El Gobierno de Nicaragua amenaza a los huelguistas con el despido
El Gobierno nicarag¨¹ense declar¨® ayer ilegal la huelga iniciada hace 11 d¨ªas en todo el pa¨ªs por los sindicatos de trabajadores estatales en demanda de mejoras salariales y de la revisi¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica del Ejecutivo, y amenaz¨® con el despido de quienes ma?ana no se reincorporen al trabajo. Las negociaciones entre representantes de la presidenta, Violeta Chamorro, y de los sindicatos sandinistas quedaron rotas ayer al no alcanzarse un acuerdo.
El ministro nicarag¨¹ense de Trabajo, Francisco Rosales, manifest¨® que "por su intransigencia para negociar" y por la "agresi¨®n criminal" de que, dijo, fueron objeto altos funcionarios del Gobierno por parte de los huelguistas, ¨¦stos se colocaron al margen de la legalidad. Rosales agreg¨®, en conferencia de Prensa, que el coche en que viajaban cuatro ministros, miembros de la comisi¨®n negociadora, fue atacado por manifestantes con piedras, adoquines y ladrillos de barro.Seg¨²n Rosales, que calific¨® la huelga de "pol¨ªtica, ilegal e inexistente", el Frente Nacional de Trabajo (FNT), que dirige la protesta y que cuenta con unos 260.000 afiliados, "es un instrumento de cambio que busca la toma del poder". El ministro acus¨® a los sindicalistas de negarse a discutir los cinco puntos propuestos por el Gobierno: un acuerdo sobre salarios, reclasificaci¨®n de cargos, financiaci¨®n de las empresas estatales, estabilidad laboral y pago de deudas a empresas del sector de la construcci¨®n.
Los ocho comandantes que forman la direcci¨®n del Frente Sandinista se reunieron ayer para estudiar la situaci¨®n, poco despu¨¦s de la ruptura de las negociaciones que, seg¨²n los sindicatos, promovi¨® el Gobierno unilateralmente.
Huelga escalonada
Los organizadores de la huelga general, de aplicaci¨®n escalonada, piden un salario mensual m¨ªnimo de 200 d¨®lares (20.000 pesetas) y la derogaci¨®n del decreto que permite la privatizaci¨®n de las tierras y empresas nacionalizadas por los sandinistas. Tambi¨¦n solicitan una investigaci¨®n oficial sobre el paradero de los desaparecidos durante la guerra de ocho a?os entre el sandinismo y la Contra. El paro afecta a unos 85.000 trabajadores.
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