Contra la impunidad

EL PULSO mantenido durante nueve a?os entre la justicia y la impunidad en torno al llamado caso Linaza ha concluido con la condena de los guardias civiles acusados de haber torturado y maltratado a un hombre de 57 a?os, padre de un activista de ETA, detenido en 1981 tras un sangriento atentado de la banda terrorista. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao condena tambi¨¦n a los mandos que dieron amparo a tales pr¨¢cticas y obstaculizaron los esfuerzos de la justicia por aclarar los hechos. Al no cejar en el empe?o de que sus reglas sean respetadas por todos, es el Estado de derecho quien sale fortalecido, y s¨®lo quienes lo combaten podr¨¢n sentirse derrotados.Citado en varias ocasiones por Amnist¨ªa Internacional como s¨ªmbolo de la pervivencia de la tortura en Espa?a, el caso Linaza se convirti¨® en una prueba decisiva de la fortaleza de la democracia. La negativa de los mandos a especificar los nombres de los agentes que hab¨ªan participado en la detenci¨®n e interrogatorios de Linaza fue seguida por otros desplantes de clara intenci¨®n dilatoria. Ello retras¨® inusitadamente las diligencias, por una parte, y provoc¨®, por otra, el recurso de la justicia a m¨¦todos poco habituales, como la petici¨®n de comparecencia en rueda de reconocimiento de todos los guardias que compon¨ªan la plantilla del cuartel en que se produjeron los hechos.

Dicha iniciativa estuvo a punto de suscitar un grav¨ªsimo conflicto entre poderes del Estado al amparar el Gobierno la negativa de los mandos de la Guardia Civil a dar cumplimiento a una diligencia ordenada por la juez que dirig¨ªa las investigaciones. El obstruccionismo fue justificado, tanto desde el Ejecutivo como desde sectores conservadores de la opini¨®n, en nombre de la eficacia de la lucha antiterrorista, insinuando una peligrosa identificaci¨®n entre tal eficacia e impunidad de los servidores de la ley.

El tribunal ha dado muestras de una admirable constancia en la investigaci¨®n y de una valiente beligerancia en el rechazo de cualquier coartada de justificaci¨®n de la tortura. Las penas impuestas a los autores directos del delito y a quienes los ampararon implican su posible expulsi¨®n de la Guardia Civil en caso de confirmaci¨®n de la sentencia. Entre ellos destaca el teniente coronel Rafael Masa, un controvertido funcionario policial al que posteriormente se le relacion¨® con el asesinato de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna, en noviembre de 1984.

Con su actitud intransigente ante la tortura, el tribunal muestra un criterio que los responsables de los cuerpos de seguridad y el Gobierno deber¨ªan ser los primeros en practicar: nadie que sea reo de un delito de esta naturaleza o muestre tolerancia ante ¨¦l puede permanecer al servicio del Estado y mucho menos merecer su protecci¨®n. Por una cuesti¨®n de principios, y ello deber¨ªa bastar. Pero tambi¨¦n por un criterio de eficacia. Esc¨¢ndalos como el del caso Linaza han sido utilizados durante a?os por las autoridades francesas para justificar su relativa pasividad ante el santuario de los terroristas. Y la experiencia ha demostrado hasta qu¨¦ punto era decisiva esa colaboraci¨®n internacional en la erradicaci¨®n del terrorismo.