Aliarse con los que pagan

No parece que las relaciones entre la Administraci¨®n tributaria y la ciudadan¨ªa sean muy fluidas. Tampoco en eso Espa?a es ninguna excepci¨®n. Pero si se quiere conseguir aumentar la credibilidad de nuestro sistema fiscal y concentrar los ataques en las bolsas a¨²n existentes de fraude, el paso obligado es aliarse con los que pagan m¨¢s o menos escrupulosamente sus impuestos, que son adem¨¢s los m¨¢s vulnerables a cualquier mecanismo inspector o controlador.Predomina la sensaci¨®n de que la presi¨®n fiscal ha llegado a ciertos l¨ªmites infranqueables, y la misma direcci¨®n de la Hacienda de este pa¨ªs ha emprendido un notable esfuerzo para replantear estrategias y conseguir adecuar sus instrumentos a las nuevas necesidades. Es sin duda dificil lograr que la gente pague sus impuestos con la misma alegr¨ªa con que acude a las grandes rebajas o a una agencia de viajes antes de ir de vacaciones, pero cuando no se consigue construir un sistema tributario que goce de un m¨ªnimo de aceptaci¨®n social, prevalece la sensaci¨®n de aislamiento de los organismos y agentes recaudadores y s¨®lo se dispone de la represi¨®n indiscriminada como arma de gesti¨®n.

Ello es especialmente Importante en Espa?a, puesto que se ha tomado la opci¨®n de hacer recaer en el propio contribuyente el mayor esfuerzo en el tr¨¢mite voluntario (u obligatorio) cumplimiento de los deberes fiscales. En 1989 fueron nueve millones los espa?oles que presentaron sus declaraciones de IRPF. Estamos, pues, ante un problema que afecta directa o indirectamente a la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n espa?ola. Y frente a ello, o bien se asume que esos nueve millones son defraudadores hasta que no se demuestre lo contrario, o bien se trata de establecer ciertas alianzas con aquellos que presumiblemente cumplen sus obligaciones, para concentrar los esfuerzos de control en los individuos o grupos que mayores posibilidades tienen de escapar o eludir sus obligaciones fiscales.

Los defraudadores

Hemos de reconocer que no es ¨¦ste el talante que hasta ahora ha predominado, o que ha parecido predominar, en la relaci¨®n entre organismos de gesti¨®n tributaria y ciudadanos. Y si a ello a?adimos la poca comprensibilidad de la relaci¨®n impuestos-servicios que se reciben, no resulta extra?o que haya ido calando en la sociedad un cierto estado de opini¨®n favorable a los defraudadores. Los responsables de la Hacienda espa?ola parece que algo de ello han percibido cuando afirman en el reciente Libro Blanco, base de la reforma en curso del IRPF, que s¨®lo con grandes cambios en la relaci¨®n Administraci¨®n-ciudadano "es posible progresar en la aceptaci¨®n social del sistema y en el cumplimiento tributario voluntario".

En un reciente estudio sobre la Administraci¨®n tributaria Michael Barzelay, profesor de Harvard, afirmaba que para que un ciudadano pueda sentirse m¨¢s a gusto en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales deber¨ªan cumplirse ciertos supuestos: un notable grado de facilidad en el procedimiento previsto; una gran rapidez, en su caso, en la recepci¨®n de las devoluciones a que se tuviera derecho, y la sensaci¨®n de que la inspecci¨®n s¨®lo se plantea en casos excepcionales, de que cuando se produce se desarrolla con un m¨¢ximo de profesionalidad, y de que todos aquellos a quienes se conoce son tratados de la misma manera y cumplen igualmente sus obligaciones para con Hacienda.

Si relacionamos esos supuestos con la realidad fiscal de nuestro pa¨ªs, hemos de reconocer que la distancia que hay que recorrer es a¨²n larga. A pesar de los esfuerzos recientes del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, poco se ha avanzado. Muchas veces porque se ha olvidado que no s¨®lo es importante realizar mejoras en el servicio, sino que tambi¨¦n lo es darlas a conocer de manera eficaz y atractiva. Otras veces porque las inercias y rutinas de la estructura administrativa pueden m¨¢s que los deseos o intenciones de sus dirigentes. Y tambi¨¦n porque no se ha logrado modificar la imagen predominantemente agresiva y poco selectiva de una Administraci¨®n fiscal y de unos servicios de inspecci¨®n y control cuya labor, sin duda indispensable, no siempre ha contado con los recursos o cobertura adecuados.

Debe insistirse, por tanto, en la l¨ªnea que prima una mayor colaboraci¨®n con la gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n que cumple sus deberes fiscales, y ello implica facilitarle al m¨¢ximo las cosas y agilizar con imaginaci¨®n las devoluciones a que hubiere lugar. Pero ese mensaje debe tambi¨¦n atravesar el conjunto de las administraciones p¨²blicas en un esfuerzo para mejorar los servicios que el ciudadano paga con sus impuestos, explicitando cuando sea posible la cantidad que con su contribuci¨®n ha cubierto de su tratamiento m¨¦dico, de su educaci¨®n en el colegio o universidad p¨²blica, del coste de su visita al museo o de su viaje en el metro de la ciudad. Lo cual exige una perspectiva de gesti¨®n de problemas, m¨¢s que de simple procesamiento de los mismos, as¨ª como un mayor ¨¢mbito de autonom¨ªa de los responsables del gasto p¨²blico.

S¨®lo de esta manera ser¨¢ posible conseguir esa colaboraci¨®n social o, al menos, esa menor resistencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales que permiten hacer realidad no la ut¨®pica Hacienda somos todos, sino la frase mucho m¨¢s realista, pero hasta ahora poco comprensible, invierta en Espa?a.