Frente a la ley, el pasaporte en regla

Los criterios restrictivos con que se aplica en los hospitales p¨²blicos la ley que despenaliza las interrupciones voluntarias del embarazo en tres casos -peligro para la vida de la madre, malformaciones fetales y gestaciones fruto de una violaci¨®n- mantiene vigentes, a¨²n hoy los viajes al extranjero para resolver los problemas que se plantean alrededor de un aborto.En 1985, a?o de entrada en vigor de la ley. 17.688 espa?olas abortaron en la capital brit¨¢nica. Un a?o mas tarde fueron 11.935 mujeres con pasaporte espa?ol las que pasaron por las cl¨ªnicas londinenses para interrumpir sus embarazos seg¨²n la Office of Population, Censures and Surveys (0ficina de Censes y Encuestas de Poblaci¨®n).

A partir de esta fecha, los tr¨¢nsitos al extranjero con esa finalidad descendieron bruscamente. En este hecho influyeron dos factores: el cierre de las cl¨ªnicas de Londres y Amsterdam abiertas para atender a las espa?olas y la autorizaci¨®n en Espa?a de los primeros centros privados dispuestos a atender las demandas de aborto. Aun as¨ª, m¨¢s de 5.000 mujeres vivieron ese a?o la zozobra de salir un fin de semana para Londres con la esperanza de que la ausencia de complicaciones en la intervenci¨®n les permitir¨ªa tomar el lunes el avi¨®n de regreso.

Previamente, Timothy Rutter, director de varias de esas cl¨ªnicas en Londres y Amsterdam, envi¨® una carta a los toc¨®logos espa?oles anunci¨¢ndoles el cierre de sus centros. Rutter argumentaba en su misiva que la vigencia en Espa?a de una ley muy similar a la inglesa convert¨ªa en innecesarias sus cl¨ªnicas y les ofrec¨ªa su asesoramiento si quer¨ªan abrir centros similares.

A pesar de ello, en febrero de 1988 Rutter reconoc¨ªa que segu¨ªan llegando mujeres procedentes de distintos puntos de Espa?a. En esa mismas fechas la fundaci¨®n Population Services (asociaci¨®n internacinal sin ¨¢nimo de lucro) se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y Consumo ofreci¨¦ndose para abrir un centro en Espa?a o recibir en Londres a espa?olas a un coste por intervenci¨®n -22.000 pesetas- m¨¢s econ¨®mico que el vigente en las cl¨ªnicas espa?olas.

El desconocimiento de las cl¨ªnicas privadas autorizadas en cada comunidad aut¨®noma y las dificultades que siguen planteando los tocoginec¨®logos de los hospitales p¨²blicos propicia que a¨²n hoy muchas mujeres se vean en la situaci¨®n de Rosa Mar¨ªa Mart¨ªn Garc¨ªa, seg¨²n la Federaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar de Espa?a.