice, con la ley en la mano, un sistema de econom¨ªa de mercado en el que el conservador se encuentra situado en posici¨®n ventajosa para competir. Y, por supuesto, rechaza que el Estado deba asumir funciones compensatorias. Probablemente no se atreva a confesarlo en voz alta, pero aplaude entusiasmado los intentos de Reagan y Thatcher de recortar los gastos sociales porque comparte la idea de que la protecci¨®n social alienta la marginaci¨®n.
De ah¨ª que el CDS, desde su fundaci¨®n, haya dedicado especial atenci¨®n al desarrollo y salvaguarda institucional de nuestro pa¨ªs, contrastando permanentemente el funcionamiento de nuestras instituciones con el ideal democr¨¢tico.
Desde ese punto de vista, algunas de nuestra leyes deben modificarse sensiblemente si quieren acercarse a la realizaci¨®n de los valores proclamados en la Constituci¨®n. Por otro lado, el respeto integral al Estado de derecho (y por tanto, una pol¨ªtica que recorte espacio a la ilegalidad, a la prepotencia, a la corrupci¨®n) constituye el fundamento de legitimidad del Gobierno democr¨¢tico y la garant¨ªa de solidez de las instituciones.
Aut¨¦ntica democracia
Cuando, por ejemplo, hablamos de que la nuestra es una aut¨¦ntica democracia representativa, en la que cada hombre equivale a un voto, no estamos diciendo toda la verdad. Un voto libre e igual en condiciones de imparcialidad es una exigente pretensi¨®n que algunas democracias, y entre ellas la nuestra, satisfacen cada vez menos.
Para conseguir ese objetivo se impone un requisito: que la competencia electoral se desarrolle en un marco de rigurosa igualdad de oportunidades. Para que ¨¦sta sea realidad es esencial que todos tengan la posibilidad de comunicar, de ser escuchados.
Esa igualdad de oportunidades se vulnera desde dos flancos: el poder econ¨®mico y el poder pol¨ªtico.
La libertad econ¨®mica conduce a grandes disparidades en la distribuci¨®n de recursos. Pero ello no deber¨ªa ser convertible en recursos pol¨ªticos. Por eso discrepo profundamente de las voces que en estos d¨ªas se alzan en nuestro pa¨ªs, y l¨®gicamente desde el espectro conservador, a favor de la financiaci¨®n privada de los partidos pol¨ªticos y de la competencia electoral. Muy al contrario, pienso que la financiaci¨®n deber¨ªa ser casi exclusivamente p¨²blica, materializada b¨¢sicamente en forma de recursos de comunicaci¨®n, con el car¨¢cter m¨¢s equitativo posible para todos los contendientes. Ello redundar¨ªa, adem¨¢s, en una reducci¨®n muy sustancial de los gastos electorales y de las sombras de corrupci¨®n que ¨²ltimamente nos acosan.
Posesi¨®n del poder
El otro flanco desde el que se acosa al voto libre e igual es esa gigantesca ventaja que otorga la posesi¨®n y el ejercicio del poder. Desde las formas m¨¢s primitivas de caciquismo hasta las m¨¢s modernas y refinadas de anunciar inversiones p¨²blicas o conceder subvenciones en campa?as electorales, el ejercicio del clientelismo con los recursos p¨²blicos es una corrupci¨®n del ideal democr¨¢tico. En l¨ªneas generales, favorece el voto de trueque y el clientelismo toda pol¨ªtica que ensancha los m¨¢rgenes de discrecionalidad del poder y restringe el operante automatismo de la ley.
Otro gran aspecto de nuestra democracia que exige una revisi¨®n continua es nuestra aproximaci¨®n o alejamiento del ideal consagrado en nuestra Constituci¨®n de un Estado social de derecho. Esto es, del desarrollo de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad.
Hoy es evidente que tanto en el mundo como en nuestro pa¨ªs se avanza m¨¢s deprisa en el desarrollo de la libertad que en la construcci¨®n de la solidaridad. Los que defendemos una opci¨®n social-liberal y progresista entendemos que este desequilibrio puede tener consecuencias funestas si no nos esforzamos en corregirlo. Pero ello no supone que haya que retrasar el despliegue de las libertades, sino que hay que acelerar los mecanismos que robustezcan la solidaridad.
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