Transferencias a medio camino
Encontrarse a medio camino de una reforma del Estado puede conducir a situaciones evocadoras de un gui¨®n de los hermanos Marx. La situaci¨®n del personal al servicio de la justicia en el Pa¨ªs Vasco se resume del siguiente modo. Los funcionarios dependen del ministerio de Madrid y el personal con contrato laboral de la consejer¨ªa de Vitoria.
El encargado de fijar los horarios laborales y de realizar la tarea inspectora es el Consejo General del Poder Judicial, pero las sanciones muy graves deben ser impuestas por el ministerio y las menos importantes por los propios jueces. El ministerio no puede solicitar la inspecci¨®n del consejo, mientras la consejer¨ªa s¨ª puede, aunque carece de capacidad sancionadora y de competencia sobre el personal funcionario y, por tanto, de informaci¨®n.
Este galimat¨ªas de apariencia ca¨®tica responde a una situaci¨®n igual de contradictoria en el terreno legal. Seg¨²n el art¨ªculo 13 del Estatuto: "En relaci¨®n con la Administraci¨®n de Justicia ( ... ), la Comunidad Aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco ejercer¨¢, en su territorio, las facultades que las leyes org¨¢nicas del poder judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno". El Estatuto vasco, en su art¨ªculo 35, contiene la siguiente previsi¨®n: "Corresponder¨¢ a la comunidad aut¨®noma, dentro de su territorio, la provisi¨®n del personal al servicio de la Administraci¨®n de Justicia ( ... ) en los mismos t¨¦rminos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley ¨®rganica del Poder Judicial".
La claridad de estos art¨ªculos no impidi¨® la entrada en vigor, el 1 de julio de 1985, de una Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) que atribuye al Estado la provisi¨®n del personal al servicio de la justicia e imposibilita su traspaso al Pa¨ªs Vasco.
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