Arrimar el hombro

El Ministerio de Hacienda, las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos han iniciado un pulso en el que se dilucida la contribuci¨®n del sector p¨²blico al ajuste econ¨®mico. El temor de la Administraci¨®n central es que los organismos territoriales disparen todav¨ªa m¨¢s su cifra de endeudamiento en 1991, sobre todo en un a?o de elecciones. Tanto comunidades como ayuntamientos se muestran, sin embargo, reacios a un compromiso para apretarse el cintur¨®n y no parecen dispuestos a limitar su capacidad de gasto.

El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, lanz¨® hace unos d¨ªas un ultim¨¢tum a comunidades aut¨®nomas, y ayuntamientos. Durante su intervenci¨®n en el Senado para explicar el programa de ajuste econ¨®mico, Solchaga pidi¨® el apoyo de las otras administraciones a su pol¨ªtica de moderaci¨®n del gasto p¨²blico. En caso contrario, asegur¨®, el Gobierno utilizar¨ªa medidas legales para limitar el endeudamiento de ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas.Con anterioridad, el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, en reuniones con los representantes de las dos administraciones territoriales, hab¨ªa intentado el acuerdo. Sin embargo, no lleg¨® a sacar nada claro. Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco llevaron la voz cantante a la hora de dejar claro que la pol¨ªtica de endeudamiento es de su competencia exclusiva, aunque se mostraron comprensivos con el argumento de que vienen tiempos peores para todos.

Entre tanto, responsables de Hacienda y de Administraciones P¨²blicas han rebuscado en el complejo entramado legal que regula las relaciones financieras entre las distintas administraciones. La orientaci¨®n pol¨ªtica coincide con la expresada en el Informe Delors sobre la uni¨®n econ¨®mica y monetaria europea. .

La propuesta de este informe, a¨²n pendiente de aprobaci¨®n es que, "dado su impacto potencia? sobre la situaci¨®n econ¨®mica interna y externa de la CE ( ... ),los Estados miembros deber¨ªan adoptar decisiones vinculantes para definir el volumen y la financiaci¨®n de los d¨¦ficit presupuestarios".

Si el camino hacia la Europa unida puede pasar por este acuerdo, la Administraci¨®n central entiende que se debe hacer lo propio dentro de las fronteras espa?olas. Este argumento cobra fuerza si se tiene en cuenta que en 1990 el presupuesto que manejan las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos alcanza el 33% del gasto p¨²blico total, una cifra que ha ido en aumento cada a?o.

La b¨²squeda de f¨®rmulas legales para imponer a comunidades y ayuntamientos la misma moderaci¨®n que se propone el Estado no ha sido coronada con el ¨¦xito. Se requerir¨ªa cambiar la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), que somete a autorizaci¨®n del Gobierno las emisiones de deuda de las autonom¨ªas, aunque les deja libertad para endeudarse con los bancos y las cajas de ahorro. "Cambiar una ley como ¨¦sta en el momento pol¨ªtico actual no parece conveniente", se?alan fuentes de Hacienda. Modificar la LOFCA, columna vertebral de la actual organizaci¨®n del Estado, "sin que sea previsible el acuerdo de los grupos parlamentarios vasco y catal¨¢n ser¨ªa como meter una bomba de relojer¨ªa en el actual equilibrio de fuerzas pol¨ªtico".

Adem¨¢s, durante estos d¨ªas han comenzado las primeras conversaciones con las comunidades aut¨®nomas para el nuevo sistema de financiaci¨®n que debe entrar en vigor en 1992. El Gobierno ha considerado que no es un buen momento para iniciar una negociaci¨®n "tan complicada como ¨¦sta" con el precedente de una norma legal que imponga las restricciones presupuestarias.

Descartada, por el momento, la v¨ªa del acuerdo y la posibilidad de una modificaci¨®n legal, el peligro que aparece inminente es que mientras la Administraci¨®n central manifiesta su prop¨®sito de apretarse el cintur¨®n, las comunidades y los ayuntamientos se resisten a arrimar el hombro.

A?o de elecciones

Aunque en Hacienda se reconoce que el endeudamiento de las comunidades no es todav¨ªa grave en relaci¨®n al presupuesto que manejan, la preocupaci¨®n es su elevado crecimiento. Solamente en 1990, la previsi¨®n es que el endeudamiento de las autonom¨ªas crezca un 51,6% sobre el a?o anterior y se acerce al medio bill¨®n de pesetas, aunque al cierre del ejercicio la estimaci¨®n de Hacienda es que se puede situar en los 700.000 millones de pesetas. Ello sobre un presupuesto de 4,7 billones que ha crecido un 19,62%, frente a un presupuesto del Estado que este a?o crecer¨¢ un 10,5% (11,3 billones). Los ayuntamientos, por su parte, tienen un endeudamiento acumulado de 1,2 billones sobre un presupuesto de 2,6 billones de pesetas.Si el a?o que viene la financiaci¨®n del Estado a las comunidades y los ayuntamientos modera su crecimiento (5,1 %) como consecuencia de un menor ritmo de crecimiento en los ingresos y la moderaci¨®n en el gasto central, el peligro es que el endeudamiento aumente. Ello es m¨¢s preocupante en un momento en que las elecciones en comunidades y ayuntamientos est¨¢n en puertas y lo normal es que nadie asuma la impopularidad de un recorte en su capacidad de gasto.