IU acusar¨¢ a los implicados en el 'caso Naseiro' de conspirar para el cohecho
Hoy comienza el plazo de 15 d¨ªas dado por el magistrado del Tribunal Supremo Luis Rom¨¢n Puerta, instructor del caso Naseiro, para que el fiscal y las acusaciones populares formulen sus escritos de conclusiones para el juicio oral. Izquierda Unida (IU) acusar¨¢ a los pol¨ªticos del PP ?ngel Sanchis, Rosendo, Naseiro y Salvador Palop y al empresario Jos¨¦ Balaguer de "conspiraci¨®n para el cohecho". Unitat del Poble Valenci¨¢ (UPV) acusar¨¢ a los tres primeros y solicitar¨¢ el testimonio de los dirigentes del PP Manuel Fraga y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el juicio oral. El fiscal duda si acusar¨¢ o pedir¨¢ el archivo de la causa.
A pesar de la "apat¨ªa acusadora" -seg¨²n expresi¨®n de un magistrado del Supremo- demostrada por el fiscal, el instructor de la sala segunda de este alto tribunal decidi¨® el pasado 31 de julio iniciar los tr¨¢mites previos a la celebraci¨®n del juicio oral, para lo que concedi¨® al fiscal y a la acusaci¨®n popular un plazo com¨²n de 15 d¨ªas, que comienza hoy, a fin de que formulen sus escritos de conclusiones provisionales.Por el momento, las dos acusaciones populares han anunciado a este peri¨®dico su prop¨®sito de formular escritos acusatorios. Sin embargo, tanto Pere Mayor, diputado auton¨®mico valenciano que encabeza la acusaci¨®n popular de UPV, como Antonio D¨ªaz -abogado de Pascual Molla, Mar¨ªa Teresa Molares Mora, Dolores P¨¦rez Mart¨ª, Gumersindo Pardo Peir¨® y Joan Rib¨® Canut, dirigentes de IU del Pa¨ªs Valenciano- han hecho notar la penuria de medios con que cuentan, frente a la potencia econ¨®mica de los implicados en el caso.
Los acusadores de IU han sido aceptados como parte el 22 de agosto ¨²ltimo, un d¨ªa despu¨¦s de que formalizasen la fianza de 50.000 pesetas exigida por la sala. Desde esa fecha, D¨ªaz se ha dedicado a estudiar las actuaciones, que le permiten acusar de conspiraci¨®n para el cohecho a ?ngel Sanchis y Rosendo Naseiro -sucesivos secretarios nacionales de finanzas del PP-, Salvador Palop -concejal valenciano del PP y presidente de la comisi¨®n municipal de compras- y Jos¨¦ Balaguer -presidente del grupo de empresas Electronic Trafic, SA (ETRA), dedicadas a la instalaci¨®n el¨¦ctrica-.
D¨ªaz va a solicitar nuevas diligencias para comprobar la implicaci¨®n de ?ngel Couso, gerente de ETRA; Javier Dom¨ªnguez, arquitecto del Ayuntamiento de Cullera (Valencia); Manuel Romillo, consejero delegado de Dragados y Construcciones, y Carlos Bonet, delegado de la empresa Huarte en Valencia.
Las cintas, en el juicio
El abogado de IU pedir¨¢ que antes del juicio la polic¨ªa valenciana confirme que las grabaciones de las conversaciones telef¨®nicas no fueron manipuladas, as¨ª como que ingenieros de sonido verifiquen las voces que aparecen en ellas. Para el juicio, solicitar¨¢ la audici¨®n de las cintas, prueba que durar¨¢, calcula el letrado, "s¨®lo cinco o seis horas".
Por su parte, Mayor inform¨® que UPV acusar¨¢ de cohecho al menos a Sanchis, Naseiro y Palop, as¨ª como solicitar¨¢ que Fraga y Aznar -sucesivos presidentes nacionales del PP- y Mar¨ªa Isabel D¨ªaz de la Lastra -portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante- presten testimonio en el juicio.
UPV ha pedido los movimientos de las cuentas de Palop en el Banco Hispano Americano desde el 1 de enero al 27 de julio de 1989, que no fueron remitidos cuando los solicit¨® el juez Luis Manglano, por encontrarse entonces el ordenador estropeado y no poder leer en la microficha los movimientos de la cuenta relativos a ese periodo, seg¨²n la entidad.
En medios jur¨ªdicos existe expectaci¨®n por conocer si el fiscal del caso, Juan Mart¨ªn Casallo, sigue proyectando no acusar a ninguno de los implicados, decisi¨®n que, seg¨²n fuentes de la fiscal¨ªa general, producir¨ªa una "situaci¨®n delicada". En estas fuentes se recuerda el "juego jur¨ªdico" que est¨¢ dando el llamado caso Guerra, a pesar de que Torres lo estim¨® en su d¨ªa desprovisto de relevancia penal.
El archivo de la causa no est¨¢ descartado
El hecho de que el magistrado instructor Luis Rom¨¢n Puerta no haya vinculado el escrito de los acusadores a ?ngel Sanchis -diputado del PP cuya condici¨®n de aforado ha motivado que el Supremo conozca del caso Naseiro- ha sido evaluado por el fiscal y las defensas como positivo para una eventual solicitud de archivo de toda la causa que, de ser aceptada por la sala, cerrar¨ªa el caso y, adem¨¢s, impedir¨ªa que volviera a Valencia. Destacan que cuando el instructor deneg¨® la nulidad de actuaciones sugiri¨® al fiscal y a la acusaci¨®n popular que, "a la hora de instar lo que estimen procedente", ponderen y no desconozcan "los fundados argumentos de los defensores" sobre irregularidades procesales".Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo recuerdan que cuando Rom¨¢n Puerta deneg¨® la nulidad de actuaciones, dej¨® claro que las irregularidades procesales denunciadas pueden producir "su nulidad aut¨®noma, con reflejo en el derecho a la presunci¨®n de inocencia", alegable ante la sala al principio del juicio oral. Asimismo, estiman que la posibilidad de que los implicados se sienten en el banquillo depender¨¢ de las acusaciones que se formulen y especialmente de la consistencia de la p¨²blica.
El instructor abri¨® la fase previa al juicio oral mediante providencia, resoluci¨®n apta para la ordenaci¨®n del proceso, pero que no entra en el fondo de la solicitud de archivo realizada por la defensa. Manuel Cobo del Rosal, catedr¨¢tico de Derecho Penal abogado de Salvador Palop, estima que la denegaci¨®n de la petici¨®n de archivo implica una resoluci¨®n de fondo, que deber¨ªa adoptar la forma de auto razonado. En consecuencia, ha impugnado la providencia. El recurso est¨¢ pendiente ole resoluci¨®n. Por su parte, la sala tiene pendiente de resolver la queja de este mismo letrado por la pr¨¢ctica de diligencias derivadas de las conversaciones telef¨®nicas, en su criterio ilegalmente grabadas.
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