Indicios contra el narcotr¨¢fico

FINALMENTE, EL juez Garz¨®n ha concretado en un auto de procesamiento los indicios criminales que pesan sobre los detenidos en las distintas fases de la llamada Operaci¨®n Mago contra el narcotr¨¢fico. Iniciada hace cinco meses en Galicia, la operaci¨®n se ha saldado con la incautaci¨®n de 1.700 kilogramos de coca¨ªna y ha supuesto un duro golpe contra la terminal del cartel de Medell¨ªn en Espa?a. Comisionados espa?oles de este clan colombiano, se?alados capos internacionales del narcotr¨¢fico, traficantes gallegos pasados desde el comercio ilegal de tabaco al m¨¢s rentable de la droga y expertos en las t¨¦cnicas financieras de blanqueo de los beneficios de este criminal negocio son protagonistas de un relato judicial que tiene como eje los presuntos delitos de contrabando y de tr¨¢fico de drogas, pero que abarca tambi¨¦n un sinn¨²mero de otras actividades delictivas conexas.Desde sus mismos inicios, el pasado 12 de junio, la m¨¢s ambiciosa investigaci¨®n judicial puesta en marcha hasta ahora contra la infraestructura del narcotr¨¢fico en Espa?a ha estado sometida a diversos percances. La propia actuaci¨®n del juez encargado de la investigaci¨®n ha sido puesta en entredicho desde algunos sectores, particularmente en lo que se refiere a su decisi¨®n de mantener durante meses en prisi¨®n provisional a algunos de los detenidos sin especificar las imputaciones. Desde el punto de vista de los derechos de la persona y de las garant¨ªas del detenido, tal cuestionamiento est¨¢ justificado, y lo que es de lamentar es que los intentos habidos en los ¨²ltimos a?os para regular la prisi¨®n provisional con criterios m¨¢s racionales y acordes con su car¨¢cter de medida cautelar hayan sido frustrados por la demag¨®gica oposici¨®n de la derecha y de la prensa de la caverna.

Los indicios reunidos por el juez Garz¨®n contra los procesados se fundamentan esencialmente en las declaraciones de un arrepentido, el narcotraficante Ricardo Portabales, al que su colaboraci¨®n, como no pod¨ªa ser de otro modo, no ha librado del procesamiento. Tal hecho constituye un punto d¨¦bil de la investigaci¨®n judicial, que sin duda ser¨¢ aprovechado por los abogados de los implicados para intentar desbaratar la acusaci¨®n. Y ¨¦sta tiene que traducir este tipo de testimonios, a veces indirectos, en verdaderas pruebas de cargo en el juicio oral, lo que no ser¨¢ f¨¢cil. Sin embargo, la investigaci¨®n judicial no parece haberse reducido a estos testimonios, sino que ha sido capaz, bien a partir de ellos o de otras fuentes, de allegar en muchos casos otro tipo de indicios de car¨¢cter testifical y documental destinados a otorgar mayor verosimilitud a la presunta actividad delictiva que se juzga.

En todo caso, la Operaci¨®n Mago parece haber fortalecido la figura socialmente controvertida y legalmente dudosa del arrepentido. No es extra?o por ello que la ocasi¨®n haya sido cogida al vuelo por quienes propugnan su pleno reconocimiento legal. Pero al mismo tiempo se han puesto de manifiesto los l¨ªmites y riesgos que tanto en el ¨¢mbito social como en el estrictamente procesal comporta una pr¨¢ctica -intento de enjugar la culpa propia desplaz¨¢ndola sobre otros- que se confunde con la delaci¨®n.

Tras el auto de procesamiento dictado por el juez Garz¨®n se abre una fase procesal que debe concluir en el juicio oral. El secretismo de las diligencias sumariales ha dado paso a la publicidad de las estrategias de los diversos protagonistas. Pero el cambio de escenario procesal no afecta para nada al derecho constitucional a la presunci¨®n de inocencia, del que siguen gozando en toda su plenitud los procesados entretanto no exista un veredicto. Amparo legal que en ning¨²n caso debe condicionar la repulsa social que merece la conducta de cuantos trafican con la muerte y la desgracia de sus semejantes.