Los derechos humanos en Espa?a

Todos los a?os, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos elabora un informe, que ofrece a la consideraci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y de los gobernantes, en el que pretende tomar el pulso de? estado de salud de los derechos humanos en Espa?a. En los Estados no democr¨¢ticos, los enunciados de los derechos humanos condensan el punto de referencia donde convergen todos aquellos que se oponen al despotismo del poder. En ese marco se proclama su inviolabilidad, a la vez que se reclama su car¨¢cter incondicional. ?sta fue tambi¨¦n la experiencia en la Espa?a de la dictadura. La Constituci¨®n espa?ola y los valores gu¨ªa de nuestra democracia -como no pod¨ªa ser menos se asientan en una concepci¨®n moderna de estos derechos. Tienen como horizonte su ¨®ptimo cumplimiento.Sin embargo, parecer¨ªa que al ser incorporados los derechos humanos como premisas necesarias del orden democr¨¢tico, paulatinamente se hubiese enfriado el entusiasmo primero y hoy se les atribuyera por la propia sociedad un papel m¨¢s condicionado. La conciencia democr¨¢tica, autojustificada y complacida en su propia legitimidad, se permite consentir zonas oscuras como de inevitable existencia.

La democracia espa?ola ha convivido desde su origen con la lacra de la tortura y los malos tratos a los detenidos. De ello dan fe sucesivas sentencias de la justicia por este motivo, al igual que los sumarios que contin¨²an abiertos y los nuevos que se inician. Ocho a?os despu¨¦s de los sucesos, el Tribunal Supremo ha determinado que hubo torturas en el caso Arregui. La ley antiterrorista, modificada en fechas recientes, ha sido un inequ¨ªvoco factor crimin¨®geno, propiciadora de estas pr¨¢cticas indignas. No sabemos si ha sido un instrumento ¨²til para combatir el crimen, pero s¨ª es cierto que ha alentado este tipo de delitos en algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La actual reducci¨®n de los plazos de incomunicaci¨®n ha hecho disminuir las denuncias y las sospechas acerca de estos hechos ignominiosos.

Es obvio que ¨¦ste es s¨®lo un tema de los muchos a los que debe atender un diagn¨®stico sobre la situaci¨®n de los derechos humanos.

As¨ª hay que resaltar el mal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia, que con tanta frecuencia llega tarde, y por tanto mal. Con una marcada diferencia en las posibilidades de defensa de aquellos acusados que la pueden pagar bien, en comparaci¨®n con quienes tienen que acudir a la defensa de oficio.

Las condiciones de las prisiones, con una poblaci¨®n penal en alarmante crecimiento, son causa fundamental de que raramente se logren los objetivos de una pol¨ªtica penitenciaria moderna: la reinserci¨®n de los penados, para quienes las c¨¢rceles deber¨ªan ser una experiencia reeducadora. Por el contrario, la insensibilidad social prefiere cerrar los ojos, desentendi¨¦ndose de esos aglomerados de degradaci¨®n, corrupci¨®n y desmoronamiento ps¨ªquico y fisico en que tantas veces se convierten las c¨¢rceles para los internados en ellas. La gran pregunta de para qu¨¦ deben servir las c¨¢rceles no s¨®lo es una cuesti¨®n de expertos en derecho, sino que exige respuestas en la sociedad. Es hip¨®crita encogerse de hombros ante el divorcio patente entre los objetivos afirmados por un derecho penitencial progresista y la realidad de nuestras c¨¢rceles.

El informe de la asociaci¨®n resalta tambi¨¦n la necesidad de una democratizaci¨®n de las estructuras militares. El ejercicio de la autoridad en el Ej¨¦rcito nunca debe tener un car¨¢cter antidemocr¨¢tico, y el periodo de servicio militar no equivale a una etapa de vacaciones del respeto y garant¨ªas de los derechos humanos, que la Constituci¨®n avala para todos los espa?oles, tambi¨¦n para los soldados. Hoy se perciben con creciente agudeza los malos efectos de una restrictiva ley de objeci¨®n de conciencia, dictada por la desconfianza hacia el objetor en vez de reconocer su positiva aportaci¨®n en la extensi¨®n de una conciencia antibelicista.

Pero adem¨¢s, los derechos humanos remiten a un campo, a veces desatendido, en las consideraciones de sus incumplimientos. Son los aspectos econ¨®micos y sociales. Las declaraciones modernas recogidas en nuestra Constituci¨®n subrayan como un derecho individual clave el derecho al trabajo. La realidad de 2,5 millones de parados manifiesta el fracaso parcial del ejercicio de ese derecho. Si adem¨¢s nuestro pa¨ªs presenta cifras r¨¦cord en accidentes laborales, con demasiadas p¨¦rdidas de la vida por esta causa, y si las condiciones con las que se formalizan los contratos laborales son las peores de la Europa comunitaria, podemos percibir las limitaciones existentes con las que se desarrolla este derecho sustancial de los ciudadanos.

?stos son algunos de los puntos negros en la pr¨¢ctica de los derechos humanos. Nuestro informe se detiene en otros importantes aspectos, como la pol¨ªtica de car¨¢cter xen¨®fobo de nuestra Administraci¨®n, que tiene como consecuencia pr¨¢cticas represivas con los extranjeros y violaci¨®n efectiva de los derechos humanos en importantes sectores de inmigrantes. Se activa as¨ª el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de movimientos de car¨¢cter racista, como observamos en distintos pa¨ªses europeos.

Este diagn¨®stico, en sus diversos aspectos, parece confirmar una cierta subordinaci¨®n, en determinadas circunstancias, de los derechos humanos a intereses estimados como superiores. Son razones econ¨®micas, de seguridad o las mal llamadas razones de Estado las que vemos imponerse como opuestas a la incondicionalidad de los derechos humanos. As¨ª, en el lamentable asunto de los GAL, los ciudadanos presencian asombrados la aparici¨®n en escena de un sospechoso de terrorismo investido con los atributos de embajador o la dilaci¨®n inexplicada de un proceso de extradici¨®n que permite a otro fehaciente sospechoso una extra?a libertad de movimientos. Cada vez con mayor intensidad en los medios de comunicaci¨®n y en la opini¨®n p¨²blica, los GAL van deviniendo un secreto a voces, en que el Ejecutivo parece m¨¢s un encubridor que un perseguidor de determinadas acciones terroristas.

Todo lo expuesto parece inducir en los ciudadanos una cierta resignaci¨®n fatalista o -peor- indiferencia, proclive a juzgar como excesivamente ut¨®picas actitudes que pretenden situar siempre los derechos humanos como valor irrenunciable, pese a otras razones.

es presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos en Espa?a.