Defensa amenaza a las empresas concesionarias con cancelar el contrato de modernizaci¨®n de los Mirage

El Ministerio de Defensa est¨¢ dispuesto a suspender el contrato de modernizaci¨®n de los 23 cazas Mirage 3 del Ej¨¦rcito del Aire, aprobado por el Gobierno en diciembre de 1988, con un importe de 23.500 millones de pesetas, si las dos empresas espa?olas concesionarias, la p¨²blica Construcciones Aeron¨¢uticas, SA (CASA) y la privada Ceselsa, no resuelven sus diferencias, seg¨²n indicaron ayer fuentes pr¨®ximas al citado departamento. Defensa ha pedido explicaciones a dichas firmas sobre la demora de un a?o que sufre ya el programa y sobre la indefinici¨®n en que se encuentra actualmente.

El 28 de diciembre de 1988, Defensa firm¨® el contrato de modernizaci¨®n de los Mirage 3 con el consorcio ATTORN, constituido al 50% por CASA y Ceselsa. Sin embargo, para la puesta en marcha del proyecto era necesario que ATTORN firmara a su vez sendos contratos con la empresa p¨²blica, responsable de integrar los sistemas en los aviones, y con la privada, encargada de la parte electr¨®nica del programa. A estas alturas, dichos contratos no han sido firmados, por lo que siguen sin definir importantes aspectos del proyecto, como la avi¨®nica, e incluso los plazos, que deber¨ªan concluir el 12 de octubre de 1992. En opini¨®n de algunos expertos, peligran incluso las condiciones de aeronavegabilidad de los aparatos en misiones de combate.En medios pr¨®ximos al Ministerio de Defensa se asegur¨® ayer que el departamento se ha dirigido a las empresas concesionarias inst¨¢ndoles a que, en un plazo aproximado de dos semanas, ofrezcan explicaciones convincentes sobre la situaci¨®n, con la advertencia de que, de no encontrarse una salida al actual bloqueo, se decidir¨ªa la suspensi¨®n temporal del programa e incluso la definitiva, antes de tres meses. Dichos medios subrayaron que, de llegarse a la ruptura, Defensa no se plantear¨ªa negociar, sino que exigir¨ªa responsabilidades; empezando por la devoluci¨®n del importe abonado, unos 5.000 millones de pesetas, y la ejecuci¨®n de los avales bancarios. Los mismos medios advirtieron que la Ley de Contratos del Estado prev¨¦ la p¨¦rdida de la capacidad de obtener contrataciones por las empresas que incumplan sus compromisos.

Opini¨®n de las empresas

Un portavoz de Ceselsa reconoci¨® a EL PA?S que "hay discrepancias en la forma de presentar la documentaci¨®n por ambas partes" y que estas diferencias "se agravan por la falta de un responsable principal del programa", ya que cada empresa tiene igual n¨²mero de acciones en la sociedad contratista, ATTORN. Por su parte, un portavoz de CASA admiti¨® que "no existen subcontratos ni responsabilidades claramente definidas" y que "se est¨¢n produciendo demoras en la entrega de documentos que causan grave da?o a CASA", pero se neg¨® a realizar m¨¢s comentarios.Finalmente, un portavoz oficial del Ministerio de Defensa dijo que "a finales de 1989 se detectaron una serie de problemas en el citado programa que incid¨ªan negativamente en su desarrollo". "A la vista de esta situaci¨®n", agreg¨®, "la direcci¨®n general de Armamento y Material encarg¨®, el 17 de enero, un estudio exhaustivo del problema, concluido en junio".

Como consecuencia del mismo, seg¨²n dicho portavoz, "el ministerio ha tomado una serie iniciativas cautelares, con el fin de salvaguardar el inter¨¦s p¨²blico y arbitrar las medidas necesarias para el buen fin del programa, por lo que conf¨ªa en que puedan superarse las dificultades y las empresas alcancen un entendimiento que ofrezca suficientes garant¨ªas para que el programa contin¨²e su desarrollo en la forma prevista". El portavoz no descart¨®, sin embargo, la "suspensi¨®n definitiva del contrato con la reclamaci¨®n de responsabilidades a que hubiere lugar", si no se aportaran soluciones.