Rechazo jur¨ªdico al intento de excluir a terroristas y narcotraficantes de los beneficios penitenciarios

La proposici¨®n de ley por la que el Grupo Parlamentario Popular pretende impedir que los condenados por delitos de terrorismo o tr¨¢fico de drogas obtengan la libertad condicional y la redenci¨®n de penas por el trabajo es estimada inconstitucional por reconocidos juristas, quienes la creen contraria a los principios de igualdad y de reinserci¨®n. Los jueces Manuela Carmena, Perfecto Andr¨¦s y Joaqu¨ªn Navarro coinciden en que la propuesta es "un disparate" o "una barbaridad"; la fiscal Mar¨ªa Angeles Garc¨ªa recuerda que la ley tiene como l¨ªmite la Constituci¨®n, y el catedr¨¢tico Manuel Cobo del Rosal se muestra contrario a los reg¨ªmenes excepcionales.

La propuesta conservadora excluye a los terroristas condenados por delitos de sangre y a los penados por graves delitos de narcotr¨¢fico de los vigentes beneficios de la libertad condicional -aplicables a quienes hayan extinguido las tres cuartas partes de su condena, observen intachable conducta y ofrezcan garant¨ªas de hacer vida honrada en libertad- y de la redenci¨®n de penas por el trabajo.La explicaci¨®n ofrecida por el PP para su propuesta es "la especial gravedad que revisten los hechos delictivos realizados por bandas terroristas y determinados supuestos de narcotr¨¢fico". El PP invoca "la inseguridad jur¨ªdica que generan" tales delitos, as¨ª como "la particular idiosincrasia del delincuente que procede con tal ¨¢nimo delictivo", para avalar un "cumplimiento de la pena que no se beneficie de las f¨®rmulas de libertad condicional y redenci¨®n de penas por el trabajo previstas con car¨¢cter general".

"Un disparate"

Manuela Carmena, juez de vigilancia penitenciaria, considera la iniciativa "un disparate desde todos los puntos de vista", adem¨¢s de "absolutamente anticonstitucional". Razona que "lo que se llaman beneficios", enfatiza, "no son regalos que se hacen a los presos, sino el r¨¦gimen que les corresponde, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 25.2 [las penas privativas de libertad se orientar¨¢n a la reeducaci¨®n y Ireinserci¨®n social] y del 14 [igualdad de los espa?oles ante la ley] de la Constituci¨®n, que ser¨ªan vulnerados".El magistrado Perfecto Andr¨¦s coincide con Carmena en que, en un marco de reinserci¨®n por imperativo constitucional, es "un disparate" excluir a unos determinados reclusos. Este magistrado, que discute "la racionalidad y la eficacia de los beneficios penitenciarios", se opone en todo caso a la discriminaci¨®n y estima que "el car¨¢cter odioso de ciertos delitos debe traducirse en la importancia de la pena, sin caer en condenas aberrantes, como 35 a?os de privaci¨®n de libertad" (como propone el borrador elaborado por Justicia). Para otro magistrado, Joaqu¨ªn Navarro Estevan, la propuesta es "una barbaridad, porque va contra el fin constitucional de la pena y contra el sentido general del ordenamiento penitenciario".

Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, presidenta de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, opina, a nivel personal, que "el l¨ªmite de toda ley, incluso ley org¨¢nica, es la Constituci¨®n, y el art¨ªculo 25 de la misma, ubicado dentro de la secci¨®n relativa a derechos fundamentales, establece que las penas est¨¢n orientadas a la reinserci¨®n y reeducaci¨®n social, aunque tampoco da derecho, sin m¨¢s, a reducciones dr¨¢sticas y autom¨¢ticas de la pena

Sosiego para legislar

Garc¨ªa reprocha que se haya suscitado esta iniciativa inmediatamente despu¨¦s de un grav¨ªsimo y condenable atentado terrorista, porque entiende que "para legislar", dice, "hay que estar sosegado". Esta opini¨®n es compartida por el abogado y catedr¨¢tico de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal, para quien "la vehemencia emotiva" no es buena compa?era de la actividad legislativa.Cobo del Rosal, que estima absolutamente contraproducente la pol¨ªtica de parcheo del C¨®digo Penal", sobre el tema de fondo de la iniciativa del PP, muestra su "disconformidad con todo r¨¦gimen excepcional, que haga distingos entre unos y otros delitos o entre unos y otros delincuentes". "El principio constitucional de igualdad exige", seg¨²n Cobo del Rosal, "que si se dan los requisitos legales para determinados beneficios penitenciarios, se apliquen a todos los reclusos".