Las autonom¨ªas temen verse desbordadas al tener que emitir los certificados para recurrir el catastro

La posibilidad de que m¨¢s de dos millones de propietarios de viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) recurran el valor catastral fijado por el Ministerio de Hacienda puede desbordar la capacidad de las autonom¨ªas, encargadas de facilitar la documentaci¨®n necesaria para el recurso. La Comunidad de Madrid, una de las primeras en notar la avalancha de peticionarios, ha responsabilizado a la "falta de coloboraci¨®n" del Centro de Gesti¨®n Catastral de la situaci¨®n creada. Los titulares deben acreditar el r¨¦gimen de protecci¨®n de sus viviendas para que se aplique un coeficiente corrector a su catastro.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha habilitado el s¨®tano de una iglesia cercana a su sede para recibir "en condiciones", seg¨²n sus responsables, a los m¨¢s de 300.000 propietarios de VPO que en los pr¨®ximos d¨ªas podr¨ªan reclamar la documentaci¨®n necesaria para que sus viviendas no pierdan las ventajas fiscales. Hasta ayer, cerca de 11.000 titulares hab¨ªan solicitado la certificaci¨®n necesaria para recurrir ante Hacienda.El Centro de Gesti¨®n Catastral ha notificado a todos los propietarios de VPO una valoraci¨®n basada en el valor de mercado sin considerar a priori que estas viviendas tienen un precio m¨¢ximo de venta establecido anualmente por la administraci¨®n. No obstante, la orden ministerial dejaba abierta la posibilidad de corregir a la baja el catastro fijado previa acreditaci¨®n, por parte del afectado, de que sus viviendas siguen disfrutando del r¨¦gimen de protecci¨®n.

Este procedimiento, que obliga a los propietarios a realizar varias gestiones ante las distintas administraciones, repercute tambi¨¦n en las autonom¨ªas que deben facilitar la documentaci¨®n. Todas ellas se han visto sorprendidas cuando los primeros afectados han empezado a reclamar los certificados.

Miguel Angel Pascual, gerente del Ivima, afirm¨® ayer que una mayor colaboraci¨®n con las Autonom¨ªas hubiera posibilitado "una mejor aplicaci¨®n de la norma" e, incluso, un sistema "m¨¢s sencillo" para determinar el valor catastral de las VPO.

Los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat en Valencia est¨¢n estos d¨ªas desbordados por el trabajo adicional que supone expedir las certificaciones.

El director del Centro de Gesti¨®n Catastral de Valencia, Manuel Tarazona, indic¨® ayer que hasta el pasado d¨ªa 23 se presentaron alrededor de 3.000 recursos, 500 de ellos pertenecientes a viviendas de protecci¨®n oficial. Tarazona advierte que lo que hacen los ciudadanos no es un recurso sino una solicitud de aplicaci¨®n "de un derecho como contribuyentes".

Avalancha de peticiones

El Departamento de Obras P¨²blicas y Urbanismo de la Generalitat de Catalu?a est¨¢ teniendo una avalancha de peticiones de certificaci¨®n o simples demandas de informaci¨®n en sus servicios

territoriales por parte de usuarios y propietarios de viviendas.

El pasado mes de julio algunas Comunidades Aut¨®nomas y la misma direcci¨®n general de la vivienda del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (MOPU), advirtieron al Catastro que las VPO no pod¨ªan estar en el regimen de valoraci¨®n general utilizado. "La respuesta de Catastro fue entonces esperar a que los propietarios de VPO optaran por la v¨ªa del recurso una vez notificadas las valoraciones efectuadas en base al precio de mercado", se?alan fuentes del gobierno auton¨®mico catal¨¢n. En aquel momento, el Catastro aleg¨® falta de medios y personal.