Suplicatorios

EL CONGRESO de los Diputados se ha pronunciado muy acertadamente a favor de la concesi¨®n del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para proceder penalmente contra ?ngel Sanchis, diputado del Grupo Popular, uno de los implicados en el llamado caso Naseiro. Actuaciones relacionadas con un presunto delito de cohecho (financiaci¨®n irregular de un partido pol¨ªtico y obtenci¨®n de beneficios particulares mediante el cobro de comisiones a cambio de la concesi¨®n de contratas p¨²blicas) no tienen encaje alguno en una interpretaci¨®n racional de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad que protegen la funci¨®n parlamentar¨ªa.Entretanto, tiene pendiente de resoluci¨®n el suplicatorio relativo a Jon Id¨ªgoras, diputado de Herri Batasuna, por su presunta implicaci¨®n en un delito de injurias al Rey, relacionado con los lejanos sucesos ocurridos en 1981 en la Casa de Juntas de Gernika. Uno y otro casos tienen poco en com¨²n; por tanto, la soluci¨®n que se ha adoptado en un caso no tiene por qu¨¦ prefigurar la que se adopte en el otro. Es dif¨ªcil no ver en la actuaci¨®n de los 87 diputados que han votado en contra del suplicatorio contra Sanchis (pertenecientes al Grupo Popular, que dio libertad de voto a sus miembros, y a los grupos Mixto y de CiU) una interpretaci¨®n abusiva de las prerrogativas parlamentarias. Pero la postura de los diputados populares es, adem¨¢s, pol¨ªticamente incoherente. A la hora de la verdad han preferido la opacidad a Ia transparencia en un asunto de corrupci¨®n que, como el caso Juan Guerra, ha revertido en descr¨¦dito de la actividad pol¨ªtica y en intentos de deslegitimaci¨®n democr¨¢tica.

El diputado afectado, antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular, ha maniobrado en firme para evitar el suplicatorio intentando convencer al Congreso de las supuestas irregularidades del proceso penal a que est¨¢ sometido. Y de acuerdo con la tesis mantenida por su partido, ha pretendido vincular tales irregularidades con la presunta actuaci¨®n pol¨ªtica, e incluso delictiva, de la polic¨ªa y del juez Manglano en el curso de las investigaciones. Aunque tales irregularidades fueran ciertas, la inmunidad del parlamentario no est¨¢ destinada a protegerle de ellas. ?stas deben dilucidarse en el propio proceso penal.

Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado se han erigido frecuentemente en celosos guardianes de las prerrogativas de inmunidad y de inviolabilidad, interpret¨¢ndolas en un sentido fuertemente corporativista. Mediante la inviolabilidad se exime a los parlamentarios de responsabilidad "por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones", y mediante la inmunidad se impide su detenci¨®n (salvo en caso de flagrante delito) y se condiciona su inculpaci¨®n y procesamiento a la previa concesi¨®n por el Congreso o el Senado de la autorizaci¨®n (suplicatorio) solicitada por el Tribunal Supremo.

El suplicatorio sobre el diputado Jon Id¨ªgoras es m¨¢s complejo. El presunto delito -injurias al Jefe del Estado- tiene que ver con la opini¨®n. La inviolabilidad se orienta, precisamente, a garantizar la libertad de opini¨®n en el ejercicio de la funci¨®n parlamentaria. De ah¨ª que tenga sentido oponerse, en este caso, a la concesi¨®n del suplicatorio. Otra cuesti¨®n es si cabe aplicar el principio de retroactividad, puesto que en el momento en que se produjeron los hechos, Id¨ªgoras no era miembro del Parlamento.

El Tribunal Supremo ya dictamin¨® en su d¨ªa contra el car¨¢cter parlamentario de la tumultuosa sesi¨®n de la Casa de Juntas de Gernika. Pero el Tribunal Constitucional reabri¨® la cuesti¨®n al permitir que los implicados aportasen nuevas pruebas tendentes a demostrar, precisamente la naturaleza parlamentaria del acto. Ahora, la condici¨®n de miembro del Congreso de los Diputados de uno de los protagonistas de aquellos lamentables sucesos hace a¨²n m¨¢s problem¨¢tica la reapertura del proceso. Es rechazable que la inviolabilidad y la inmunidad sean interpretadas como privilegios personales de los diputados y senadores, pero no lo es menos el que no garantizase como es debido su protecci¨®n en las funciones que les son propias como representantes del pueblo.