La sentencia del 'caso Tous' afirma que los da?os y las muertes de la riada de 1982 pudieron evitarse

La sentencia del llamado caso Tous, hecha p¨²blica el pasado viernes, considera probado que la rotura de la presa y las ocho muertes y da?os que origin¨® en octubre de 1982 pudieron haberse evitado si se hubieran abierto correctamente las compuertas de su sistema de desag¨¹e. El tribunal imputa a los dos ingenieros condenados a un a?o de prisi¨®n el delito de imprudencia temeraria por la omisi¨®n de sus deberes profesionales y declara la responsabilidad civil del Estado. La sentencia desestima las reclamaciones de m¨¢s de 19.000 perjudicados que no ejercieron la acusaci¨®n particular.

El fallo del tribunal difiere de las alegaciones de las partes acusadas, que sostuvieron durante el juicio la tesis de que las fuertes lluvias ca¨ªdas el mes de octubre de 1982 determinaron la rotura de la presa. Los abogados defensores de los dos ingenieros condenados ya han anunciado p¨²blicamente que recurrir¨¢n la sentencia. En los fundamentos de derecho de la resoluci¨®n, la Sala precisa: "Est¨¢ probada la evitabilidad del desmoronamiento de la presa de Tous en el supuesto de que se hubieran aperturado correctamente las compuertas de los elementos mec¨¢nicos de su sistema de desag¨¹e".El hecho de no haber garantizado la existencia de las dos distintas fuentes de energ¨ªa el¨¦ctrica que, de forma alternativa, se precisaban en la presa, la escasa vigilancia y control y la inexistencia de una red de alerta para prevenir la avenida de las aguas, son las negligencias que sustentan la existencia de la imprudencia, seg¨²n el tribunal.

Tambi¨¦n se considera probado que el 20 de octubre de 1982, cuando la presa de Tous se desmoron¨®, las instalaciones carec¨ªan de fluido el¨¦ctrico y dispon¨ªa de un s¨®lo equipo electr¨®geno de emergencia para atender a los tres puntos donde deb¨ªa haber existido la doble fuente de energ¨ªa.

"Es injustificable e imprevisible hablar de un acontecer imprevisible, insospechado o inimaginable, ya que las devastadoras y s¨²bitas avenidas del r¨ªo J¨²car, hist¨®ricamente repetidas, siempre han sido consecuencia de las copiosas lluvias que con relativa frecuencia se producen en la cuenca de Levante", se?ala la sentencia.

El tribunal determina en su fallo, por otra parte, la existencia de "un indudable nexo de causalidad" entre el desmoronamiento de la presa y las ocho muertes y cuantiosos da?os que origin¨®. "Esas consecuencias eran las que se trataba de evitar con las normas de precauci¨®n y cautela que se omitieron", subraya la Sala.

Indemnizaciones

La sentencia determina la responsabilidad civil del Estado para el pago de las indemnizaciones a los perjudicados que ejercieron la acusaci¨®n privada, por la condici¨®n de funcionarios p¨²blicos de los ingenieros Rom¨¢n Guerrero y Juan Sacho-Tello, finalmente condenados.

Los cerca de 4.500 perjudicados, agrupados en distintas asociaciones de damnificados, recibir¨¢n por este. motivo, distintas cantidades de dinero que representan entre el 20% y el 80% de lo que ped¨ªan. Para ellos la sentencia establece, adem¨¢s, distintas indemnizaciones por los da?os morales sufridos, cifrados en 200.000 pesetas, por cada cabeza de familia, y 100.000 m¨¢s por cada familiar a su cargo.

Por otro lado, m¨¢s de 19.000 perjudicados y algunos ayuntamientos de la comarca valenciana de La Ribera deber¨¢n emprender acciones civiles para reclamar sus indemnizaciones que la sentencia no reconoce. "Es imposible conceder indemnizaciones a aquellos damnificados que no se hayan personado en el procedimiento", se?ala la sentencia que a?ade: "El Ministerio fiscal s¨®lo formul¨® acusaci¨®n contra dos ingenieros que ahora han sido absueltos. Por ello, aunque otros dos sean condenados, s¨®lo pueden serlo dentro de los l¨ªmites de las pretensiones penales y civiles contra ellos ejercitadas".

En el mismo caso se encuentra el Ayuntamiento de Alzira, una de las poblaciones m¨¢s afectadas por la riada de 1982, que reclamaba 295 millones de pesetas y no ejerci¨® la acusaci¨®n particular. La Sala no se pronuncia sobre la reclamaci¨®n de los vecinos de Carcaixent, que reclamaban 8.285 millones.