El presidente y el gerente de SAVE, condenados a dos a?os y medio por defraudar 532 millones al Estado

Vicente Iborra, presidente de la !Sociedad An¨®nima Valenciana de Estacionamientos (SAVE), y Francisco Casa?, gerente de la empresa, han sido condenados por la Audiencia de Valencia a sendas penas de dos a?os y medio de prisi¨®n, al ser considerados culpables de los delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida. Los otros 22 procesados, empleados de SAVE y de Aeropuertos Nacionales, han resultado absueltos al considerar la Sala que su conducta no fue maliciosa. El Tribunal ha estimado en 532 millones de pesetas la cantidad que la concesionaria de 11 aeropuertos defraud¨® a la Administraci¨®n y debe indemnizar.

La Secci¨®n Primera de la Audiencia de Valencia ha considerado probado que Francisco Casa?, de com¨²n acuerdo y con pleno asentimiento de Vicente Iborra, ex presidente de la patronal valenciana, "correg¨ªa a mano las cintas registradoras de los aparcamientos, haciendo constar en ellas las oportunas marcas y se?alizaciones". Esta pr¨¢ctica, que consist¨ªa en reducir el tiempo de estancia de algunos veh¨ªculos, permit¨ªa una minusvaloraci¨®n de las liquidaciones y una reducci¨®n consiguiente del canon porcentual establecido con la Administraci¨®n.El Tribunal ha cifrado en m¨¢s de 532 millones de pesetas la cantidad en que el Estado fue defraudado por la actividad il¨ªc¨ªta de SAVE y ha subrayado que los dirigentes empresariales dieron instrucciones a los empleados de la empresa para que, a partir de estas correciones, "confeccionasen unas nuevas cintas con unas m¨¢quinas registradoras, similares a las existentes en los estacionamientos, que hab¨ªa en la oficina central de Valencia".

La sentencia, que se hizo p¨²blica ayer en Valencia, asegura que la modificaci¨®n de las cintas se realizaba en una habitaci¨®n, en la que para acceder a la misma hab¨ªa que abrir la puerta de un armario, tras presionar uno de los pomos existentes que aparentaba realizar la funci¨®n de un colgador.

Igualmente considera no probada la existencia de un pacto verbal entre SAVE y el Estado, como aleg¨® la empresa.