La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos acusa a Interior de reprimir a extranjeros
La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE), en su informe sobre 1989, que hizo p¨²blico ayer, recomienda a los poderes p¨²blicos que sustituyan la actual ley de Extranjer¨ªa por una que conciba de modo m¨¢s positivo los derechos y libertades de los extranjeros emigrantes. Asimismo pide que se encomiende a los jueces y tribunales la tutela de estos derechos, frente a la arbitrariedad de las decisiones policiales. Jos¨¦ Antonio Gimbernat, presidente de la APDHE, denunci¨® la "xenofobia pr¨¢ctica de la Administraci¨®n y el racismo de la sociedad".
La APDHE fundamenta sus denuncias en los datos que figuran en su informe, de 142 p¨¢ginas, en el que, junto a la situaci¨®n de los extranjeros, se recoge la de los presos y grupos marginados, torturas y malos tratos, justicia penal, derechos econ¨®micos y sociales, pol¨ªtica exterior y de defensa y otras violaciones de los derechos humanos. Destaca la dimensi¨®n internacional del informe, que el pr¨®ximo a?o abordar¨¢ tambi¨¦n la ecolog¨ªa.La asociaci¨®n critica que el Gobierno espa?ol "ha acogido acr¨ªticamente y de forma resuelta la pol¨ªtica represiva de la Comunidad Europea contra los extranjeros no comunitarios". El informe resalta que del total de 800.000 extranjeros que residen en Espa?a, el problema se circunscribe al de los inmigrantes que trabajan en la econom¨ªa sumergida y que sufren una situaci¨®n social y personal desastrosa.
La afirmaci¨®n de que el Ministerio del Interior ha aplicado en los ¨²ltimos cinco a?os una pol¨ªtica "crecientemente represiva" respecto a los extranjeros indocumentados o ilegales, la fundamenta el informe en cifras oficiales, seg¨²n las cuales los extranjeros rechazados en frontera pasaron de 19.406 en 1985 a 35.162 en 1989, lo que muestra un aumento del 90%, mientras que el crecimiento global de entrada de extranjeros fue del 25% en el mismo periodo. Todav¨ªa m¨¢s aumentaron los extranjeros detenidos por la polic¨ªa, que en cinco a?os se triplicaron: de 13.898 en 1985 pasaron a 32.496 en 1989.
449 "indeseables"
En cuanto a las cifras de extranjeros expulsados, se han quintuplicado: de 975 en 1985 se ha pasado a 4.739 en 1989. El informe analiza el desglose que el propio Ministerio del Interior realiza respecto a las causas de expulsi¨®n, que la APDHE eval¨²a como "gran amenaza". De los 4.739 expulsados en 1989, 4.275 lo fueron por ilegales, 449 por indeseables", 14 por delincuentes y uno por drogas. El informe resalta que la curiosa denominaci¨®n policial y jur¨ªdica de indeseables apunta hacia expulsiones arbitrarias y se?ala tambi¨¦n que, a pesar de la tendencia a presentarles como delincuentes, del total de 4.739 extranjeros expulsados en 1989, s¨®lo 14 lo fueron por esta raz¨®n.
Esta parte del informe se complementa con los datos que muestran una degradaci¨®n de los derechos de asilo y refugio en nuestro pa¨ªs, cuya denegaci¨®n "ha crecido de forma espectacular", dice la APDHE, "en los ¨²ltimos tres a?os", sobre todo respecto a los aspirantes a refugiados de origen africano. La APDHE relata con detalle la muerte de Seyed Modjtaba Shattah, iran¨ª que solicit¨® asilo y, tras serle denegado por las autoridades gubernativas, se arroj¨® desde el octavo piso de su domicilio, a donde le condujo la polic¨ªa para que recogiera sus efectos personales. En materia de defensa, el informe de la APDHE denuncia la "continuista e irritante doblez moral y af¨¢n de enga?o" que supone presentar como ¨²nicas cifras de gasto militar los 870.000 millones de pesetas del Ministerio de Defensa presupuestados para 1990, cuando el resto de las partidas militares -Guardia Civil, OTAN, clases pasivas y otros- lo aumentan en unos 500.000 millones, con lo que el presupuesto global significa un incremento del 7,8% respecto al de 1989 y su proporci¨®n respecto al producto interior bruto supera a los de Canad¨¢, Francia, Suecia y todos los pa¨ªses neutrales europeos. La APDHE denuncia tambi¨¦n la venta de armas a pa¨ªses en conflicto, como Turqu¨ªa y Marruecos, o a Gobiernos que violan los derechos humanos, como Chile y Sur¨¢frica, pese al enbargo de la ONU asumido por Espa?a.
El giro de M¨²gica
El informe recoge "un significativo giro en la actitud de los responsables de la Administraci¨®n penitenciaria", desde la llegada de Enrique M¨²gica al Ministerio de Justicia, frente a la "colaboraci¨®n con diversas organizaciones c¨ªvicas y sociales que ven¨ªan desarrollando un trabajo en el ¨¢mbito penitenciario, en tareas de asistencia a la poblaci¨®n reclusa". En materia de marginaci¨®n, el informe detalla la situaci¨®n de los ni?os, ancianos, minusv¨¢lidos y enfermos de sida, as¨ª como la discriminaci¨®n hacia el pueblo gitano.
El informe de la APDHE refleja la disminuci¨®n de las denuncias de torturas y, por primera vez, incluye a tres guardias civiles -uno de ellos Manuel Rosa Recuerda, promotor de un sindicato en dicha instituci¨®n- como objetos de malos tratos por otros miembros de la Guardia Civil.
Recomendaciones sin respuesta
Las 17 recomendaciones realizadas a los poderes p¨²blicos por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE) al final de su ¨²ltimo informe anual, presentado ayer, corren el peligro de caer en saco roto si, como ha ocurrido otros a?os, el Gobierno no contesta, seg¨²n inform¨® el presidente de la asociaci¨®n, Jos¨¦ Antonio Gimbernat: "Creo que nuestro informe no interesa demasiado y nosotros no tenemos capacidad para forzar ese inter¨¦s".Gimbernat se mostr¨® ayer sensible a las respuestas de la Administraci¨®n, por lac¨®nicas que sean. Seg¨²n dijo, la anunciada llamada a organizaciones internacionales humanitarias en favor de una soluci¨®n negociada para los grapos en huelga de hambre, contin¨²a aplazada ante la decisi¨®n de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias de informar a la APDHE sobre la salud de los reclusos.
Con ocasi¨®n del informe sobre 1989, adem¨¢s del cambio legal y pol¨ªtico respecto a los extranjeros, la APDHE recomienda la supresi¨®n de la pena de muerte en el C¨®digo Penal Militar, medidas adecuadas para evitar los numerosos accidentes militares y los tratos vejatorios a los ciudadanos que prestan el servicio militar. Igualmente pide que se reforme la ley de objeci¨®n de conciencia para que pueda ser alegada por los j¨®venes incorporados a filas y para que se iguale el tiempo del servicio militar y el de la prestaci¨®n social sustitutoria.
La APDHE recomienda que se cumpla el compromiso constitucional de preservar por ley el uso de la inform¨¢tica y el control de las escuchas telef¨®nicas, en salvaguarda del derecho a la intimidad. Pide que se reconozca el derecho a la sindicaci¨®n en la Guardia Civil, la reducci¨®n del porcentaje de inversiones en gastos militares y el incremento de obras y servicios sociales b¨¢sicos; el control parlamentario sobre la exportaci¨®n de armas, la ampliaci¨®n sustancial de la cobertura del desempleo y la reforma de la legislaci¨®n franquista sobre menores.
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